El BOE del 17 de enero de 2019 publica una comunicación sobre la Resolución del Banco de España de 10 de enero por la que impone a CaixaBank una multa de 3.600.000 € por lo siguiente:
Se han detectado incumplimientos de normas con rango de Ley relativos a los límites impuestos por la Ley 41/2007 a las compensaciones por desistimiento en amortizaciones anticipadas, a las reglas sobre la sustitución de índices de referencia establecidas en la disposición adicional decimoquinta de la Ley 14/2013, y a las normas sobre redondeo de tipos de interés establecidas en la disposición adicional duodécima de la Ley 44/2002.
Es decir, a la hora de cobrar a sus clientes, CaixaBank ignora deliberadamente los límites legales y les cobra lo que le quiere; lo que quiere, obviamente, es más de lo que permite la Ley. Vemos, una vez más, que la banca cree estar por encima del ordenamiento jurídico y que las leyes no se les aplican. Leer más
Dos nuevas sentencias de sendos Juzgados de Oviedo anulan varias compras de acciones del Banco Popular Español realizadas en Bolsa, en el mercado, antes y después de la ampliación de capital de 2016.
La sentencia de 9 de enero de 2019 del Juzgado de 1ª Instancia nº 4 de Oviedo anula dos compras de acciones del Banco Popular realizadas por un matrimonio: una primera compra que se realizó en el mes de abril de 2016, en Bolsa y directamente por el esposo con sus claves para operar a través de la web del propio Banco Popular, por su propia iniciativa y tras analizar su situación financiera según lo que éste publicaba; y la segunda compra en el marco de la ampliación de capital de junio de 2016, tras una reiterada recomendación por el personal del Banco.
La sentencia entiende que sí se puede demandar al Banco la nulidad de la compra realizada en Bolsa porque tal nulidad deriva de la información no veraz publicada por éste, lo que determina su legitimación pasiva. Debería añadirse que existe una relación contractual entre las partes en cuanto que la compra de acciones convierte al comprador en accionista del Banco y, por lo tanto, parte en un contrato de sociedad con el mismo. Leer más
El fraude de la empresa Let's Gowex, que cotizaba en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB), tuvo una serie de consecuencias de distintas dimensiones:
-La primera y más evidente fue la pérdida que sufrieron quienes habían confiado en las excelentes perspectivas que proclamaba la empresa y habían comprado acciones.
-Otra consecuencia fue el cuestionamiento de la confianza que cabía depositar en las empresas que cotizan en ese mercado y sobre la calidad de la supervisión que existe en el mismo. Cuestionamiento que, por otro parte, cabe plantear también sobre las empresas que cotizan en la Bolsa en general, tras escándalos como los de Bankia, Banco Popular Español, Pescanova o Abengoa.
-Otra consecuencia, con un contenido más jurídico pero con transcendencia económica sobre todo para los perjudicados por el fraude, fue la dificultad de concretar qué responsabilidades tienen los distintos intervinientes en el mercado. Así, los perjudicados por el desplome de Let's Gowex, ¿a quién pueden reclamar? ¿Sólo a su administración social y a su auditor? ¿Tienen alguna responsabilidad el Asesor Registrado contratado por la compañía y la sociedad que gestiona y supervisa el MAB? Leer más
La lectura de las tres sentencias del Pleno de la Sala Tercera del Tribunal Supremo sobre la cuestión de quién es el sujeto pasivo en el impuesto sobre los actos jurídicos documentos en su aplicación a las escrituras de préstamo hipotecario provocan desazón para cualquier ciudadano responsable, más aún para cualquier profesional del Derecho. La forma en que se ha tramitado el procedimiento y su resultado creo que provocan aún más dudas e inseguridad jurídica que las que había en la situación anterior. Sobre ello y la proyección de la sentencia sobre las reclamaciones que los consumidores puedan realizar al banco prestamista sobre el reembolso de gastos de constitución de la hipoteca hago los siguientes apuntes:
-En primer lugar, y sobre todo, hay que lamentar el tono hostil de las sentencias. La redacción de las sentencias se manifiesta de forma insólitamente agresiva y descalificatoria hacia los componentes de la Sección Segunda de la propia Sala, la especializada en asuntos tributarios que dictó las sentencias del pasado mes de octubre que declararon que el sujeto pasivo del impuesto es el prestamista y anularon el precepto del Reglamento del impuesto que decía lo contrario. Utiliza además argumentos insostenibles, que sorprenden en magistrados del más alto Tribunal español, como que la jurisprudencia no puede cambiarse sin que haya cambios legislativos u otras circunstancias similares que lo justifiquen o que el hecho de que haya controversia doctrinal es motivo para no revisar esa jurisprudencia; la realidad es que la jurisprudencia se ha revisado en muy numerosos casos por las distintas salas del Tribunal Supremo sin que hubiese cambios legislativos, simplemente por la evolución de la doctrina sobre las cuestiones analizadas; la revisión se hace de forma motivada, explicando por qué es pertinente cambiar la jurisprudencia establecida, y así lo hizo la Sección Segunda en sus sentencias del mes de octubre. En cambio, la propia sentencia está revisando la nueva jurisprudencia establecida en el mes de octubre sin exponer los motivos por los que la considera errónea o superada, simplemente mediante la defensa apodíctica (palabra que se repite a lo largo de la sentencia y los votos particulares y que significa, según la RAE: “Incondicionalmente cierto, necesariamente válido”) de su validez, sin más argumentación. Leer más
