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Blog de Consumerista

Reflexiones sobre consumo, responsabilidad civil, sanidad, medioambiente y ciudadanía.

Anulación de la compra de bonos convertibles de BMN, hoy Bankia

A finales de 2011 Banco Mare Nostrum (BMN) realizó una emisión de bonos convertibles en acciones, con un nominal de 150.000 € por bono. Como en el caso de las demás cajas de ahorros y bancos que emitieron participaciones preferentes, obligaciones subordinadas y bonos convertibles, la razón era que la entidad debía mejorar sus ratios de capitalización y solvencia, muy dañadas tras el estallido de las burbujas inmobiliarias y de crédito y de la crisis financiera. Ahora bien, mientras el resto de entidades dirigieron directamente sus emisiones a sus clientes minoristas, BMN dirigió su emisión a inversores profesionales; esta decisión, que en principio es correcta porque se trata de productos que sólo se deberían vender a profesionales, sin embargo parece sorprendente en el marco del esperpento que fueron estos años de crisis porque los mercados mayoristas estaban prácticamente cerrados para las entidades financieras españolas, ya que los inversores profesionales conocían la delicada situación en que se encontraban y no querían arriesgar su capital en ellas. Por ello, BMN no pudo completar la venta de los bonos que había emitido y se tuvo que quedar con los bonos sobrantes, que a continuación colocó a sus clientes con las mismas prácticas seguidas por el resto de entidades: incumplimiento de la obligación previa de evaluar a sus clientes (test de idoneidad); no se entrega información precontractual; recomendación de inversión fundamentada en la elevada retribución del bono, con ocultación de que con su compra se pasaba de ser acreedor ordinario de la entidad a garante de su solvencia ya que se estaban aportando los ahorros de los clientes a sus reservas de capital.   Leer más

Sentencias sobre la compra de acciones del Banco Popular

Una nueva sentencia, del 3 de septiembre de 2018, dictada por el Juzgado de 1ª Instancia nº 3 de Gijón, anula una compra de acciones realizada en el marco de la ampliación de capital de 2016. A la vista de la amplia documental presentada con la demanda y en la audiencia previa, en particular el informe pericial de Prosper Lamothe (además de una mención a los hechos que son de público conocimiento), considera probado que la información que el Banco publicó con ocasión de la ampliación de capital no era veraz y que las expectativas de obtener beneficios y pagar dividendos que anunciaba no podían ser ciertas.

En contraste con ello, la sentencia de 16 de julio de 2018 de la Sección 6ª de la Audiencia Provincial de Oviedo ha revocado la primera de las sentencias que obtuve sobre esta materia, la de 23 de marzo de 2018, de modo que considera válida la compra de las acciones, aunque sí mantiene la nulidad de la compra de obligaciones subordinadas. Considera esta sentencia que no existen pruebas definitivas de la falta de veracidad de las cuentas del Banco Popular como las que existieron en el caso de Bankia y aduce que el declive del Banco pudo deberse a las razones que aducía éste en su defensa. Curiosamente, la sentencia “olvida” mencionar o examinar los numerosos documentos presentados con la demanda y rechaza el valor de la pericial por el simple hecho de que no se hubiese ratificado en el acto del juicio, ratificación que viene siendo rechazada por muchos jueces por considerarla innecesaria; y a pesar de que el Juez de instancia sí había admitido la prueba y la tuvo en cuenta, con menciones relevantes, en su sentencia.   Leer más

Tercera sentencia que anula la compra de obligaciones subordinadas del Banco Popular Español

El Juzgado de 1ª Instancia de Cangas de Onís ha dictado sentencia de 5 de julio de 2018 por la que anula la compra de obligaciones subordinadas por un matrimonio; es la tercera sentencia que obtengo sobre este producto del Banco Popular, tras la de 5 de diciembre de 2017 y la de 23 de febrero de 2018, ambas del Juzgado de 1ª Instancia nº 11 de Oviedo.

La sentencia constata una vez más las malas prácticas del Banco al colocar estos productos, con infracción descarada de las normas de protección al cliente. No sólo no hay una información clara y veraz sobre el riesgo del producto, particularmente en una situación de crisis financiera en que los ahorros de los clientes se destinan a garantizar la solvencia del Banco, cuando éste tiene los mercados mayoristas en que habitualmente se financiaba cerrados y sus emisiones están calificadas como “bono basura”; sino que además se crea un documento en que se dice que el Banco evaluó la conveniencia de la contratación (no la idoneidad, a pesar de que la iniciativa de la contratación partió del Banco) y resultó negativa, a pesar de lo cual se continúa con la operación; sin embargo, no existe el test por el que supuestamente se habría realizado esa evaluación y el director de la oficina ni siquiera conoce a uno de los contratantes, y respecto al otro ignora cuestiones elementales que deberían haber sido objeto de ese test.   Leer más

Nueva sentencia que anula la compra de acciones del Banco Popular en la ampliación de 2016

El Juzgado de 1ª Instancia nº 8 de Ov iedo ha dictado una sentencia de fecha 2 de mayo de 2018 que anula la compra de acciones del Banco Popular Español realizada con ocasión de la ampliación de capital de mayo/junio de 2016.

