El estudio de la Sociedad Consultora de Actuarios Asesores (2024) advirtió de un defecto estructural en la Disposición Transitoria 34 de la Ley 21/2021: las bases máximas de cotización aumentan cada año IPC + 1,2%, mientras que la pensión máxima solo crece IPC + ~0,115%, generando una brecha creciente para los trabajadores con bases topadas.
Su análisis asumía que las tablas graduales de transición se aplicarían, lo que ya implicaba una penalización progresiva.
Sin embargo, en 2026, el Instituto Nacional de la Seguridad Social habría aplicado directamente los coeficientes del Artículo 210 de la Ley General de la Seguridad Social, con una reducción del 21% por 24 meses de anticipo, y empeorando mucho más la penalización progresiva identificada por SCA.