El pasado mes de octubre, tras la publicación de la sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo que anuló el precepto del Reglamento del impuesto sobre los actos jurídicos documentados que atribuía al prestatario la condición de sujeto pasivo respecto a las escrituras de préstamo hipotecario, me pronuncié favorablemente sobre la posibilidad de que se pudiera reclamarse al prestamista el reembolso de la cantidad pagada por la cuota de tal impuesto. Desde entonces se han producido importantes novedades:
1.- El Presidente de la misma Sala Tercera convocó un Pleno del tribunal para decidir si ratificaba la nueva doctrina o volvía a la doctrina tradicional que consideraba que el sujeto pasivo era el prestatario. Tras una larga deliberación, se decidió volver a la doctrina tradicional: se interpretaba que según la Ley del impuesto, el sujeto pasivo es el prestatario. La deliberación fue controvertida: según la información que ha transcendido, parece ser que la cuestión se decidió por un solo voto de diferencia; voto que además podría haberse manifestado en sentido contrario ya que según esa información el Presidente de la Sala habría defendido durante la deliberación la posición de que el sujeto pasivo era el prestamista, pero luego votó lo contrario para evitar el empate. La sentencia no se ha publicado cuando escribo este comentario, por lo que no se conocen los argumentos completos en un sentido y otro; con seguridad la sentencia tendrá votos particulares que expresen los argumentos contrarios a los que obtuvieron la mayoría. El estrecho margen por el que se decidió el sentido de la sentencia y sus antecedentes evidencian la falta de claridad de la Ley y las dificultades para su interpretación, con opiniones diferentes sobre argumentos consistentes en un sentido y el contrario; y muestran también la falta de seguridad jurídica sobre quién debía soportar el impuesto, que dio lugar a una litigiosidad considerable. Leer más
Entre los muchos productos e instrumentos financieros diseñados por la banca para que sus clientes inviertan sus ahorros se encuentran una amplia gama de depósitos y bonos estructurados, y los contratos financieros atípicos (CFAs), que luego han pasado a denominarse contratos de compra-venta de opciones.
Son una serie de productos o instrumentos financieros que tienen su primer diseño en 1998 y después se han desarrollado de forma extraordinariamente sofisticada, con diferentes formatos: una inversión en que parte del capital se destina a una imposición a plazo con una remuneración determinada y otra parte a la variedad del estructurado que haya diseñado el banco para el caso; en otros casos la totalidad del capital se destina al estructurado. Puede configurarse como una especie de depósito a plazo, como un bono del emisor o, con más corrección, como un CFA, al que luego la CNMV ha denominado contrato de compra-venta de opciones. Leer más
El Tribunal Supremo ha dado un vuelco a las reclamaciones de reintegro de los gastos de constitución de la hipoteca. La Sala Tercera, de lo Contencioso Administrativo, ha dictado una sentencia de fecha 16 de octubre de 2018 en que rectifica su anterior doctrina sobre quién es el sujeto pasivo del impuesto de actos jurídicos documentados: en sentencias anteriores, que además fueron respaldadas por el Tribunal Constitucional, afirmó que el sujeto pasivo del impuesto es el prestatario, en una interpretación que supeditaba lo dispuesto en la regulación del impuesto AJD a la del de transmisiones patrimoniales, y por entender que el interesado era en todo caso el prestatario; y además utilizaba como criterio de interpretación de la Ley del impuesto lo que establecía el Reglamento.
Ahora la Sala Tercera ha revisado esa doctrina y en una sentencia con unos fundamentos muy completos, en que examina los argumentos a favor de una y otra interpretación, concluye que el sujeto pasivo ha de ser el prestamista en cuyo interés se constituye la hipoteca y además anula el artículo del Reglamento del impuesto que establecía que el sujeto pasivo es el prestatario. Leer más
Ya expliqué en esta entrada del blog que el Tribunal Supremo estableció doctrina sobre el carácter usurario de los créditos revolving, los de las tarjetas de crédito; y que la Audiencia Provincial y los Juzgados de Asturias (y de casi toda España) están estimando sentencias que obligan a las financieras a devolver lo que los clientes han pagado de más: aquí, aquí y aquí. También informé aquí sobre sentencias ganadas por la falta de transparencia en la información sobre los costes que tienen estas tarjetas. Presento ahora una colección de sentencias ganadas a distintas financieras y bancos y a fondos buitre que compraron paquetes de créditos (véase la relación al final de esta entrada, con enlace a cada una de ellas).
