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Programa de Frente Amplio 2026: análisis económico de sus propuestas

El programa económico de Frente Amplio es el más ambicioso y el más coherente con su propia idea de país: mucho más Estado, más impuestos a las rentas altas, al capital y a la banca, y una apuesta masiva por la vivienda pública. Su problema es de escala. Según nuestras estimaciones, sus compromisos de gasto suman entre 90.000 y 140.000 millones al año a pleno rendimiento, y sus nuevos impuestos, con supuestos generosos, entre 25.000 y 45.000. El programa no esconde la diferencia: propone superar las reglas fiscales europeas.

Este es el análisis independiente de Rankia del programa con el que Frente Amplio, la coalición de una docena de partidos de izquierdas que encabeza Ada Colau, concurre a las elecciones generales del 29 de noviembre. Lo presentó el 16 de noviembre en Madrid: unas 177 páginas en 18 capítulos, sin medidas numeradas, así que citamos el número de apartado para que cualquiera pueda comprobarlo. Las estimaciones de coste son nuestras, salvo que se diga lo contrario, y mostramos siempre las hipótesis.

Aplicamos la misma metodología que a los programas del PP, del PSOE y de Vox, y partimos de nuestro diagnóstico de los problemas económicos que hereda el próximo Gobierno. Puedes ver qué propone cada formación en nuestra página de programas electorales del 29-N.

El modelo económico de Frente Amplio: el Estado como protagonista

Frente Amplio propone un cambio de modelo, no una continuación. El Estado pasa a ser promotor de vivienda a gran escala, empresario (comercializadora eléctrica, banca postal, farmacéutica pública, agencia industrial), garante de rentas (prestación por crianza, pensión mínima igual al salario mínimo) y regulador de precios (alquiler, cesta básica, márgenes). Las empresas aparecen sobre todo como contribuyentes y como espacio de redistribución: representación de la plantilla en los consejos, participación obligatoria en el capital y una paga de beneficios del 10% (13.1).

Hay que reconocerle una virtud poco habitual: es el programa que más cifras da sobre su gasto, casi siempre en porcentaje del PIB, y el que dice con más claridad cómo pretende pagarlo, con una reforma fiscal centrada en grandes empresas, banca y grandes patrimonios. Lo que no hace es cuadrar las dos columnas.

El diagnóstico coincide con el nuestro en la vivienda, en la escasez de vivienda social y en la pobreza infantil. Donde choca con él es en los otros dos grandes problemas: las cuentas públicas, que el programa trata como una restricción política que hay que superar y no como una limitación real, y la productividad, a la que responde con más costes laborales y más intervención.

Impuestos: la reforma fiscal más profunda, con el ahorrador en el punto de mira

El capítulo fiscal (3) es el más detallado de los cuatro grandes programas. Las principales subidas:

  • Sociedades: tipo mínimo efectivo del 20% para los grandes grupos, fin de la consolidación fiscal y un máximo de cuatro años para compensar pérdidas (3.1).
  • Banca y energía: mantener los gravámenes a la banca y recuperar el de las energéticas, con un 1,2% de la facturación cuya recaudación iría a una ayuda de 1.000 euros por hogar vulnerable durante dos años (3.1).
  • Grandes fortunas: el impuesto de solidaridad empezaría en 1 millón de patrimonio en lugar de 3, con un mínimo exento de 700.000 euros y tipos más altos, más un 3% anual para los patrimonios de más de 50 millones (3.2).
  • Herencias: un impuesto estatal para herencias de más de 1 millón por heredero, con un tipo marginal del 34% y del 100% por encima de 10 millones (3.2).
  • IRPF: rebaja para los salarios de hasta 27.000 euros, tipo máximo del 52% desde 300.000 euros y acercar la tributación del ahorro (hoy del 19% al 30%) a la del trabajo (3.3).
Para el ahorrador medio, este es el programa que más cambia las cosas. Cinco medidas le afectan directamente:

