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Subastas judiciales
Las subastas judiciales desde la mirada de un subastero

Éramos pocos legislando e interpretando la Ley y parió la abuela

 

Finalizaba el post anterior dejándonos atónitos la audacia de un juez de primera instancia que había vaciado de contenido la figura del aval.

Hasta que el rey de Babilonia Hammurabi decidió dejar grabado en piedra el primer código legal (1760 AC) la Justicia era impartida de manera subjetiva por jueces y sacerdotes. Aquél fue el primer ejemplo del concepto jurídico de que algunas leyes son tan fundamentales que ni un rey tiene la capacidad de cambiarlas.

El Occidente fue Dracón de Tesalia (siglo VII AC) quién les arrebató a los nobles la facultad de juzgar arbitrariamente, unificando la tradición oral y poniéndola por escrito. Una legislación que fuera común para todos era el primer paso hacia un gobierno democrático.

Pero fue en el Imperio Romano Derecho Romano donde se consagró la obligatoriedad de que los jueces se guiaran por unas leyes escritas. Para comprender la importancia de esto hay que imaginarse lo que podría significar antiguamente ser juzgado por un tipo que no se va a guiar por la Ley sino por sus propios criterios o por su ideología. Si el juez es un tipo dogmático estás listo.

Y eso es, exactamente, lo que está pasando en España.

En este país en el que los títulos universitarios valen menos que el papel del que están hecho los diplomas, en el que existen más de cien mil leyes en vigor, en el que entre el B.O.E. y los diferentes diarios oficiales de las comunidades autónomas se imprimen más de un millón de páginas al año, en el que la soberanía popular ya no reside en los ciudadanos sino en la boina enroscada de cualquier juez de pueblo, en este país, digo, ya no solo los jueces de quinta pueden enmendar la plana a las leyes emanadas de las Cortes sino que ahora también se han sumado a la orgía reformista los registradores de la propiedad.

¿Que por qué digo esto?

Porque he tenido conocimiento de una Resolución de 23 de marzo de 2018 de la Dirección General de los Registros y del Notariado que echa por tierra parte del artículo 671 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Se trata de que el Registrador de la Propiedad de Illescas ha tumbado por defectos "insubsanables" un decreto de adjudicación dimanante de un procedimiento hipotecario argumentando que aunque la vivienda subastada NO es vivienda familiar del deudor y aunque la subasta había quedado desierta, el acreedor no tiene derecho a pedir la adjudicación por la cantidad adeudada sino al menos por el 50% del tipo de subasta.

Y esta barbaridad no la dice un ignorante que no conoce el artículo 671 de la L.E.C. sino que no solo lo conoce perfectamente sino que expresamente menciona que la interpretación de dicho artículo ha de hacerse de forma conjunta a la del artículo 651 del mismo cuerpo legal. 

Obviando que este último artículo pertenece a la secciónV de la L.E.C., que trata de las subastas de bienes muebles y que el artículo que trata sobre las subastas de bienes inmuebles es exclusivamente el 671.

A continuación ambos artículos...

 

Artículo 651 Adjudicación de bienes al ejecutante

Si en el acto de la subasta no hubiere ningún postor, podrá el acreedor pedir la adjudicación de los bienes por el 30 por 100 del valor de tasación, o por la cantidad que se le deba por todos los conceptos.
En ningún caso, ni aun cuando actúe como postor rematante, podrá el acreedor ejecutante adjudicarse los bienes, ni ceder el remate o adjudicación a tercero, por cantidad inferior al 30 por 100 del valor de tasación.
Cuando el acreedor, en el plazo de veinte días, no hiciere uso de esta facultad, el Secretario judicial procederá al alzamiento del embargo, a instancia del ejecutado.

Artículo 671 Subasta sin ningún postor

Si en la subasta no hubiere ningún postor, podrá el acreedor, en el plazo de los veinte días siguientes al del cierre de la subasta, pedir la adjudicación del bien. Si no se tratare de la vivienda habitual del deudor, el acreedor podrá pedir la adjudicación por el 50 por cien del valor por el que el bien hubiera salido a subasta o por la cantidad que se le deba por todos los conceptos. Si se tratare de la vivienda habitual del deudor, la adjudicación se hará por importe igual al 70 por cien del valor por el que el bien hubiese salido a subasta o si la cantidad que se le deba por todos los conceptos es inferior a ese porcentaje, por el 60 por cien. Se aplicará en todo caso la regla de imputación de pagos contenida en el artículo 654.3.