Con citas de las sentencias del Tribunal Supremo de 3.2.2016 del caso Bankia y de la sentencia del Juzgado de 1ª Instancia nº 11 de Oviedo de 23.3.2018, que comenté aquí, expone qué es posible anular la compra de acciones por error en cuanto a la situación financiera del Banco emisor, en contra de lo que éste oponía. Y contrasta el informe pericial que presentamos con la demanda, realizado por Prosper Lamothe, con el informe pericial que presentó el Banco, de tal forma que llega a la conclusión de que resulta mucho más sólido y creíble nuestro informe. Entre otras cosas, hace referencia a la manipulación de las ratios que el Banco publicó con ocasión de la ampliación de capital, que resultan sorprendentemente más favorables que los de las memorias de las anualidades 2015 y 2016; y que el Banco luego debió realizar ajustes contables y provisiones adicionales por los riesgos y pérdida de valor de los activos inmobiliarios que se había adjudicado, que obviamente no provienen del período transcurrido entre la ampliación de capital y la intervención del Banco en junio de 2017. Otro dato que muestra la inverosimilitud del informe pericial presentado por el Banco es que la intervención por la JUR no pudo deberse simplemente a una situación transitoria de falta de liquidez, sino que forzosamente debió existir también una falta de solvencia ya que de otra manera se habría entregado alguna cantidad a los accionistas y no se habría vendido el Banco por el precio simbólico de un euro.   Leer más

Sentencia que anula compras de acciones del Banco Popular Español

El Juzgado de 1ª Instancia nº 11 de Oviedo ha dictado la primera sentencia, de fecha 23 de marzo de 2018, acordando la nulidad de cuatro compras de acciones del Banco Popular Español: una compra realizada en junio de 2016, en el marco de la ampliación de capital que se produjo en esas fechas; y otras tres realizadas por la misma persona entre octubre y noviembre de 2016. Anula también la compra de obligaciones subordinadas que el Banco le había colocado en 2011.

Ya teníamos anteriormente otras dos sentencias que anulaban compras de obligaciones subordinadas, casualmente del mismo Juzgado: una de 5 de diciembre de 2017, que comenté aquí; y otra de 23 de febrero de 2018, que comenté aquí. La que ahora comento reproduce literalmente los argumentos de las anteriores en cuanto a las obligaciones subordinadas; y a continuación enjuicia el caso de las acciones.   Leer más

Sobre los distintos plazos para reclamar

Una duda que plantean recurrentemente los afectados por diferentes productos financieros o por cláusulas abusivas o no transparentes (y también por cualquier otro tipo de problema con diferentes sociedades) es el plazo que tienen para reclamar; es una cuestión compleja que mucho profesionales de la justicia no tienen claro. A continuación me propongo dar unas orientaciones al respecto basadas en la normativa y la jurisprudencia, sin perjuicio de que en algún caso mis conclusiones puedan ser polémicas.

El primer punto a tener claro es que hay diferentes plazos dependiendo de qué es lo que se reclame o de la acción que se ejercita (es decir, de cómo se plantee la reclamación); pero además los plazos corren en distinta forma según sean de caducidad o de prescripción; por ello, lo primero que voy a hacer es explicar la diferencia entre la caducidad y la prescripción.   Leer más

Nueva sentencia que anula la compra de obligaciones subordinadas del Banco Popular

El pasado mes de diciembre informaba de que había obtenido la primera sentencia que anulaba la compra de obligaciones subordinadas del Banco Popular, estimando una demanda presentada tras la intervención de dicho Banco que dio lugar a la pérdida de las cantidades invertidas en acciones y en estas obligaciones subordinadas. Esa sentencia ya es firme.

Y ya he obtenido una segunda sentencia, de 23 de febrero de 2018, del mismo Juzgado de 1ª Instancia nº 11 de Oviedo, en el mismo sentido.

Esta sentencia además deja claro que no se ha producido la caducidad de la acción de nulidad, como pretendía el Banco, ya que el plazo para ejercitarla comienza precisamente con la intervención del Banco en junio de 2017.