  1. Depósitos: subir el impuesto sobre los depósitos bancarios del 0,03% al 1% (3.1). Lo paga el banco, pero difícilmente se lo quedará: un 1% anual equivale a 100 euros por cada 10.000 euros depositados, y lo previsible es que acabe en menor remuneración o más comisiones. Si tienes dudas sobre cómo funcionan, repasa qué son los depósitos bancarios.
  2. Rentas del ahorro: acercarlas a la escala del trabajo significa que los intereses, dividendos y plusvalías de un ahorrador con ingresos medios podrían tributar a tipos marginales del 30% o el 37% en lugar del 19% o el 21%. Hoy la diferencia es grande, como explicamos en la fiscalidad de tus inversiones.
  3. Planes de pensiones: eliminar la deducción por aportaciones a planes individuales (3.3), que hoy permite reducir la base del IRPF hasta 1.500 euros al año. Es la ventaja que explica buena parte del atractivo de los planes de pensiones.
  4. Transacciones financieras: ampliar el impuesto a la renta fija (0,1%) y a los derivados (0,3%) (3.5).
  5. Patrimonio: bajar el umbral del impuesto de solidaridad a 1 millón alcanza a jubilados y profesionales con una vivienda y ahorros acumulados durante toda la vida, no solo a grandes fortunas. Hoy el impuesto de patrimonio depende mucho de la comunidad en la que vivas.
Hay un argumento de equidad detrás: que una renta de 50.000 euros pague menos si viene de dividendos que si viene de un sueldo es difícil de defender. Pero el conjunto penaliza precisamente lo que España necesita: que los hogares ahorren a largo plazo y dejen de concentrar su patrimonio en vivienda y depósitos.

¿Cuánto recaudaría? El programa solo cuantifica dos figuras: la contribución empresarial para vivienda (unos 1.000 millones) y un impuesto a la minería (más de 470 millones). Nuestra estimación de orden de magnitud para el conjunto, con supuestos generosos, es de 25.000 a 45.000 millones al año. Casi la mitad saldría del impuesto sobre los depósitos: aplicado sobre los más de 1,1 billones que tienen los hogares en el banco, más los de las empresas, el 1% daría sobre el papel hasta unos 14.000 millones. El resto depende de bases muy móviles. La experiencia reciente invita a la prudencia: el impuesto a las grandes fortunas recaudó 623 millones en su primer año, menos de la mitad de lo previsto, y en 2025 apenas 19 millones, porque las comunidades reactivaron su impuesto de patrimonio.

Gasto público: compromisos medidos en puntos de PIB

El programa fija sus grandes compromisos de gasto en porcentaje del PIB. Traducidos a euros, con un PIB en torno a 1,7 billones (el propio programa calcula 17.000 millones por cada punto):

Compromiso
Apartado
Hoy
Objetivo
Gasto adicional anual
Vivienda pública
1.1, 1.8
—
1% del PIB
Unos 17.000 millones (cifra del programa)
Financiación autonómica
11.1
—
+2,3% del PIB
Unos 38.000 millones (cifra del programa)
Ayuntamientos, primer tramo
12.1
—
+0,4% del PIB
6.000 millones (cifra del programa)
Sanidad pública
2.4
6,4% del PIB (2024)
8% del PIB
Unos 27.000 millones (Rankia)
Educación pública
2.5
4,48% del PIB (2024)
7% del PIB en 2030
Unos 43.000 millones (Rankia)
Dependencia
2.2
0,8% del PIB
1,7% del PIB en 2030
Unos 15.000 millones (Rankia)
Prestación por crianza de 200 euros al mes
2.1
—
Todos los menores
Unos 16.000 millones netos (cifra del programa); 19.276 brutos según el cálculo oficial
Pensión mínima igual al salario mínimo
4
12.441,8 euros al año
17.094 euros al año
Entre 5.000 y 10.000 millones (Rankia)
Ayuda al desarrollo
17.2
0,27% de la RNB
0,7% de la RNB
Unos 7.300 millones (Rankia)
Estimaciones de Rankia de orden de magnitud, no datos oficiales. Sanidad: Ministerio de Sanidad; educación: Ministerio de Educación; pensión mínima: 2,1 millones de pensiones con complemento a mínimos en marzo de 2026.