Cuando el acreedor, en el plazo de veinte días, no hiciere uso de esa facultad, el Secretario judicial, a instancia del ejecutado, procederá al alzamiento del embargo.

 

A ver, El literal del art. 671 LEC es meridiano "(...) Si no se tratare de la vivienda habitual del deudor, el acreedor podrá pedir la adjudicación por el 50 por cien del valor por el que el bien hubiere salido a subasta o por la cantidad que se le deba por todos los conceptos". Y no deja lugar a duda alguna.

Pero hay que decir que el Registrador de Illescas no lanza este desafío al aire y sin red sino que se apoya en una resolución muy reciente (de 20 de septiembre de 2017) de la Dirección General de Registros y del Notariado, la cual también concluye que "pese a la literalidad del art. 671de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el ejecutante, no habiendo postores, en caso de finca que no sea la vivienda habitual del deudor, no puede adjudicarse la finca por un importe inferior al 50 % del valor de tasación".

Es decir, que el nuevo criterio de la DGRN es que si si se pretende la adjudicación por la cantidad que se deba por todos los conceptos, ésta ha de ser igual o superior a ese 50 % del valor de tasación.

Ostras, ¿no os parece acojonante?

Es que ya no es que estos tipos estén interpretando la Ley, es que sencillamente la están redactando.

Porque tal como está redactada ahora mismo la podría entender hasta un niño de diez años. 

Es cierto que el art. 100 del Reglamento Hipotecario establece cierta competencia de los Registradores de la Propiedad a la hora de calificar los documentos expedidos por los jueces, pero que alguien me explique dónde se establece que se les atribuya también las competencias para revisar las actuaciones judiciales firmes y quién les ha dado derecho para erigirse en nuevos legisladores ni intérpretes de la Ley.

Y es que además resulta que, una vez erigido en campeón de la justicia social, el señor Registrador se ha puesto también a argumentar acerca del empobrecimiento desmesurado y sin fundamento del demandado y el enriquecimiento injusto del demandante, olvidándose que fue el Tribunal Supremo quien concluyó en su sentencia 261/2015 la improcedencia de considerar la existencia de un enriquecimiento injusto en el precio de adjudicación de un inmueble para cuya ejecución se han observado estrictamente las normas expresamente previstas para tal fin.

Es decir, que si se ha respetado la Ley no ha habido enriquecimiento injusto. 

Y en cualquier caso, si lo hubiera habido, tendría que ser el deudor perjudicado por ese supuesto enriquecimiento injusto quien lo denunciara ante el juzgado que correspondiera pues el Registro de la Propiedad no tiene atribuidas competencias para hacer Justicia.

En fin, un nuevo ejemplo deplorable de que en España se están desmoronando los principios del Derecho. 

Cómo no dudar de la legalidad vigente ante la constatación de que en España se legisla pésimo y se interpreta peor.

Y tú que opinas, amigo lector, ¿también te sientes indefenso cuando compruebas que cualquier mindundi puede cambiarte las reglas del juego a mitad del partido?

 

141 comentarios (mostrando del 141 al 147)

Añadir comentario
  1. Jotaerre

    en respuesta a Tristán el subastero
    Ver mensaje de Tristán el subastero

    Sí, como los platos ;)

    Otro ejemplo de lo que es tocarse las partes en lugar de optimizar los recursos disponibles y el tiempo...

    3 años para resolver por Sentencia que no cabía casación por razón de la cuantía (basta sumar y restar, y saber que, aunque un pleito supere los 600.000€ en primera instancia, si la cuantía que se discute en apelación es inferior, es esta la que cuenta), con el agravante de que el propio TS lo admitió a trámite...:

    http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8460614&links=&optimize=20180727&publicinterface=true

    Y, mientras, recursos de verdadero interés, haciendo cola...

  2. Jotaerre

    Buenas, lo he comentado en el curso, pero no me resisto a hacerlo más público: la DGRN "legisla", en efecto, porque su doctrina está reconocida por el propio TSupremo (como se ocupan de recordarnos en muchas resoluciones), siempre que no exista ya Jurisprudencia.

