El Juzgado de 1ª Instancia de Cangas de Onís ha dictado sentencia de 5 de julio de 2018 por la que anula la compra de obligaciones subordinadas por un matrimonio; es la tercera sentencia que obtengo sobre este producto del Banco Popular, tras la de 5 de diciembre de 2017 y la de 23 de febrero de 2018, ambas del Juzgado de 1ª Instancia nº 11 de Oviedo.

La sentencia constata una vez más las malas prácticas del Banco al colocar estos productos, con infracción descarada de las normas de protección al cliente. No sólo no hay una información clara y veraz sobre el riesgo del producto, particularmente en una situación de crisis financiera en que los ahorros de los clientes se destinan a garantizar la solvencia del Banco, cuando éste tiene los mercados mayoristas en que habitualmente se financiaba cerrados y sus emisiones están calificadas como “bono basura”; sino que además se crea un documento en que se dice que el Banco evaluó la conveniencia de la contratación (no la idoneidad, a pesar de que la iniciativa de la contratación partió del Banco) y resultó negativa, a pesar de lo cual se continúa con la operación; sin embargo, no existe el test por el que supuestamente se habría realizado esa evaluación y el director de la oficina ni siquiera conoce a uno de los contratantes, y respecto al otro ignora cuestiones elementales que deberían haber sido objeto de ese test.   Leer más

El Juzgado de 1ª Instancia nº 8 de Ov iedo ha dictado una sentencia de fecha 2 de mayo de 2018 que anula la compra de acciones del Banco Popular Español realizada con ocasión de la ampliación de capital de mayo/junio de 2016.

Con citas de las sentencias del Tribunal Supremo de 3.2.2016 del caso Bankia y de la sentencia del Juzgado de 1ª Instancia nº 11 de Oviedo de 23.3.2018, que comenté aquí, expone qué es posible anular la compra de acciones por error en cuanto a la situación financiera del Banco emisor, en contra de lo que éste oponía. Y contrasta el informe pericial que presentamos con la demanda, realizado por Prosper Lamothe, con el informe pericial que presentó el Banco, de tal forma que llega a la conclusión de que resulta mucho más sólido y creíble nuestro informe. Entre otras cosas, hace referencia a la manipulación de las ratios que el Banco publicó con ocasión de la ampliación de capital, que resultan sorprendentemente más favorables que los de las memorias de las anualidades 2015 y 2016; y que el Banco luego debió realizar ajustes contables y provisiones adicionales por los riesgos y pérdida de valor de los activos inmobiliarios que se había adjudicado, que obviamente no provienen del período transcurrido entre la ampliación de capital y la intervención del Banco en junio de 2017. Otro dato que muestra la inverosimilitud del informe pericial presentado por el Banco es que la intervención por la JUR no pudo deberse simplemente a una situación transitoria de falta de liquidez, sino que forzosamente debió existir también una falta de solvencia ya que de otra manera se habría entregado alguna cantidad a los accionistas y no se habría vendido el Banco por el precio simbólico de un euro.   Leer más

El Juzgado de 1ª Instancia nº 11 de Oviedo ha dictado la primera sentencia, de fecha 23 de marzo de 2018, acordando la nulidad de cuatro compras de acciones del Banco Popular Español: una compra realizada en junio de 2016, en el marco de la ampliación de capital que se produjo en esas fechas; y otras tres realizadas por la misma persona entre octubre y noviembre de 2016. Anula también la compra de obligaciones subordinadas que el Banco le había colocado en 2011.

Ya teníamos anteriormente otras dos sentencias que anulaban compras de obligaciones subordinadas, casualmente del mismo Juzgado: una de 5 de diciembre de 2017, que comenté aquí; y otra de 23 de febrero de 2018, que comenté aquí. La que ahora comento reproduce literalmente los argumentos de las anteriores en cuanto a las obligaciones subordinadas; y a continuación enjuicia el caso de las acciones.   Leer más

Una duda que plantean recurrentemente los afectados por diferentes productos financieros o por cláusulas abusivas o no transparentes (y también por cualquier otro tipo de problema con diferentes sociedades) es el plazo que tienen para reclamar; es una cuestión compleja que mucho profesionales de la justicia no tienen claro. A continuación me propongo dar unas orientaciones al respecto basadas en la normativa y la jurisprudencia, sin perjuicio de que en algún caso mis conclusiones puedan ser polémicas.