No todo se puede sumar: las comunidades gestionan el 93,6% del gasto sanitario y casi toda la educación, así que la nueva financiación autonómica sería en parte el canal para pagar esos objetivos. Por eso damos una horquilla. En la versión más prudente (la financiación autonómica sustituye a los objetivos de sanidad, educación y dependencia), el gasto adicional ronda los 90.000 millones al año, unos 5 puntos de PIB. Si los objetivos de servicios públicos se suman aparte, supera los 140.000 millones, unos 8 puntos.

A esto hay que añadir compromisos que no hemos podido cuantificar: volver a la jubilación ordinaria a los 65 años, la rehabilitación de 2,5 millones de viviendas en diez años con subvenciones del 80% al 95% (1.5), el 3,5% del PIB para la transición ecológica, la inversión pública en I+D hasta el 1,25% del PIB y las empresas públicas.

Vivienda: el programa más ambicioso, y el que más riesgo asume

La vivienda es el primer capítulo del programa, y se nota. Su apuesta central es acertada en el diagnóstico: España tiene en torno a un 3% del parque en vivienda social en alquiler, frente a cerca del 8% de media en la Unión Europea, y Frente Amplio propone dedicar el 1% del PIB al año a sumar 1,5 millones de viviendas públicas en 12 años (1.1).

El problema es la escala de ejecución. 1,5 millones en 12 años son 125.000 viviendas públicas al año, cuando en 2025 se terminaron en toda España unas 92.000 viviendas de todo tipo. Ni con todo el dinero del mundo se triplica la capacidad de construir en dos años sin suelo, sin licencias y sin trabajadores. Parte del objetivo depende, además, de expropiar viviendas a los grandes tenedores por fases (1.1), lo que exige pagar un justiprecio y abre un frente judicial de años.

El resto del paquete combina medidas razonables con otras de alto riesgo:

  • Límite del alquiler al 25% de la renta media de cada zona (1.3), con una rebaja media del 35% según el propio programa y otra del 30% en las ciudades de más de 200.000 habitantes. Es el control de rentas más duro de los que se han propuesto en España. La evidencia sobre controles moderados es mixta, pero con recortes de esta magnitud el riesgo de que una parte de los propietarios retire su vivienda del alquiler es alto, justo cuando el parque público tardaría años en llegar.
  • Impuesto del 10% sobre el valor de las viviendas de empresas y de particulares con cuatro o más (1.7), y recargos del 200% en el impuesto de transmisiones de la segunda vivienda y del 1.000% desde la tercera. Son medidas para desincentivar la inversión en vivienda, no para financiarla.
  • Contribución empresarial del 0,45% de la masa salarial para vivienda (1.7), unos 1.000 millones al año. Tiene precedentes en Europa, pero es un impuesto sobre el empleo.
  • Deducción de hasta 300 euros al mes para hipotecados con ingresos de hasta 21.600 euros que dediquen más del 40% a la cuota (1.4). Bien focalizada y de coste limitado.
En resumen, Frente Amplio acierta al poner la vivienda social en el centro y es el único que se acerca al tamaño del problema. Pero confía casi todo al Estado, que hoy no tiene capacidad para construir a ese ritmo, mientras sus medidas fiscales y de alquiler pueden reducir la oferta privada a corto plazo.

Empleo: más protección y más coste por hora trabajada

El programa propone la jornada de 37,5 horas de inmediato, con el objetivo de llegar a 32 sin bajar el salario; fijar por ley el salario mínimo en el 60% del salario medio neto; subir la prestación por desempleo al 80% de la base durante los seis primeros meses; y un gravamen del 30% para las grandes empresas que no suban los salarios con la inflación (4).

