Blog de Consumerista

Tras la sentencia del Tribunal Supremo de 4 de marzo de 2020 sobre la posible usura de las tarjetas de crédito y otras formas de crédito revolving, hemos ganado una serie de sentencias que aclaran algunas cuestiones dudosas.

El Juzgado de 1ª Instancia nº 6 de Oviedo ha dictado sentencia de fecha 27 de abril de 2020 que estima nuestra demanda de nulidad por falta de transparencia del clausulado multidivisa de un préstamo hipotecario concedido por Bankinter para la compra de una vivienda.

Tras la publicación de la sentencia del TJUE de 3 de marzo de 2020 sobre el IRPH, los tribunales españoles han empezado a resolver los casos que tenían pendientes de sentencia a la luz de la doctrina que ha establecido el TJUE. Pueden consultarse en la web de Asufin.

La Audiencia Provincial de Asturias ha dictado dos nuevas sentencias que confirman la nulidad, ya acordada por el Juzgado de 1ª Instancia, del clausulado multidivisa de sendos préstamos hipotecarios concedidos por Bankinter.

El Tribunal Supremo dictó una sentencia de fecha 25 de octubre de 2019 por la que confirma la estimación de una demanda presentada por una asociación de consumidores y declara la nulidad por ser abusiva.

Las conclusiones que ha presentado el Abogado General en la cuestión prejudicial planteada ante el TJUE sobre el IRPH incluye varios pasajes y razonamientos que son muy relevantes para este caso y, en algún caso, también para la defensa de los consumidores en general.

En un reciente artículo de este blog expliqué las características básicas de los depósitos estructurados, contratos financieros atípicos o contratos de compra-venta de opciones, así como una serie de aspectos sobre los que los bancos que los comercializan deberían informar para que los...

La lectura de las tres sentencias del Pleno de la Sala Tercera del Tribunal Supremo sobre la cuestión de quién es el sujeto pasivo en el impuesto sobre los actos jurídicos documentos en su aplicación a las escrituras de préstamo hipotecario provocan desazón para cualquier ciudadano responsable.

Tras la publicación de la sentencia que anuló el precepto del Reglamento del impuesto sobre los actos jurídicos documentados, me pronuncié favorablemente sobre la posibilidad de que pudiera reclamarse al prestamista el reembolso de la cantidad pagada por la cuota de tal impuesto.

Entre los muchos productos e instrumentos financieros diseñados por la banca para que sus clientes inviertan sus ahorros se encuentran una amplia gama de depósitos y bonos estructurados, y los contratos financieros atípicos (CFAs), que luego han pasado a denominarse contratos de compra-venta de...

La Sección 5ª de la Audiencia Provincial de Asturias ha dictado la sentencia de 3 de octubre de 2018 que confirma la sentencia del Juzgado de 1ª Instancia nº 8 de Oviedo de 2 de mayo de 2018 que anuló una compra de acciones del Banco Popular en la ampliación de capital de 2016.

Una nueva sentencia, del 3 de septiembre de 2018, dictada por el Juzgado de 1ª Instancia nº 3 de Gijón, anula una compra de acciones realizada en el marco de la ampliación de capital de 2016. A la vista de la amplia documental presentada con la demanda y en la audiencia previa, en particular el informe pericial de Prosper Lamothe (además de una mención a los hechos que son de público...

El Juzgado de 1ª Instancia nº 11 de Oviedo ha dictado la primera sentencia, de fecha 23 de marzo de 2018, acordando la nulidad de cuatro compras de acciones del Banco Popular Español: una compra realizada en junio de 2016, en el marco de la ampliación de capital que se produjo en esas fechas; y otras tres realizadas por la misma persona entre octubre y noviembre de 2016.

Una duda que plantean recurrentemente los afectados por diferentes productos financieros o por cláusulas abusivas o no transparentes (y también por cualquier otro tipo de problema con diferentes sociedades) es el plazo que tienen para reclamar; es una cuestión compleja que mucho profesionales de la justicia no tienen claro.

El pasado mes de diciembre informaba de que había obtenido la primera sentencia que anulaba la compra de obligaciones subordinadas del Banco Popular, estimando una demanda presentada tras la intervención de dicho Banco que dio lugar a la pérdida de las cantidades invertidas en acciones y en estas obligaciones subordinadas.