Tras la sentencia del Tribunal Supremo de 4 de marzo de 2020 sobre la posible usura de las tarjetas de crédito y otras formas de crédito revolving, hemos ganado una serie de sentencias que aclaran algunas cuestiones dudosas.

Las Audiencias Provinciales de Asturias y de Cantabria adoptaron acuerdos de unificación de criterios en los que decidieron que van a desestimar las demandas en que se reclame la anulación de las compras de acciones del Banco Popular y/o la indemnización de las pérdidas sufridas.

Por Resolución de 17 de marzo de 2020, la JUR ha resuelto no indemnizar a los afectados (accionistas, titulares de participaciones preferentes y obligaciones subordinadas) por la resolución del Banco Popular.

El Juzgado de 1ª Instancia nº 9 de Pamplona dictó sentencia el 14 de febrero de 2020 que estimó íntegramente una demanda por la que reclamaba la nulidad de la compra de participaciones preferentes emitidas por el Banco Popular en 2009.

Por acuerdo adoptado el 6 de febrero de 2020, la mayoría de los magistrados de las secciones civiles de la Audiencia Provincial de Asturias ha decidido que va a desestimar las demandas en que se pide la nulidad de la compra de acciones del Banco Popular.

La alteración de la contabilidad del Banco Popular no se produjo de cara a la ampliación de capital de 2016, sino que viene del origen de la crisis económica: ya en el año 2008 había más de 2.000 millones de deterioros no contabilizados, según el informe del Banco de España.

Seguimos con la defensa de quienes tenían acciones y otros productos de capital del Banco Popular y antes del Banco Pastor; en otras entradas anteriores del blog ya di cuenta de algunos casos ganados de acciones en los Juzgados y en la Audiencia Provincial y de obligaciones subordinadas.

El Tribunal Supremo dictó una sentencia de fecha 25 de octubre de 2019 por la que confirma la estimación de una demanda presentada por una asociación de consumidores y declara la nulidad por ser abusiva.

¿El art. 39.2 de la Ley 11/2015 impide que se pueda indemnizar a los titulares de acciones y otros productos de capital que los hubieran comprados confiando en una información sobre la situación financiera del emisor que se demuestre que no era veraz?

En los años 2007 y 2008 varias entidades bancarias colocaron a numerosas personas que querían financiar la compra de vivienda, de locales u otras operaciones un préstamo multidivisa: habitualmente un préstamo en yenes, pero que también podía ser en francos suizos u otras divisas.