La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha realizado un análisis de las minutas que los notarios y registradores cobran a los consumidores por la cancelación de su hipoteca y ha concluido que éstos "cobran de más" a sus clientes, "ignorando las tarifas aplicables al caso".
MADRID. Así lo asegura la organización de consumidores en un comunicado en el que reproduce las conclusiones de este estudio publicado en su revista y en el que anuncia que se ha dirigido al Ministerio de Justicia, a la Dirección General de los Registros y del Notariado y a la Fiscalía "ante la gravedad de los hechos".
La OCU ha pedido a estas entidades que requieran al colectivo de notarios y registradores a revisar todas las facturas relacionadas con cancelaciones hipotecarias desde diciembre de 2007 y a devolver, en su caso, las cantidades "indebidamente cobradas a los clientes".
Las facturas remitidas por los propios socios de la OCU han servido como muestra del estudio y el 92 por ciento de las mismas revela "prácticas ilegales".
Si extrapolamos estos datos al conjunto de las 372.042 cancelaciones de hipotecas sobre vivienda realizadas en 2010, tal y como lo ha hecho la organización, notarios y registradores podrían haber cobrado de forma indebida a sus clientes hasta 93 millones sólo en un año.
La organización considera grave que notarios y registradores incumplan la normativa en materia arancelaria aprobada en 2007, que suponía un abaratamiento importante de los trámites de cancelación de una hipoteca.
Pero, para la organización de usuarios aún "más grave" es que esa práctica "se siga manteniendo" a pesar de que ya ha sido declarada incorrecta por la Dirección General de los Registros y el Notariado y por resoluciones judiciales.
La OCU recuerda que desde el cambio normativo de 2007 el notario ha de cobrar una cuantía fija de 30,05 euros, sea cual sea el importe de la hipoteca cancelada, y si se suman a ese importe los demás conceptos, una escritura de diez páginas no debería costar más de 70 euros.
Sin embargo, el importe medio de las facturas incorrectas analizadas por la organización es de 260 euros.
Además, según subraya la organización, el registrador debe aplicar el arancel al capital pendiente de devolver, que es igual a cero cuando se trata de cancelar una hipoteca ya pagada, y reducir el resultado en un 90 por ciento.
El resultado son 2,40 euros que, añadidos a los restantes conceptos minutables, da una cifra a lo sumo de 24 euros, no de 144 euros, como dice haber comprobado la OCU.
Para saber si las facturas de estos profesionales son correctas, la organización tiene a disposición de sus socios una aplicación en su página web www.ocu.org/minuta-notario.
Los consumidores insisten en la necesidad de una revisión profunda del sistema notarial y registral y recuerdan que los usuarios tienen derecho a elegir el notario que deseen, no el que le imponga la gestoría o el propio banco.
Ante la denuncia realizada hoy por la OCU, el Consejo General del Notariado ha emitido un comunicado en el que dice que considera que los notarios deben aplicar la doctrina de la Dirección General de los Registro y del Notariado (DGRN) en materia de cancelación de hipotecas, "sin perjuicio y a la espera de conocer los pronunciamientos judiciales pendientes sobre la materia".
En los últimos meses, según el Consejo, la Dirección General de los Registros y del Notariado se ha pronunciado en el sentido de que son "documentos sin cuantía".
