Vladimir Kokorev durante la vista de su extradición a España en Panamá, semanas antes de ser trasladado a una cárcel de Canarias.
Un matrimonio vecino del número 82 de la calle Pintor Rosales de Madrid, saqueó 120 millones de las arcas del Tesoro de Guinea Ecuatorial mediante la venta a la antigua colonia española de armas, buques y helicópteros,
con abultados sobrecostes y la ayuda de familiares y generales del dictador Teodoro Obiang. Vladimir Kokorev, su esposa Julia y sus hijos Igor y Vladimir movieron 679 millones por los hilos de una gigantesca telaraña de sociedades en paraísos fiscales en las que ocultaron durante 15 años su actividad delictiva, según concluye un informe de 500 páginas de la Fiscalía Anticorrupción.
La investigación judicial ha acreditado que
Fausto Abeso Fuma, yerno del presidente de Guinea Ecuatorial y exdirector general del Gabinete Militar, cobró 2,7 millones de los Kokorev; Melchor Esono Edjo, sobrino y exsecretario de Estado para la Tesorería, recibió 201.000; Agustín Ndjon Ona Mbuy, primo del dictador y general de las Fuerzas Armadas, se embolsó 103.000; Hassan Khalil Hashem, asesor presidencial en materia de defensa, 1,2 millones; y Luciano Esono Bitegue Ate, exdirector del Gabinete Militar del presidente, 2,3 millones. Comisiones ilegales pagadas con los fondos públicos desfalcados. Anticorrupción pide ocho años de cárcel para
Vladimir y seis para Julia e Igor, presuntos testaferros del presidente Obiang, por múltiples delitos de blanqueo de capitales, además de multas de 550 millones.
Vladimir Kokorev, de 66 años, se presentaba como historiador, aunque personas de su entorno afirman que colaboró con la KGB, la agencia de inteligencia de la Unión Soviética; su esposa Julia Maleeva, de 66, lo hacía como periodista. Igor debutó como abogado en un prestigioso despacho madrileño. Nadie en su inmueble, en una de las zonas más exclusivas de la capital, en el que invirtieron casi tres millones, imaginó que esta familia vendía material militar de defensa y doble uso, armas de guerra, cohetes teledirigidos, vehículos blindados, caza bombarderos, helicópteros de combate y fragatas a Guinea Ecuatorial. En el buzón no figuraban sus nombres, solo el de Blue Profile, la sociedad pantalla utilizada para comprar la vivienda. Un coche de la Policía Nacional vigilaba día y noche el edificio, en el que se ubica también la residencia del embajador de Siria.
El presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang Nguema, el pasado lunes en la cumbre de la Unión Africana en Addis Abeba.MICHAEL TEWELDE / AFP
El registro en la casa de Pintor Rosales se convirtió en una mina para los investigadores. En los ordenadores de Vladimir se encontraron decenas de contratos de compra y venta de armas y material militar. Y los documentos sobre el verdadero valor del material, muchas veces usado, que vendían a Guinea Ecuatorial. Dos aviones caza bombarderos por los que pagaron 1,8 millones fueron vendidos por 25,5 millones, un sobrecoste de 23 millones “con el que se sufragó las ganancias acordadas con el asesor militar de Obiang Hassan Hashem y Luciano Esono”, según señala el escrito de la Fiscalía Anticorrupción.
Las pruebas halladas en este y otros registros sirvieron al fiscal Luis del Río Montes de Oca y a Ana Isabel de Vega, la jueza de Las Palmas que instruyó el caso, para apuntalar su investigación iniciada una década antes. La Policía judicial logró reconstruir las 59 transferencias efectuadas entre 2005 y 2012 con cargo a los fondos del Tesoro Público de Guinea Ecuatorial a la oscura de red de sociedades instrumentales en Panamá e Islas Seychelles creadas por los Kokorev. El dinero, que recaló en el Nordea Bank de Dinamarca y en más tarde en el Credit Suisse de Suiza, ascendió, a 679 millones. De varios correos se desprende que Vladimir contactó con
Teodoro Obiang, presidente de Guinea Ecuatorial, para atender sus peticiones de armamento ante un posible golpe de Estado.