    Pero lo que es escandaloso es que, con las pocas resoluciones verdaderamente innovadoras que emiten (el grueso son simples copiar y pegar), los Registradores no se tomen la molestia ni de conocerlas... como acaba de suceder con uno de la capital (no de una pequeña ciudad de provincias, no), que requirió al adjudicatario para que manifestara si había arrendatarios (art. 25 LAU, vaya), ignorando esta RDGRN de octubre pasado, que confirmaba otra de marzo del 2017, eximiendo de esa manifestación:

    https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/05/pdfs/BOE-A-2018-15118.pdf

    Y no por error, no, sino por puro desconocimiento, pues, al llevarles copia de esa RDGRN, le dijeron: "anda, no la teníamos, como es tan reciente... ojalá sea para que no tengamos que pedir la situación arrendaticia porque nos quitaría mucho trabajo..."

    Si es que Peter formuló su principio tras una visita a España...

    Saludos,

  3. reydmus

    en respuesta a Jotaerre
    Ver mensaje de Jotaerre

    A mi tambien me lo han pedido alguna vez. Lo peor no es eso, a mi incluso me mandan mandamientos para pagar inmuebles en 20 dias (me ha pasado mas de una vez) y cuando les dices que esta mal ni siquiera te dan lass gracias por sacarles del error sino que dicen que ellos ponen eso y luego tu recurres. De locos.

    No se estudian para la oposicion pero parece un pinta y colorea por lo que ves luego en algunos juzgados.

  4. Jotaerre

    en respuesta a reydmus
    Ver mensaje de reydmus

    Jaja, pues a un cliente le enviaron un Decreto de aprobación del remate dándole 10 días en los fundamentos, y 20 en la parte dispositiva, supera eso...

    Lo del Registro se solventa, o ilustrándoles en una visita, o colando una manifestación de que no hay arrendatarios (total, da igual, es para registrar), o pidiendo calificación de un sustituto, lástima que en un verbal difícilmente habría condena en costas (pues se allanaría, claro), porque así aprenderían.

    Saludos,

  5. Hotwu

    en respuesta a Jotaerre
    Ver mensaje de Jotaerre

    A mi normalmente con una manifestación al registrador de que no hay ni Peter como arrendatario en el inmueble (por seguir con el mismo paisano), era suficiente. Sabiendo de esta RDGRN de Octubre, eso que me voy a ahorrar también. Danke !

  6. Jotaerre

  7. Jotaerre

    en respuesta a Jotaerre
    Ver mensaje de Jotaerre

    ... y la primera contiene varias hostias a mano abierta a la DGRN, así que harían bien [email protected] LAJs en tener un poco más de amor propio:

    "Es pues el Secretario o LAJ la autoridad competente para dictar el Decreto y para interpretar y aplicar las
    normas reguladoras de la subasta. del precio de remate y de la adjudicación, dictando el correspondiente
    Decreto, que el Registrador de la Propiedad calificará pero no puede revisar ni forzar su revisión..."

    "...ni cabrá que el Registrador imponga su interpretación a la hecha Decreto, ni podrá imponerla la Dirección General de los Registros y el Notariado al conocer del recurso gubernativo. ni podrá tampoco hacerlo el Juzgado que conozca del juicio verbal de impugnación de la calificación negativa en cuanto su competencia es puramente revisora de la calificación dentro de sus límites..."

    "Ello comporta que, incluso si compartiéramos la muy razonable interpretación de los artículos 670 y 671 de la LEC que hace la DGRN respecto a cuál ha de ser el precio mínimo de adjudicación al acreedor en la subasta de una vivienda habitual (doctrina sostenida también por cierto por varias Audiencias Provinciales al conocer no de recursos contra las sentencias dictadas en juicios verbales de revisión de la calificación sino de recursos contra los Decretos de aprobación del remate y adjudicación confirmados o no por el Juzgado que conoce del proceso de ejecución), no podría esta Sala -como no podía el Juzgado, ni la DGRN, ni el Registrador- variar el Decreto firme dictado en un procedimiento seguido ante un Juzgado en el que se haya dado audiencia a todos los interesados conforme a lo dispuesto en la legislación de aplicación (se hayan personado o no dichos interesados en el procedimiento, puesto que tuvieron la posibilidad de hacerlo), se hayan cumplido las formas extrínsecas para el dictado del título objeto de inscripción y no existan obstáculos nacidos del propio Registro para la inscripción."

    Y, a buen entendedor, basta ese paréntesis donde menciona que otras APs sí aplican la interpretación de la DGRN pero no en recursos contra calificaciones sino dentro aún del proceso... porque lo que dice es que lo que allí se decide va a misa, y, si no le gusta a la DGRN, no es nadie para rectificarlo.

    Saludos,

Autor del blog

  • Tristán el subastero

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