Durante las dos próximas semanas los partidos van a prometer más viviendas, menos impuestos, mejores pensiones y más médicos. Antes de comparar esas promesas conviene hacerse otra pregunta: ¿cuáles son los problemas que tendrá que resolver cualquier Gobierno que salga de las urnas el 29 de noviembre, sea del color que sea? Este artículo responde a esa pregunta con datos oficiales. No habla de ningún partido. Es la vara de medir con la que, a partir de esta semana, analizaremos sus programas.
En Rankia vamos a analizar los programas económicos de las elecciones generales con un criterio sencillo: qué necesita España para que sus ciudadanos vivan mejor dentro de 10 o 20 años, y qué medidas contribuyen de verdad a ello. Para eso hace falta empezar por el diagnóstico. Si no sabemos dónde están los problemas, cualquier promesa parece buena.
La foto de partida tiene dos caras. La buena: España crece más que Europa (el Banco de España prevé un 2,6% en 2026), nunca ha tenido tantos ocupados y el déficit público ha bajado. La menos buena: ese crecimiento se explica sobre todo porque somos más, no porque cada trabajador produzca más. Y debajo de las cifras agregadas hay cuatro problemas que empeoran solos si nadie los ataca: la vivienda, las cuentas públicas, la productividad y el reparto entre generaciones que esconden las pensiones.
Una advertencia antes de empezar: el próximo Gobierno no llega con las manos libres. Tendrá que encontrar unos 10.000 millones en su primer presupuesto solo para cumplir las reglas fiscales europeas, antes de pagar ninguna promesa nueva. Lo explicamos en el apartado de cuentas públicas, y es probablemente el dato que más ayuda a leer con espíritu crítico los programas.
Puedes consultar qué propone cada partido en nuestra página de seguimiento de los programas electorales del 29-N.
1. Vivienda: faltan casas, y eso lo explica casi todo
La vivienda es el problema económico más urgente del país y el que ha precipitado estas elecciones: el Congreso tumbó los decretos de vivienda del Gobierno. Pero el debate político suele centrarse en los síntomas (precios y alquileres) y no en la causa: en España se forman muchos más hogares de los que se construyen viviendas.
En 2025 se crearon unos 240.000 hogares y se terminaron unas 92.000 viviendas. El Banco de España calcula que entre 2021 y 2025 se ha acumulado un déficit de unas 750.000 viviendas, la mitad en seis provincias (Madrid, Barcelona, Alicante, Valencia, Murcia y Málaga), y prevé que llegue al millón en 2028. Con esa escasez, el precio solo puede hacer una cosa: subir. El Índice de Precios de Vivienda del INE marcó un +12,7% en 2025 y un +12,2% interanual en el segundo trimestre de 2026.
Indicador |
Dato |
Periodo |
Fuente |
|---|---|---|---|
Déficit acumulado de viviendas |
~750.000 |
2021-2025 |
Banco de España |
Precio de la vivienda |
+12,2% interanual |
2.º trimestre 2026 |
|
Edad media de emancipación |
30 años (UE: 26,2) |
2024 |
Eurostat |
Vivienda social en alquiler |
~3,3% del parque (UE: ~8%) |
Último dato |
|
Hogares jóvenes propietarios |
~30% (70% en 2011) |
Reciente |
Banco de España |
Por qué importa más allá del precio. La vivienda cara retrasa la emancipación, retrasa (o elimina) la decisión de tener hijos, impide que los trabajadores se muden a las ciudades donde está el empleo mejor pagado y convierte la herencia en el principal camino para tener patrimonio. Es el problema que conecta casi todos los demás.
Las causas, separadas. Hay cuatro y conviene no mezclarlas: una demanda que crece más que la oferta (inmigración, hogares más pequeños, compradores no residentes y uso turístico en algunas zonas); una oferta bloqueada por la falta de suelo urbanizable, los plazos urbanísticos y la escasez de mano de obra; un parque público raquítico, porque durante décadas la vivienda protegida perdió su calificación y acabó en el mercado libre; y la inseguridad regulatoria en el alquiler, cuyo efecto sobre la oferta es discutido y analizaremos con evidencia.