El primer punto a tener claro es que hay diferentes plazos dependiendo de qué es lo que se reclame o de la acción que se ejercita (es decir, de cómo se plantee la reclamación); pero además los plazos corren en distinta forma según sean de caducidad o de prescripción; por ello, lo primero que voy a hacer es explicar la diferencia entre la caducidad y la prescripción.   Leer más

El pasado mes de diciembre informaba de que había obtenido la primera sentencia que anulaba la compra de obligaciones subordinadas del Banco Popular, estimando una demanda presentada tras la intervención de dicho Banco que dio lugar a la pérdida de las cantidades invertidas en acciones y en estas obligaciones subordinadas. Esa sentencia ya es firme.

Y ya he obtenido una segunda sentencia, de 23 de febrero de 2018, del mismo Juzgado de 1ª Instancia nº 11 de Oviedo, en el mismo sentido.

Esta sentencia además deja claro que no se ha producido la caducidad de la acción de nulidad, como pretendía el Banco, ya que el plazo para ejercitarla comienza precisamente con la intervención del Banco en junio de 2017.

Conviene aclarar que, en contra de lo que algunos han entendido, la intervención del Banco con la consiguiente amortización de las obligaciones subordinadas no impide reclamar la nulidad de la compra sino todo lo contrario: es el evento que pone de manifiesto el error en la contratación (lo que se vendió como un producto seguro, de renta fija, sin ningún riesgo, en realidad era un producto de capital con riesgo de perder la inversión si el Banco entraba en crisis, riesgo muy elevado porque se encontraba en pésima situación financiera y los inversores institucionales no le financiaban) y, por ello, es el hecho que hace nacer la acción de nulidad por error: mientras no se conoce el error no se puede denunciar.   Leer más

Reiteradamente me he referido en este blog a la nulidad de tarjetas de crédito emitidas por distintas financieras por ser usurarias (aquí, aquí, aquí) o porque sus condiciones financieras, al incluirse en el clausulado general en lugar de aparecer como elementos esenciales del contrato, no se consideraron incorporadas al contrato por falta de transparencia (aquí).

Pues bien, la nulidad no sólo afecta a las tarjetas emitidas por financieras, también a las emitidas por entidades bancarias, como es el caso de la sentencia de 27 de diciembre de 2017 del Juzgado de 1ª Instancia nº 6 de Gijón, que anula una tarjeta de Liberbank (anteriormente, Caja de Ahorros de Asturias), al amparo de la doctrina de la sentencia del Pleno del Tribunal Supremo de 25 de noviembre de 2015.

No hay razón admisible para que las financieras, bancos o cajas cobren intereses que duplican los habituales en el crédito al consumo. No es admisible que se pretenda justificar la imposición de tipos tan elevados en la facilidad para obtener el crédito, en la falta de garantías hipotecarias o de otros fiadores o en el elevado número de impagados: la entidad debe comprobar la solvencia de cualquier persona a la que facilita crédito para evitar el sobreendeudamiento familiar; y en el crédito al consumo, en general, no hay garantía hipotecaria y no tiene que haber, necesariamente, otros fiadores o garantes. Tampoco es justificación que la generalidad de las entidades cobren intereses en torno al 20% o más: lo que se demuestra es que pueden hacerlo porque no hay competencia en este sector del mercado y las entidades pueden imponer condiciones extremadamente onerosas.   Leer más

Ya me referí anteriormente en este blog a la sentencia del Tribunal Supremo de noviembre de 2015 que estableció una doctrina sobre el llamado “crédito revolving”, el propio de las tarjetas de crédito, que consiste en que se considerará usurario si su coste, medido por el TAE, es injustificadamente superior al promedio del mercado; que hay que considerar como tipo de interés del mercado el promedio del tipo de interés de los créditos al consumo de la fecha en que se contrató el crédito o tarjeta (o préstamo, puesto que la doctrina es perfectamente válida también para los préstamos en general), que publica periódicamente el Banco de España en sus estadísticas; las entidades financieras defienden que el tipo de interés de las tarjetas de crédito ha de ser más elevado que el de los créditos al consumo en general porque el acceso al crédito por esa vía es muy sencillo y rápido, sin controles de solvencia, por lo que se producen muchos impagos, de modo que hay que compensar éstos y los consiguientes costes con tipos de interés más elevados. El Tribunal Supremo contesta que esto es inaceptable: en todo caso el prestamista tiene que comprobar si el potencial acreditado es solvente; si concede crédito sin evaluación de solvencia se incrementa el grave problema social del sobreendeudamiento familiar, exacerbado por la imposición de tipos de interés elevados, y con la consecuencia adicional de que se encarece injustamente el crédito a las personas solventes. Sólo debe concederse crédito a quien lo puede asumir y reintegrar, y debe hacerse a un precio competitivo, no usurario.   Leer más