Las sentencias recayeron en procedimientos que se iniciaron en distintas situaciones: en unos casos presentamos la demanda reclamando la nulidad del contrato en nombre del cliente; en otros casos es la financiera o fondo buitre quien inició un procedimiento monitorio tratando de cobrar al cliente la supuesta deuda pendiente de pago, una vez que éste dejó de pagar los incesantes recibos mensuales, monitorio al que nos oponemos y luego se continúa con el juicio que corresponda por la cuantía de la reclamación. Leer más
La sentencia entiende que la evolución de resultados publicados por el Banco, con beneficios declarados hasta el primer trimestre de 2016 y que pasa a pérdidas reducidas en el segundo trimestre y que se disparan en las cuentas del ejercicio 2016 y del primer semestre de 2017 no resultan verosímiles; que forzosamente tenía que haber pérdidas desde períodos anteriores a los declarados y que la intervención del Banco no pudo deberse únicamente a su falta de liquidez sino que tenía que haber también falta de solvencia. Leer más
A finales de 2011 Banco Mare Nostrum (BMN) realizó una emisión de bonos convertibles en acciones, con un nominal de 150.000 € por bono. Como en el caso de las demás cajas de ahorros y bancos que emitieron participaciones preferentes, obligaciones subordinadas y bonos convertibles, la razón era que la entidad debía mejorar sus ratios de capitalización y solvencia, muy dañadas tras el estallido de las burbujas inmobiliarias y de crédito y de la crisis financiera. Ahora bien, mientras el resto de entidades dirigieron directamente sus emisiones a sus clientes minoristas, BMN dirigió su emisión a inversores profesionales; esta decisión, que en principio es correcta porque se trata de productos que sólo se deberían vender a profesionales, sin embargo parece sorprendente en el marco del esperpento que fueron estos años de crisis porque los mercados mayoristas estaban prácticamente cerrados para las entidades financieras españolas, ya que los inversores profesionales conocían la delicada situación en que se encontraban y no querían arriesgar su capital en ellas. Por ello, BMN no pudo completar la venta de los bonos que había emitido y se tuvo que quedar con los bonos sobrantes, que a continuación colocó a sus clientes con las mismas prácticas seguidas por el resto de entidades: incumplimiento de la obligación previa de evaluar a sus clientes (test de idoneidad); no se entrega información precontractual; recomendación de inversión fundamentada en la elevada retribución del bono, con ocultación de que con su compra se pasaba de ser acreedor ordinario de la entidad a garante de su solvencia ya que se estaban aportando los ahorros de los clientes a sus reservas de capital. Leer más
n detectado incumplimientos de normas con rango de Ley relativos a los límites impuestos por la Ley 41/2007 a las compensaciones por desistimiento en amortizaciones anticipadas, a las reglas sobre la sustitución de índices de referencia establecidas en la disposición adicional decimoquinta de la Ley 14/2013, y a las normas sobre redondeo de tipos de interés establecidas en la disposición adicional duodécima de la Ley 44/2002.
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A finales de 2011 Banco Mare Nostrum (BMN) realizó una emisión de bonos convertibles en acciones, con un nominal de 150.000 € por bono. Como en el caso de las demás cajas de ahorros y bancos que emitieron participaciones preferentes, obligaciones subordinadas y bonos convertibles, la razón era que la entidad debía mejorar sus ratios de capitalización y solvencia, muy dañadas tras el estallido de las burbujas inmobiliarias y de crédito y de la crisis financiera. Ahora bien, mientras el resto de entidades dirigieron directamente sus emisiones a sus clientes minoristas, BMN dirigió su emisión a inversores profesionales; esta decisión, que en principio es correcta porque se trata de productos que sólo se deberían vender a profesionales, sin embargo parece sorprendente en el marco del esperpento que fueron estos años de crisis porque los mercados mayoristas estaban prácticamente cerrados para las entidades financieras españolas, ya que los inversores profesionales conocían la delicada situación en que se encontraban y no querían arriesgar su capital en ellas. Por ello, BMN no pudo completar la venta de los bonos que había emitido y se tuvo que quedar con los bonos sobrantes, que a continuación colocó a sus clientes con las mismas prácticas seguidas por el resto de entidades: incumplimiento de la obligación previa de evaluar a sus clientes (test de idoneidad); no se entrega información precontractual; recomendación de inversión fundamentada en la elevada retribución del bono, con ocultación de que con su compra se pasaba de ser acreedor ordinario de la entidad a garante de su solvencia ya que se estaban aportando los ahorros de los clientes a sus reservas de capital. .gif)