Pasar de 40 a 32 horas sin bajar el sueldo encarece la hora trabajada un 25%. Ningún país ha hecho algo así por ley de forma general, y en una economía con un paro del 10,18% y una productividad por hora en torno al 74% de la de los grandes países europeos, el riesgo de destruir empleo en las pymes y los servicios es evidente. A eso se suman la paga de beneficios obligatoria del 10%, la participación de la plantilla en el capital de las empresas de más de 25 trabajadores y un tercio de los consejos para la plantilla (13.1). Son ideas con defensores en el debate europeo, pero aplicadas a la vez y por ley pueden frenar la inversión y el crecimiento de las empresas, que es justo lo que le falta a España.

Pensiones: dar marcha atrás en la reforma

En pensiones, el programa va en dirección contraria a la sostenibilidad. Propone volver a la jubilación ordinaria a los 65 años (hoy es de 66 años y 10 meses para quien no tenga 38 años y 3 meses cotizados), bajarla a 60 en oficios penosos, eliminar los coeficientes reductores para quien tenga 40 años cotizados y garantizar una pensión mínima igual al salario mínimo (4). Además, quiere blindar la revalorización en la Constitución (18.1).

La pensión mínima de un jubilado de 65 años sin cónyuge es de 12.441,8 euros al año; el salario mínimo, de 17.094. Igualarlos cuesta, según cómo se aplique, entre 5.000 y 10.000 millones al año, porque hay 2,1 millones de pensiones con complemento a mínimos. Es una mejora real para muchos pensionistas con pensiones bajas, sobre todo mujeres. Pero rebajar la edad de jubilación cuando llega a la jubilación la generación del baby boom y hay 2,37 afiliados por pensionista es un coste permanente que pagarían los cotizantes actuales, y el programa no lo cuantifica.

Si quieres saber cuánto cobrarías con las reglas actuales, puedes calcular tu pensión de jubilación.

Familias: la prestación por crianza, la medida mejor diseñada

La Prestación Universal por Crianza de 200 euros al mes por cada menor de 18 años (2.1) es, junto con el parque público, lo mejor del programa. A diferencia del PSOE, Frente Amplio fija la cuantía, la paga como deducción reembolsable en el IRPF (llega también a quien no paga impuestos) y la implanta en tres fases: de 0 a 6 años el primer año, de 7 a 12 el segundo y de 13 a 18 al final de la legislatura. Las prestaciones universales por hijo funcionan en buena parte de Europa y tienen evidencia sólida contra la pobreza infantil, que en España supera el 33%.

El programa reconoce su coste, unos 16.000 millones netos, y asigna una fuente: un 3% anual sobre los patrimonios de más de 50 millones. Ahí está su debilidad. Ese impuesto afecta a un número muy reducido de contribuyentes con patrimonios muy móviles, y difícilmente recaudaría más de una fracción de lo que necesita la prestación.

Deuda y déficit: superar las reglas en lugar de cumplirlas

El programa propone superar el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que el BCE financie directamente a los Estados (17.3) y reformar el artículo 135 de la Constitución para que el pago de la deuda no tenga prioridad sobre otros gastos en situaciones de paro o pobreza elevados (18.1). No fija una senda de déficit ni de deuda.

Es una posición coherente con su modelo, pero las reglas europeas no dependen solo de España, y la financiación directa de los Estados por el BCE está prohibida por los tratados. Con unos ingresos nuevos de 25.000 a 45.000 millones y un gasto adicional de 90.000 a 140.000, el déficit podría pasar del 2,4% del PIB de 2025 a una horquilla de entre el 5% y el 9%, con una deuda que ya supera el 100% del PIB y unos intereses de más de 40.000 millones al año. El próximo Gobierno ya tiene que ajustar unos 10.700 millones en 2027 para cumplir. La cuestión no es si Bruselas lo aceptaría, sino a qué tipo de interés prestarían los inversores a un país que anuncia que deja de cumplir.