La pregunta para cualquier programa: ¿cuántas viviendas adicionales genera la medida, dónde y en cuánto tiempo? Una ayuda que da dinero para comprar o alquilar sin aumentar la oferta tiende a acabar en el precio: el vendedor o el casero capturan buena parte de la ayuda. Y como el suelo y el urbanismo son competencia de comunidades y ayuntamientos, también hay que preguntar qué puede hacer realmente el Gobierno central. Si estás pensando en comprar, repasa las ayudas para comprar vivienda siendo joven que existen hoy.
2. Cuentas públicas: el próximo Gobierno empieza con 10.000 millones de deuda pendiente con Bruselas
Las cuentas públicas han mejorado, pero gracias al crecimiento y no a reformas. El déficit bajó del 3,2% del PIB en 2024 al 2,4% en 2025 (2,2% sin el gasto extraordinario de la DANA), y la deuda, del 101,6% al 100,7% del PIB. Sigue muy por encima de la media de la zona euro (87,4%).
Hay un dato que lo resume todo: en 2025 el Estado pagó 40.314 millones en intereses, el 2,39% del PIB, prácticamente lo mismo que el déficit. Dicho de otro modo, si no tuviéramos deuda acumulada, las cuentas estarían en equilibrio. Todo el déficit actual es la factura de los déficits pasados.
El problema inmediato: las reglas europeas. Desde 2024, Bruselas ya no mira tanto el déficit de cada año como el ritmo al que crece el gasto público (sin contar intereses ni partidas que dependen del ciclo). España se comprometió a que ese gasto creciera en torno a un 3,4% anual entre 2025 y 2028. La AIReF, el organismo independiente que vigila las cuentas públicas, calcula que, si nadie hace nada, crecerá un 5%. Para cumplir hacen falta ajustes del 0,6% del PIB en 2027 (unos 10.700 millones) y del 0,3% en 2028, incluso descontando el gasto en defensa.
Traducido: el primer presupuesto del próximo Gobierno tendrá que subir ingresos o contener gastos en unos 10.000 millones antes de financiar ninguna promesa. Para hacerse una idea de la magnitud, equivale a casi tres cuartas partes de lo que cuesta una sola nómina mensual de pensiones contributivas (14.540 millones en octubre de 2026).
El problema de fondo: el envejecimiento. A políticas constantes, la AIReF proyecta que la deuda vuelva a crecer a partir de 2035 hasta rondar el 123% del PIB en 2050, y que los intereses pasen del 2,4% al 4,4% del PIB. En 2050 pagaríamos más en intereses que en educación.
La pregunta para cualquier programa: ¿reconoce este ajuste y explica cómo lo hará? Una rebaja fiscal o un gasto nuevo que no dice con qué se paga no es «viable»: es, como mínimo, «no evaluable». Y decir que «se pagará con el crecimiento» exige explicar cuánto crecimiento adicional haría falta y por qué iba a producirse.
Para el ahorrador. La deuda pública no es solo un asunto de políticos. Una deuda alta deja menos margen para bajar impuestos en el futuro, encarece la financiación si los mercados desconfían (la prima de riesgo) y hace más probable que las rebajas de hoy se conviertan en subidas de mañana.
3. Productividad: crecemos porque somos más, no porque producimos mejor
Este es el problema menos visible y probablemente el más importante a largo plazo. La productividad (lo que se produce por cada hora trabajada) decide cuánto pueden subir los salarios sin destruir empleo y cuánto puede recaudar el Estado sin subir impuestos.