Conviene aclarar que, en contra de lo que algunos han entendido, la intervención del Banco con la consiguiente amortización de las obligaciones subordinadas no impide reclamar la nulidad de la compra sino todo lo contrario: es el evento que pone de manifiesto el error en la contratación (lo que se vendió como un producto seguro, de renta fija, sin ningún riesgo, en realidad era un producto de capital con riesgo de perder la inversión si el Banco entraba en crisis, riesgo muy elevado porque se encontraba en pésima situación financiera y los inversores institucionales no le financiaban) y, por ello, es el hecho que hace nacer la acción de nulidad por error: mientras no se conoce el error no se puede denunciar.   Leer más

Nulidad de tarjeta de crédito emitida por entidad bancaria: Liberbank

 

Reiteradamente me he referido en este blog a la nulidad de tarjetas de crédito emitidas por distintas financieras por ser usurarias (aquí, aquí, aquí) o porque sus condiciones financieras, al incluirse en el clausulado general en lugar de aparecer como elementos esenciales del contrato, no se consideraron incorporadas al contrato por falta de transparencia (aquí).

Pues bien, la nulidad no sólo afecta a las tarjetas emitidas por financieras, también a las emitidas por entidades bancarias, como es el caso de la sentencia de 27 de diciembre de 2017 del Juzgado de 1ª Instancia nº 6 de Gijón, que anula una tarjeta de Liberbank (anteriormente, Caja de Ahorros de Asturias), al amparo de la doctrina de la sentencia del Pleno del Tribunal Supremo de 25 de noviembre de 2015.

No hay razón admisible para que las financieras, bancos o cajas cobren intereses que duplican los habituales en el crédito al consumo. No es admisible que se pretenda justificar la imposición de tipos tan elevados en la facilidad para obtener el crédito, en la falta de garantías hipotecarias o de otros fiadores o en el elevado número de impagados: la entidad debe comprobar la solvencia de cualquier persona a la que facilita crédito para evitar el sobreendeudamiento familiar; y en el crédito al consumo, en general, no hay garantía hipotecaria y no tiene que haber, necesariamente, otros fiadores o garantes. Tampoco es justificación que la generalidad de las entidades cobren intereses en torno al 20% o más: lo que se demuestra es que pueden hacerlo porque no hay competencia en este sector del mercado y las entidades pueden imponer condiciones extremadamente onerosas.   Leer más

Más tarjetas de crédito anuladas, incluso tras cesión a los conocidos como “fondos buitre”

Ya me referí anteriormente en este blog a la sentencia del Tribunal Supremo de noviembre de 2015 que estableció una doctrina sobre el llamado “crédito revolving”, el propio de las tarjetas de crédito, que consiste en que se considerará usurario si su coste, medido por el TAE, es injustificadamente superior al promedio del mercado; que hay que considerar como tipo de interés del mercado el promedio del tipo de interés de los créditos al consumo de la fecha en que se contrató el crédito o tarjeta (o préstamo, puesto que la doctrina es perfectamente válida también para los préstamos en general), que publica periódicamente el Banco de España en sus estadísticas; las entidades financieras defienden que el tipo de interés de las tarjetas de crédito ha de ser más elevado que el de los créditos al consumo en general porque el acceso al crédito por esa vía es muy sencillo y rápido, sin controles de solvencia, por lo que se producen muchos impagos, de modo que hay que compensar éstos y los consiguientes costes con tipos de interés más elevados. El Tribunal Supremo contesta que esto es inaceptable: en todo caso el prestamista tiene que comprobar si el potencial acreditado es solvente; si concede crédito sin evaluación de solvencia se incrementa el grave problema social del sobreendeudamiento familiar, exacerbado por la imposición de tipos de interés elevados, y con la consecuencia adicional de que se encarece injustamente el crédito a las personas solventes. Sólo debe concederse crédito a quien lo puede asumir y reintegrar, y debe hacerse a un precio competitivo, no usurario.   Leer más

Crítica a la sentencia del Tribunal Supremo sobre el IRPH y su falta de transparencia

Entre los innumerables problemas que ha causado a los consumidores españoles la actuación de la banca en los últimos años se encuentra el de las familias que solicitaron un préstamo para su vivienda o cualquier otra necesidad económica y éste se lo concedió estableciendo un tipo variable indexado al IRPH en cualquiera de sus modalidades (de Cajas, de Bancos o del conjunto de entidades); estas familias se han encontrado con que sus préstamos son mucho más caros que los de quienes tienen sus préstamos referenciados al euribor. Se han presentado algunas demandas con resultado dispar, unas ganadas, otras perdidas; existía una gran expectación sobre lo que diría el Tribunal Supremo y que pudiera establecer un criterio claro sobre la validez del índice o la forma en que se comercializaron esos préstamos que pudiera permitir reconducir la situación de quienes están sometidos a este índice. Finalmente se ha publicado la sentencia del Pleno del Tribunal Supremo, que tiene fecha de 14 de diciembre de 2017, y ha resultado en una gran decepción para los consumidores, sus asociaciones y los profesionales de este sector.   Leer más

Autor del blog

  • Consumerista

    Soy abogado especialista en Derecho del Consumo, sobre todo bancario y de seguros.

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