Entre los innumerables problemas que ha causado a los consumidores españoles la actuación de la banca en los últimos años se encuentra el de las familias que solicitaron un préstamo para su vivienda o cualquier otra necesidad económica y éste se lo concedió estableciendo un tipo variable indexado al IRPH en cualquiera de sus modalidades (de Cajas, de Bancos o del conjunto de entidades); estas familias se han encontrado con que sus préstamos son mucho más caros que los de quienes tienen sus préstamos referenciados al euribor. Se han presentado algunas demandas con resultado dispar, unas ganadas, otras perdidas; existía una gran expectación sobre lo que diría el Tribunal Supremo y que pudiera establecer un criterio claro sobre la validez del índice o la forma en que se comercializaron esos préstamos que pudiera permitir reconducir la situación de quienes están sometidos a este índice. Finalmente se ha publicado la sentencia del Pleno del Tribunal Supremo, que tiene fecha de 14 de diciembre de 2017, y ha resultado en una gran decepción para los consumidores, sus asociaciones y los profesionales de este sector.   Leer más

El Juzgado de 1ª Instancia nº 11 de Oviedo ha dictado una sentencia de fecha 5 de diciembre de 2017 que anula la compra por parte de un matrimonio de obligaciones subordinadas del Banco Popular. Probablemente es la primera en España que resuelve un caso planteado tras la intervención del Banco el mes de junio pasado, que dio lugar a la pérdida total de la inversión. La anulación de la compra da lugar a que los demandantes recuperen el importe invertido en las subordinadas más sus intereses legales desde la fecha de la inversión, si bien han de reintegrar los cupones cobrados también con sus intereses legales.

El fundamento de la anulación es el mismo que dio lugar a la anulación de las compras de participaciones preferentes y obligaciones subordinadas de las Cajas de Ahorros y también de las obligaciones convertibles del propio Banco Popular, del Sabadell o del Santander (que éste denominó engañosamente “Valores Santander”), entre otros emisores: estos productos se colocaron a los clientes ocultando que se trataba de híbridos de capital, es decir, de aportaciones al capital de la sociedad para garantizar su solvencia; son productos complejos con riesgo de pérdida de la inversión en el caso de que el emisor incurriera en crisis de solvencia y/o liquidez, como ha ocurrido con el Banco Popular; a lo que se añade que se colocaron a personas sin los conocimientos ni la experiencia financiera necesarios para poder tener conocimiento por ellos mismos de ese riesgo ni, por lo tanto, poder asumirlo. Las entidades financieras deben desarrollar una conducta activa, diligente, para proteger los intereses de los clientes como si fueran los suyos propios, a cuyo efecto deben valorar la idoneidad de cada producto para cada cliente según sus conocimientos, experiencia, situación y objetivos financieros, de modo que no le pueden recomendar un producto de riesgo a una persona con perfil conservador o un producto complejo a una persona sin los conocimientos o la experiencia que le permitan entender el funcionamiento y riesgo del producto, asumir ese riesgo y, en su caso, manejarlo y poder soportar las eventuales pérdidas; y, en segundo término, una vez comprobado que el producto es idóneo para el cliente, para que éste pueda decidir si invierte en él debe facilitarle la información necesaria para que conozca perfectamente sus características, cómo funciona y qué riesgos puede entrañar; información que debe facilitar de forma expresa, comprensible y activa, con la suficiente antelación para que el cliente pueda tener tiempo de reflexionar y decidir con conocimiento de causa. Por eso no es correcta la práctica habitual de cubrir un test con tres o cuatro preguntas superficiales y genéricas en el mismo acto en que se firma la orden de compra que simule el análisis de la idoneidad y, una vez firmada la orden de compra, entregar el resumen o triptico del folleto. Esta práctica es lo que permite anular la operación.   Leer más

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, TJUE, se pronunció recientemente sobre esta modalidad de préstamo hipotecario, en una sentencia que ya comenté en este blog; el mismo día en que se dictó aquella sentencia el Tribunal Supremo español tenía fijada la deliberación para resolver un recurso de casación relativo también a una hipoteca multidivisa (HMD), por lo que acordó suspender la deliberación, dar oportunidad a las partes para que formulasen alegaciones sobre cómo influye en su caso la sentencia del TJUE y, finalmente, resolver el caso teniendo en cuenta ese antecedente, dado que el TJUE es el intérprete último de la normativa europea, y al respecto era relevante tanto la normativa MiFID como la Directiva 93/13 sobre cláusulas abusivas impuestas a los consumidores. Finalmente, el TS ha dictado la sentencia de fecha 15-11-2017 que resuelve el caso en la forma que voy a comentar a continuación.   Leer más