Sí, la tesis es jurídicamente defendible en parte, pero solo si se formula con mucha precisión. La clave es no convertir una situación excepcional de emergencia en una supuesta potestad ordinaria de España para cerrar o suspender el paso por el Estrecho.
Dicho de forma resumida:
España puede tener soberanía o competencias sobre determinadas aguas atravesadas durante el tránsito por el Estrecho, pero esa soberanía está limitada por el régimen internacional especial del paso en tránsito. Ahora bien, ante una emergencia extrema, grave, inminente y masiva para la vida humana, España podría intentar justificar medidas restrictivas puntuales, temporales y proporcionadas, no como “suspensión del paso en tránsito”, sino como actuación excepcional de salvamento, seguridad marítima y protección de la vida.
1. El punto de partida: el Estrecho de Gibraltar no se rige como un mar territorial ordinario
El Estrecho de Gibraltar es un estrecho utilizado para la navegación internacional, que conecta el Atlántico con el Mediterráneo. Por tanto, el régimen relevante no es el simple paso inocente por mar territorial, sino el paso en tránsito, previsto en la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
Ese régimen es mucho más fuerte que el paso inocente. El paso en tránsito exige que el tránsito sea:
- continuo;
- rápido;
- sin obstáculos indebidos;
- no discriminatorio;
- y, sobre todo, no suspendible por los Estados ribereños.
Por tanto, España no puede decir simplemente: “como el buque pasa por aguas españolas, lo paro”. Esa conclusión sería demasiado amplia y chocaría frontalmente con el régimen jurídico del Estrecho.
Como se ha discutido en el foro por @rankito y @8-s, el elemento territorial es relevante, pero no decisivo por sí solo: hay que distinguir entre soberanía sobre aguas territoriales y limitaciones internacionales derivadas del régimen de paso en tránsito.
2. ¿Un tránsito completo implica necesariamente cruzar aguas españolas?
Aquí conviene matizar.
Es cierto que el Estrecho es tan angosto que el tránsito internacional se desarrolla a través de aguas sometidas a la soberanía o jurisdicción de Estados ribereños. No hay, en términos prácticos, un corredor amplio de alta mar que permita ignorar a España, Marruecos o el problema específico de Gibraltar.
Ahora bien, afirmar que todo tránsito completo “necesariamente” cruza aguas de soberanía española puede ser discutible según la ruta concreta, las líneas de separación del tráfico, la delimitación marítima aplicable y la controversia sobre las aguas de Gibraltar.
La tesis más prudente sería esta:
Un tránsito completo por el Estrecho puede atravesar, y en la práctica atraviesa con frecuencia, zonas sometidas a soberanía, jurisdicción o competencias funcionales españolas; pero ese dato no convierte a España en dueña de una facultad general de cierre.
Es decir, el paso por aguas españolas activa competencias españolas, pero no elimina el derecho internacional de tránsito.
3. Qué competencias conserva España pese al paso en tránsito
Aunque el paso en tránsito limita la soberanía del Estado ribereño, no la borra. España conserva competencias en materias como:
- seguridad de la navegación;
- ordenación del tráfico marítimo;
- salvamento marítimo;
- protección de la vida humana en el mar;
- prevención de colisiones;
- protección ambiental;
- control policial en supuestos concretos;
- coordinación de emergencias;
- cumplimiento de normas internacionales de navegación.
Por eso, España no es un mero espectador. Puede adoptar medidas de gestión, advertencia, coordinación y seguridad. Lo que no puede hacer ordinariamente es transformar esas competencias en una suspensión general del paso.
4. La parte fuerte de la tesis: la emergencia excepcional
El núcleo defendible de tu planteamiento está en la hipótesis extrema: peligro grave, inminente y masivo para la vida de muchas personas.
En ese escenario, España podría sostener que no está ejerciendo una potestad ordinaria de cierre del Estrecho, sino actuando bajo una situación excepcional en la que concurren:
- 1. un riesgo real e inmediato;
- 2. amenaza para un interés esencial, como la vida humana;
- 3. imposibilidad de proteger ese interés mediante medios menos restrictivos;
- 4. temporalidad estricta;
- 5. proporcionalidad;
- 6. no discriminación;
- 7. coordinación internacional;
- 8. levantamiento inmediato de la medida una vez desaparecido el peligro.
La diferencia es muy importante. No sería jurídicamente lo mismo:
- “cierro el Estrecho porque pasa por aguas españolas”; que
- “durante dos horas impido la entrada en una zona concreta porque hay una operación de rescate masivo, riesgo de colisión, vertido explosivo, buque incendiado, amenaza inmediata contra miles de vidas o situación equivalente”.
La primera formulación es débil. La segunda es mucho más defendible.
5. Estado de necesidad: argumento posible, pero muy exigente
El estado de necesidad en Derecho internacional puede operar como circunstancia que excluya la ilicitud de una conducta estatal, pero sus requisitos son estrictos.