Empresas, productividad y energía: el Estado emprendedor

El capítulo 6 propone un «Estado emprendedor»: inversión en I+D del 3% del PIB en 2030, con un 1,25% pública; una agencia industrial pública a partir de la SEPI; un banco público de inversión y una banca postal con las acciones de CaixaBank que tiene el Estado. La apuesta por la I+D es correcta y España invierte poco, pero el resto del programa encarece el trabajo y el capital de las empresas que tendrían que aprovecharla.

En energía, propone una comercializadora pública, recuperar las redes de distribución, tres horas diarias de luz gratis en la franja solar y el cierre de Almaraz en 2027-2028 (5), antes de la prórroga hasta 2030 que ya se ha autorizado. Adelantar el cierre de una central nuclear cuando se busca electrificar la economía obligaría a cubrir esa producción con gas en las horas sin sol ni viento.

Las cuatro contradicciones del programa

  1. Más gasto que ingresos, sin reconocer el ajuste. Las promesas de gasto multiplican por tres o cuatro la recaudación de los nuevos impuestos, y la respuesta es cambiar las reglas, no las promesas.
  2. Más vivienda en alquiler con menos incentivos para alquilar. El parque público tardará años; el límite del 25% de la renta, los impuestos a los propietarios y las expropiaciones pueden reducir antes la oferta privada.
  3. Pleno empleo con un trabajo más caro. La jornada de 32 horas sin bajar el salario, la contribución sobre la masa salarial y la paga de beneficios suben el coste de contratar justo donde el paro es más alto.
  4. Proteger al ahorrador frente a gravar el ahorro. El programa quiere una banca pública con cuentas gratuitas, pero un impuesto del 1% sobre los depósitos y la eliminación de las ventajas del ahorro a largo plazo castigan precisamente al pequeño ahorrador.

Nuestra nota a los compromisos clave

Puntuamos de 1 (muy deficiente) a 5 (muy sólida) cinco dimensiones: diagnóstico, diseño, financiación, impacto y ejecución. Son valoraciones razonadas del equipo de análisis, no una media mecánica.

Compromiso
Diagnóstico
Diseño
Financiación
Impacto
Ejecución
1,5 millones de viviendas públicas con el 1% del PIB (1.1)
5
3
2
4
1
Prestación universal por crianza de 200 euros (2.1)
4
4
1
4
3
Duplicar la plantilla de la Agencia Tributaria en cuatro años (3.6)
4
4
4
3
3
Deducción de hasta 300 euros para hipotecados con rentas bajas (1.4)
3
3
3
2
4
Tipo mínimo efectivo del 20% en Sociedades (3.1)
3
3
3
3
3
Contribución empresarial del 0,45% de la masa salarial (1.7)
3
2
4
2
4
Financiación autonómica con un 2,3% del PIB más (11.1)
3
2
1
3
2
Pensión mínima igual al salario mínimo y jubilación a los 65 (4)
2
2
1
2
2
Alquiler limitado al 25% de la renta media (1.3)
4
1
—
2
2
Impuesto sobre los depósitos del 1% (3.1)
2
1
3
1
4
Jornada de 32 horas sin bajar el salario (4)
2
1
—
1
1
Superar las reglas fiscales y reformar el artículo 135 (17.3, 18.1)
2
1
1
1
1

Las preguntas que Frente Amplio debería responder

  1. ¿Cuánto recaudaría, una a una, cada figura de su reforma fiscal, y cuánto suma el gasto adicional de su programa?
  2. Si Bruselas no acepta superar las reglas fiscales, ¿qué promesas aplazaría primero?
  3. ¿Quién construiría 125.000 viviendas públicas al año, en qué suelo y con qué trabajadores?
  4. ¿Qué haría si el límite del alquiler al 25% de la renta reduce la oferta antes de que llegue el parque público?
  5. ¿Cómo evitaría que el impuesto del 1% sobre los depósitos acabe pagándolo el pequeño ahorrador?
  6. ¿Qué estudio respalda que la jornada de 32 horas sin bajar el salario no destruiría empleo en las pymes?
  7. Con 2,37 afiliados por pensionista, ¿cómo se paga volver a la jubilación a los 65?