Los datos son claros. El Banco de España prevé que el PIB crezca un 2,6% en 2026, pero el FMI calcula que el PIB por habitante solo subirá un 0,9%, por debajo de la zona euro. La diferencia la explica el aumento de la población. Según el Banco de España, en 2025 el PIB por habitante español era el 82% del de las cuatro grandes economías del euro, frente al 79% de 2000: un cuarto de siglo para ganar tres puntos. Y la producción por hora sigue en torno al 74% de la de las ocho economías líderes de la UE (BBVA Research).
Por qué ocurre. Las causas son conocidas y poco espectaculares: un tejido de empresas muy pequeñas, que invierten, exportan e innovan menos; un gasto en I+D del 1,50% del PIB (máximo histórico, pero lejos del 2,24% de la UE); un empleo que ha crecido sobre todo en sectores de baja productividad, como la hostelería o los servicios personales; y una regulación fragmentada entre administraciones que penaliza a las empresas que quieren crecer.
Y los salarios. El salario bruto medio fue de 29.540 euros en 2024, pero el más frecuente se quedó en 16.520: la mayoría cobra bastante menos que la media. La OCDE estima que el salario real (descontada la inflación) está hoy un 2% por debajo de hace cinco años, mientras que en el conjunto de la OCDE ha subido un 4,9%. Ninguna ley puede subir los salarios de forma sostenida si la productividad no acompaña.
La pregunta para cualquier programa: ¿qué medidas aumentan lo que se produce por hora, y no solo el número de personas trabajando? Las respuestas suelen ser poco electorales (competencia, tamaño de las empresas, formación, unidad de mercado, evaluación del gasto), y por eso suelen ocupar poco espacio en los programas.
4. Pensiones y demografía: el mejor momento justo antes de la prueba más dura
El sistema de pensiones vive un buen momento coyuntural. Hay 2,37 afiliados por cada pensionista, una de las mejores proporciones en décadas, gracias sobre todo al empleo de los trabajadores inmigrantes. Pero llega justo antes de su prueba más dura: la jubilación de la generación del baby boom, los nacidos entre finales de los cincuenta y los setenta, que se concentra en esta década y la siguiente.
Indicador |
Dato |
Periodo |
|---|---|---|
Nómina mensual de pensiones contributivas |
14.540 millones (+6,3% interanual) |
Octubre 2026 |
Número de pensiones |
10,57 millones |
Octubre 2026 |
Pensión media de jubilación |
1.577,6 euros/mes (+4,5%) |
Octubre 2026 |
Transferencias del Estado a la Seguridad Social |
47.815 millones (20% de sus ingresos) |
2025 |
Hijos por mujer |
1,10 (mínimo histórico de nacimientos desde 1941) |
2024 |
Mayores de 65 años |
21,1% de la población; 30,9% previsto en 2076 |
Proyección INE |
El gasto crece más rápido que los ingresos, y la diferencia la cubre cada vez más el Estado con impuestos o deuda. La AIReF certifica que se cumple la regla de gasto de pensiones aprobada en 2023, pero advierte de que eso no garantiza la sostenibilidad del sistema: a políticas constantes, los ingresos previstos no bastan sin aumentar la deuda.
La inmigración, incómoda para todos. La población nacida en España disminuye cada trimestre; la que crece es la nacida en el extranjero (el 20,7% de los residentes). Eso tiene una implicación incómoda para cada lado del debate. Para quien quiere restringir la inmigración: sin ella, la proporción de cotizantes por pensionista caería y el agujero llegaría antes. Para quien la presenta como la solución: si se concentra en empleos de baja productividad, aumenta el PIB pero no la renta por habitante, presiona sobre la vivienda y genera derechos de pensión futuros.
La equidad entre generaciones. En 2026 las pensiones se revalorizaron un 2,7%, igual que el IPC medio del año anterior. Hay buenas razones para proteger el poder adquisitivo de un colectivo que no tiene otra renta. Pero mientras tanto el salario real de los trabajadores está por debajo de hace cinco años, y son ellos, con salarios bajos y vivienda cara, quienes sostienen el sistema. Ningún programa serio debería esquivar esa tensión.