España tendría que acreditar que:
- existía un peligro grave e inminente;
- el interés protegido era esencial, especialmente la vida humana;
- la medida era el único medio razonable disponible;
- no existían alternativas menos restrictivas;
- la restricción no dañaba gravemente intereses esenciales de otros Estados;
- España no había contribuido sustancialmente a crear el peligro;
- la medida no equivalía a una suspensión encubierta del régimen del paso en tránsito.
Este último punto es el más delicado. El paso en tránsito está diseñado precisamente para impedir bloqueos de estrechos internacionales. Por eso, cuanto más general, política o prolongada sea la medida, más difícil será justificarla.
En cambio, cuanto más se parezca a una medida operativa de emergencia —zona temporal de exclusión, desvío de ruta, reducción de velocidad, cierre puntual de un carril, prioridad a salvamento— más viable será jurídicamente.
6. Obligación positiva de proteger la vida
También es sólido invocar la obligación positiva de proteger la vida.
Si las autoridades españolas conocen un riesgo real, inmediato y masivo para la vida humana en una zona bajo su control territorial, jurisdiccional u operativo, no pueden permanecer pasivas. Esa obligación deriva tanto del Derecho interno como de instrumentos internacionales de derechos humanos.
Ahora bien, esa obligación no autoriza cualquier actuación. No convierte automáticamente la protección de la vida en carta blanca para cerrar el Estrecho. Lo que hace es reforzar la exigencia de que España adopte medidas eficaces, razonables y proporcionadas.
Por ejemplo, podrían ser más defendibles medidas como:
- ordenar temporalmente el tráfico;
- establecer corredores de seguridad;
- limitar la velocidad;
- separar rutas;
- crear una zona temporal de exclusión alrededor de una emergencia;
- dar prioridad a embarcaciones de rescate;
- impedir durante un periodo breve el acceso a una zona concreta;
- coordinar con Marruecos, Reino Unido/Gibraltar, la OMI y servicios de salvamento;
- emitir avisos urgentes a navegantes.
La obligación positiva de proteger la vida puede justificar una restricción, pero normalmente exigirá que sea la mínima restricción eficaz.
7. Principios generales del Derecho internacional
La tesis también puede apoyarse en principios generales como:
- necesidad;
- proporcionalidad;
- buena fe;
- cooperación internacional;
- debida diligencia;
- protección de la vida humana en el mar;
- prevención de daños graves e irreparables;
- coordinación en emergencias marítimas.
Estos principios no derogan el régimen del paso en tránsito, pero sí pueden servir para interpretarlo razonablemente en una situación extrema.
El Derecho internacional no exige a un Estado ribereño mirar impasible una catástrofe humana inminente solo porque exista libertad de tránsito. Pero sí exige que la respuesta sea estrictamente excepcional y compatible, en la máxima medida posible, con el derecho de paso.
8. Límites: lo que España no podría hacer legítimamente
La tesis se debilitaría mucho si España pretendiera:
- cerrar todo el Estrecho;
- suspender el paso de forma indefinida;
- actuar por razones políticas o estratégicas encubiertas;
- discriminar por pabellón, nacionalidad o destino;
- impedir el tránsito cuando bastaba con regularlo;
- invocar una emergencia genérica o no probada;
- actuar sin coordinación internacional;
- mantener la restricción después de desaparecer el peligro;
- convertir una medida de salvamento en un bloqueo.
La prueba sería esencial. España tendría que poder demostrar, casi minuto a minuto, que la restricción concreta era necesaria, proporcionada y temporal.
9. La mejor formulación jurídica de la tesis
La formulación más sólida no sería:
“España puede suspender el paso por el Estrecho porque los buques cruzan aguas españolas.”
Esa tesis sería demasiado amplia.
La versión jurídicamente más defendible sería:
“Aunque el régimen ordinario del Estrecho de Gibraltar es el de paso en tránsito y no admite suspensión, España conserva competencias soberanas y funcionales en las aguas bajo su soberanía o jurisdicción. Ante una situación excepcional de peligro grave, inmediato y masivo para la vida humana, España podría adoptar medidas restrictivas estrictamente temporales, necesarias, proporcionadas y no discriminatorias, no como suspensión ordinaria del paso en tránsito, sino como actuación excepcional de emergencia basada en el estado de necesidad, la obligación positiva de proteger la vida y los principios generales del Derecho internacional.”
Esa formulación evita el principal problema: no presenta la medida como un “derecho de cierre”, sino como una respuesta excepcional a una emergencia concreta.
Conclusión
La tesis es plausible, pero solo en términos muy excepcionales.
El hecho de que el tránsito por el Estrecho pueda atravesar aguas de soberanía española es jurídicamente relevante, porque España conserva competencias territoriales y funcionales. Pero no le da una potestad general para suspender el paso en tránsito.
La defensa más fuerte sería sostener que, ante un peligro grave, inminente y masivo para la vida humana, España podría —y en ciertos casos debería— adoptar medidas restrictivas puntuales, temporales y proporcionadas, siempre como último recurso y con finalidad estrictamente humanitaria o de seguridad marítima.
En resumen: no cierre soberano del Estrecho, sí posible restricción excepcional de emergencia si es imprescindible para salvar vidas.
Fuentes