Valoración: el diagnóstico social más completo, el plan fiscal menos realista

Frente Amplio tiene el mérito de mirar de frente dos de los grandes problemas del país: la falta de vivienda asequible y la pobreza infantil. Su parque público, su prestación por crianza y el refuerzo de la Agencia Tributaria son las medidas con más capacidad de mejorar el bienestar a 10-20 años, y su programa es más transparente que los demás en las cifras de gasto.

Su debilidad es que no elige. Promete a la vez el mayor aumento del gasto público de los cuatro grandes programas, una reducción de la jornada sin bajar los salarios, rebajar la edad de jubilación y una fiscalidad del ahorro más dura, y resuelve la diferencia proponiendo cambiar las reglas fiscales europeas. Si el PP baja impuestos sin decir qué gasto recorta y el PSOE sube gasto con impuestos que recaudan poco, Frente Amplio lleva esa lógica hasta el final: un programa que, aplicado tal cual, exigiría un endeudamiento que España no puede asumir sin pagarlo en tipos de interés, y que pagarían sobre todo las generaciones que vienen.

Preguntas frecuentes

¿Qué propone Frente Amplio en impuestos?

Un tipo mínimo efectivo del 20% en Sociedades para grandes grupos, gravámenes a banca y energéticas, un impuesto del 1% sobre los depósitos bancarios, rebajar a 1 millón el umbral del impuesto a las grandes fortunas, un impuesto estatal a las herencias de más de 1 millón, un IRPF del 52% desde 300.000 euros y más bajo para salarios de hasta 27.000, y acercar la tributación del ahorro a la del trabajo.

¿Cuánto cuesta el programa de Frente Amplio?

El programa no da un total. Según las estimaciones de Rankia, sus compromisos de gasto suman entre 90.000 y 140.000 millones al año a pleno rendimiento, frente a unos ingresos nuevos de 25.000 a 45.000 millones con supuestos generosos.

¿Cómo afecta el programa de Frente Amplio al ahorrador?

Es el que más le afecta: propone subir el impuesto sobre los depósitos del 0,03% al 1%, acercar la tributación de intereses, dividendos y plusvalías a la del trabajo, eliminar la deducción por aportaciones a planes de pensiones individuales y ampliar el impuesto sobre transacciones financieras a bonos y derivados.

¿Qué propone Frente Amplio en vivienda?

Dedicar el 1% del PIB al año a sumar 1,5 millones de viviendas públicas en 12 años, limitar el alquiler al 25% de la renta media de cada zona, un impuesto del 10% sobre las viviendas de empresas y multipropietarios, expropiar a los grandes tenedores por fases y una deducción de hasta 300 euros al mes para hipotecados con rentas bajas.

¿Qué pasa con las pensiones en el programa de Frente Amplio?

Propone volver a la jubilación ordinaria a los 65 años, una pensión mínima igual al salario mínimo y blindar la revalorización en la Constitución. No incluye medidas de sostenibilidad ni cuantifica su coste.

Metodología y fuentes

Analizamos el texto íntegro del programa de Frente Amplio (copia publicada por Demócrata) con la misma metodología que aplicamos a todos los partidos. Las estimaciones propias se basan en datos oficiales y se presentan como órdenes de magnitud.

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  1. #1
    22/11/26 19:52
    Afortunadamente, estos purrias, nunca nos "desgobernaran", es muy facil hacer un programa tan demagogico como este, que nunca se llevara a cabo, peros vamos, estos , su unica pretension es "colocar" a los maximos posibles de incompetentes que estan de palmeros de los 4 que no han dado ni daran un palo en su vida.  A ver si hay suerte y se van pronto al carajo.