La pregunta para cualquier programa: cada euro de pensión prometido, ¿quién lo paga y cuándo? ¿Los cotizantes actuales, los contribuyentes o la deuda que pagarán los jóvenes? Si quieres entender qué papel juega la pensión pública en tus finanzas, lee La pensión pública, tu mayor activo.
5. Empleo: récord de ocupados y, a la vez, uno de los paros más altos de Europa
España nunca ha tenido tantas personas trabajando: 22,85 millones en el tercer trimestre de 2026, según la EPA del INE. Y, sin embargo, la tasa de paro sigue en el 10,18%, con 2,59 millones de parados. En junio de 2026 era la segunda más alta de la UE, con la zona euro en el 6,3%, y entre los jóvenes llegaba al 23,4% (Eurostat).
Que convivan el récord de empleo y un paro alto indica que el problema es estructural: hay un núcleo de personas, muchas con baja formación o en regiones con poco tejido productivo, que no encuentra empleo ni con la economía creciendo, mientras las empresas declaran vacantes difíciles de cubrir. La reforma laboral de 2021 redujo la temporalidad, pero no ha resuelto este núcleo. Los servicios públicos de empleo siguen siendo poco eficaces para casar a quien busca con quien ofrece.
A esto se suma que el salario mínimo (1.221 euros al mes en 14 pagas en 2026) ha subido mucho más que el resto de salarios y ronda ya el 50% del salario medio. Ha mejorado los ingresos de los trabajadores peor pagados, pero también ha comprimido la escala salarial por abajo. Su efecto sobre el empleo de baja cualificación es uno de los debates que habrá que mirar con datos y no con eslóganes.
La pregunta para cualquier programa: ¿qué propone para el parado de larga duración y para el joven sin titulación, más allá de bonificar contratos? Las bonificaciones a la contratación tienen una larga historia en España, y la AIReF, al evaluarlas en su revisión del gasto de 2020, concluyó que su impacto sobre el empleo es modesto y que en ningún caso sustituyen a las reformas estructurales.
6. Impuestos: dos lecturas, y las dos son ciertas
En el debate fiscal español cada bando suele quedarse con la mitad de los datos que le conviene. Los dos tienen parte de razón.
- «España recauda menos que Europa.» Cierto: los ingresos tributarios, incluidas las cotizaciones sociales, fueron el 37,8% del PIB en 2025, frente al 40,3% de la zona euro (Comisión Europea).
- «La carga fiscal no para de subir.» También cierto: España es el país de la UE donde más ha aumentado la presión fiscal en la última década, 2,9 puntos de PIB, y la subida se explica casi por completo por los impuestos sobre el trabajo.
Parte de ese aumento ha llegado sin cambiar ninguna ley. La tarifa del IRPF no se actualiza con la inflación, así que cuando un salario sube solo para compensar la subida de precios, una parte mayor tributa a tipos más altos. La OCDE calculó que en 2025 ese efecto se comió la pequeña ganancia real del salario medio. Es una subida de impuestos silenciosa, que nadie vota.
Por eso en Rankia no evaluaremos las propuestas fiscales por si «bajan» o «suben» impuestos en abstracto, sino por tres preguntas: quién paga más y quién menos, cuánto cuesta o cuánto recauda de verdad, y cómo afecta a las ganas de trabajar, ahorrar e invertir. Para responderlas usaremos nueve hogares tipo (del trabajador con el salario mínimo al ahorrador con fondos y plan de pensiones) y calcularemos qué cambiaría en su bolsillo con cada programa. Cuando un partido no concrete tipos ni tramos, lo diremos en lugar de inventar el cálculo.