La fiscalía afirma que para blanquear las ganancias de 120 millones, Vladimir Kokorev se valió de testaferros lituanos y rusos a los que colocó al frente de una telaraña societaria tejida por el mismo desde la sombra. En especial, de Vladimir Evdokimov, de 56 años, condenado por tráfico ilegal de misiles crucero a China e Irán. Y atribuye un papel trascendental a
Juan Arencibia, abogado y exsocio de la consultora Ernst & Young en Las Palmas, y a sus hermanas Margarita y María Luisa, una de ellas a sueldo de una de las sociedades instrumentales del matrimonio. “Para el éxito del designio criminal (Arencibia) aportó sus cuentas en Suiza y sus sociedades de las Antillas Holandesas”, señala el escrito de acusación que firma el fiscal Javier Ródenas, sustituto de Del Río.
La vivienda de la calle Pintor Rosales y los otros ocho pisos y 107 villas (Sands Beach Resort) que los Kokorev abandonaron precipitadamente en Madrid, Las Palmas y Tenerife eran solo cabos sueltos de un largo rosario de propiedades por todo el mundo, valorados en 91 millones. Las pesquisas de la Policía Judicial han conducido hasta la joya de la corona de este matrimonio ruso: dos edificios de apartamentos en Nueva York. Por el primero, situado en el 901 de Broadway Street, pagaron 17,6 millones; por el segundo, en el 290 de Mulberry Street, desembolsaron 22.3. En la Gran Manzana, la familia compró también un apartamento en la Torre Trump Palace, en la calle 69, que costó dos millones, y otro en la calle 85, por 5,8 millones. Este último lo adquirió Sandra Herrera Sánchez, esposa de Vladimir, el hijo fugado.
El apetito inmobiliario de los Kokorev les condujo, además, en busca de más edificios hasta Londres donde se hicieron con uno en el 113 de Jermyn Street por 4,5 millones y otro en el 285 de Oxford Street, ambos en pleno corazón londinense, por el que desembolsaron 12,3 millones
En Panamá, el país en el que fueron detenidos, disfrutaban de un apartamento en la Mystic Point Towers por el que pagaron 318.000 euros; un piso en la Torre Trump Ocean Club Panamá valorado en 632.000 y una oficina en la Global Bank Tower de 199.000. En la República Dominicana adquirieron una villa en la urbanización Casa de Campo, cerca de Santo Domingo, cuyo precio ascendió a 2,7 millones.
La jueza de Las Palmas Ana Isabel Vega dictó en mayo un auto de apertura de juicio oral que obligará al matrimonio y a su hijo a sentarse en el banquillo por un presunto delito de blanqueo de capitales. Las condiciones impuestas por Panamá para su extradición a España impiden juzgarles por otros delitos. La Asociación Pro Derechos Humanos de España solicita nueve años para Vladimir y seis para su mujer y su hijo. La defensa de los Kokorev niega los hechos y reclama su absolución.
INFORMES Y ESPIONAJE A UN LETRADO Y DOS PERIODISTAS
La investigación ha acreditado que Vladimir Kokorev contrató por 140.000 euros a la empresa madrileña de comunicación Consultores Quantumleap (CQL) para borrar de internet las noticias de sus actividades delictivas, publicar informaciones favorables al Gobierno de Teodoro Obiang y publicar un libro, que redactó el periodista Alfonso Merlo, en el que se contradijera la versión periodística, judicial y policial. El coste de este libro se fijó en 40.000 euros. La policía encontró varios correos entre Kokorev y Merlo en el que el primero le daba instrucciones sobre la orientación de la obra.
Entre la documentación incautada al grupo criminal aparecen tres extensos informes elaborados por la consultora que dirigía Jesús Timoteo Álvarez, ya fallecido, sobre Manuel Ollé, el letrado que presentó la querella contra Obiang en representación de la Asociación de Derechos Humanos de España; sobre el periodista de El Mundo Antonio Rubio, y sobre un redactor de EL PAÍS que desde hace 13 años informa sobre esta familia rusa. En el caso de este último, la denominada “investigación cualitativa de élite” se incluyeron graves y falsas acusaciones que los Kokorev lograron publicar años antes en medios rusos como Pradva. De varias notas manuscritas se desprende que se investigaron las cuentas bancarias de los periodistas y del letrado.
El escrito de acusación de la Fiscalía Anticorrupción menciona las gestiones de Vladimir y de su hijo Igor en la contratación de los servicios de esta agencia de comunicación. La consultora tituló este contrato “Kokorev. Plan de Trabajo y tiempos” y lo catalogó como “altamente confidencial”.
/cloudfront-eu-central-1.images.arcpublishing.com/prisa/AS2XMTORZRGSXCWXVTGZO7H74Q.jpg)