7. Los otros frentes: energía, educación, sanidad y el Estado que no aprueba presupuestos
Energía: una ventaja que no llega a la industria. Las renovables generaron el 56% de la electricidad en 2025 y el precio mayorista español (65,28 euros/MWh de media) fue muy inferior al alemán (89,32), según la CNMC. Pero esa ventaja no se ha traducido en más industria: la manufactura pesa el 11,8% del valor añadido, frente al 15,6% de la UE. Faltan redes eléctricas, almacenamiento e interconexiones. Y el debate nuclear ya ha cambiado: Almaraz está prorrogada hasta junio de 2030; la cuestión real es qué pasa con el resto de centrales entre 2030 y 2035 y quién paga la factura. A todo ello se suma el encarecimiento de la energía por la guerra en Oriente Medio, que explica buena parte de la inflación del 4,9% de octubre (dato adelantado del INE).
Educación: muchos titulados, pocos empleos que los aprovechen. El abandono escolar temprano bajó al 12,8% en 2025, un mínimo histórico pero aún lejos del objetivo europeo del 9%. Al mismo tiempo, el 34% de los trabajadores con estudios superiores ocupa empleos que no los requieren, la tasa más alta de la UE. Sobran jóvenes sin titulación y sobran titulados sin empleo cualificado.
Sanidad y dependencia: el problema es la gestión, no solo el dinero. A final de 2025 había 853.509 pacientes esperando una operación no urgente, una cifra récord, con una espera media de 121 días. En dependencia, el tiempo medio de tramitación es de 314 días frente a los 180 que fija la ley. Ambas son competencias que gestionan las comunidades autónomas, así que las promesas estatales solo se cumplirán si se pactan con ellas.
Instituciones: un país sin presupuestos. La legislatura que termina es la primera de la historia sin ningún presupuesto general del Estado aprobado: seguimos con las cuentas de 2023. A eso se suman un modelo de financiación autonómica caducado desde 2014 y una condonación de 83.252 millones de deuda autonómica que traslada la deuda de las comunidades al Estado. Es probable que estos asuntos territoriales decidan la investidura, y su coste económico debe estar sobre la mesa.
8. Por dónde debería empezar cualquier Gobierno responsable
Todos los problemas anteriores son reales, pero el margen fiscal y político de una legislatura es limitado. Este es nuestro orden de prioridades, con dos criterios: cuánto empeora el problema si nadie actúa en los próximos cuatro años, y cuánto pesa en el bienestar de los próximos 10-20 años. Es una valoración del equipo de análisis de Rankia, no un dato.
# |
Problema |
Prioridad |
Qué exigiremos a cada programa |
|---|---|---|---|
1 |
Vivienda |
Muy alta |
Cuántas viviendas añadidas, dónde, en qué plazo y con qué competencias |
2 |
Déficit, deuda y reglas fiscales |
Muy alta |
Cómo cumplir con Bruselas y pagar las promesas a la vez |
3 |
Productividad |
Muy alta |
Medidas que aumenten lo producido por hora, no solo el empleo |
4 |
Pensiones |
Muy alta |
Quién paga y cuánto: cotizantes, impuestos o deuda |
5 |
Empleo, paro y salarios |
Alta |
Efecto sobre el empleo poco cualificado y el salario real |
6 |
Fiscalidad |
Alta |
Quién gana y quién pierde, coste real y efecto en incentivos |
7 |
Demografía e inmigración |
Alta |
Coherencia entre política migratoria, pensiones y vivienda |
8 |
Pobreza y desigualdad |
Alta |
Si las ayudas llegan a quien las necesita |
9 |
Ahorro y patrimonio de los hogares |
Alta |
Efecto sobre el ahorro de los menores de 40 |
10 |
Educación, energía, sanidad, burocracia e instituciones |
Media a media-alta |
Objetivos medibles y acuerdos con las comunidades |
Cinco preguntas para leer cualquier programa electoral
No hace falta ser economista para examinar una promesa electoral. Basta con hacerle estas cinco preguntas:
- ¿Cuánto cuesta y quién lo paga? Si el programa no lo dice, desconfía. Recuerda que antes de cualquier promesa ya hay un ajuste pendiente de unos 10.000 millones.
- ¿Ataca la causa o el síntoma? Dar dinero para comprar vivienda no crea viviendas; construirlas, sí.
- ¿Quién gana y quién pierde? Toda medida tiene perdedores, aunque no aparezcan en el titular. A menudo son los jóvenes o los que todavía no votan.
- ¿Quién tiene la competencia? Muchas promesas sobre vivienda, sanidad o educación dependen de comunidades y ayuntamientos.
- ¿Seguirá siendo buena idea dentro de diez años? Una medida que da beneficios hoy y traslada la factura al futuro es cómoda para quien gobierna, pero cara para quien viene detrás.
Con estas preguntas analizaremos, partido por partido, los programas del 29-N. Los iremos publicando en nuestra página de seguimiento de los programas electorales a medida que estén listos.
Preguntas frecuentes
¿Cuáles son los principales problemas económicos de España en 2026?
Según nuestro diagnóstico, cuatro: la falta de vivienda (un déficit de unas 750.000 viviendas, según el Banco de España), unas cuentas públicas con poco margen (deuda del 100,7% del PIB y un ajuste de unos 10.000 millones pendiente para 2027), una productividad estancada y la sostenibilidad de las pensiones ante la jubilación del baby boom. A ellos se suman un paro estructural del 10% y una pobreza infantil superior al 33%.
¿Por qué el próximo Gobierno tendrá que ajustar 10.000 millones?
Porque las reglas fiscales europeas limitan cuánto puede crecer el gasto público. España se comprometió a un crecimiento de en torno al 3,4% anual y, sin medidas, crecería un 5%. La AIReF calcula que cerrar esa brecha exige un ajuste del 0,6% del PIB en 2027, unos 10.700 millones.
¿Es alta la deuda pública de España?
Sí. Cerró 2025 en el 100,7% del PIB, frente al 87,4% de la zona euro. Solo en intereses se pagaron 40.314 millones, casi lo mismo que el déficit de ese año.
¿Por qué sube tanto el precio de la vivienda?
Sobre todo porque se forman muchos más hogares de los que se construyen viviendas: en 2025, unos 240.000 hogares nuevos frente a unas 92.000 viviendas terminadas.
¿Analiza Rankia los programas de todos los partidos?
Sí. Analizaremos con la misma metodología los programas de PP, PSOE, Vox, Frente Amplio y Podemos, y con fichas más breves los de los partidos territoriales con representación. Rankia no tiene afinidad con ningún partido y ningún anunciante influye en estos análisis.
Metodología y fuentes
Este artículo resume el diagnóstico económico que sirve de base al análisis independiente de los programas electorales que publicará Rankia antes del 29-N. Los datos proceden de fuentes oficiales y de centros de estudios independientes; cuando una cifra es una previsión o una estimación, se indica. El orden de prioridades es una valoración propia del equipo de análisis.
- INE: EPA del tercer trimestre de 2026, Índice de Precios de Vivienda, Movimiento Natural de la Población 2024, Proyecciones de Población 2026-2076, Encuesta de Condiciones de Vida 2025, Estadística de I+D 2024.
- Banco de España: proyecciones del tercer trimestre de 2026 e Informe Anual 2025 (déficit de vivienda).
- Ministerio de Hacienda: Informe de Progreso Anual 2026 del Plan Fiscal.
- AIReF: informe sobre el cumplimiento de las reglas fiscales en 2027-2028, regla de gasto de pensiones y sostenibilidad a largo plazo y revisión del gasto sobre incentivos a la contratación.
- OCDE: Employment Outlook 2026, nota sobre España. Comisión Europea: Annual Report on Taxation 2026.
- Seguridad Social: pensiones, octubre de 2026.
- Ministerio de Sanidad: listas de espera, diciembre de 2025.
- CNMC, Agencia Internacional de la Energía, Funcas, BBVA Research, Fundación BBVA/Ivie, Instituto Santalucía, Eurostat y FMI.