Los antiguos dueños de Talgo demandan al Gobierno por bloquear la opa húngara.
Los que fueran principales accionistas de la compañía ferroviaria estiman en una cuantía cercana a los
25 millones de euros, según confirman fuentes próximas a la operación, la pérdida económica que asumieron después de que el
27 de agosto de 2024 y "previo informe desfavorable de la
Junta de Inversiones Exteriores (Jinvex)", el Ejecutivo acordara no autorizar la operación al amparo del régimen de control de inversiones extranjeras. La oferta estaba liderada por el multimillonario húngaro
András Tombor y participada por el fondo público del
Gobierno de Viktor Orbán.
Desde el principio, el Ejecutivo español se opuso frontalmente a la operación y terminó por hacerla descarrilar con un veto explícito basado en razones de
seguridad nacional. Sin embargo, mantuvo bajo carácter reservado los informes y elementos que sustentaron la decisión, una opacidad que el
Supremo ha comenzado a corregir en el marco del procedimiento judicial al reconocer el derecho de las partes a acceder al expediente para garantizar la tutela judicial efectiva.
Tras la negativa del Gobierno,
Pegaso acabó vendiendo el 29,7% de Talgo al consorcio encabezado por la siderúrgica Sidenor —acompañado por las fundaciones vascas BBK y Vital y el fondo público Finkatuz— por 157 millones de euros. La operación valoraba la acción en
4,25 euros, frente a los
5 euros por título que ofrecía Ganz Mavag, una diferencia que constituye uno de los elementos centrales de la reclamación de daños junto a la frustración de la operación. No obstante, la cuantía reclamada, los 25 millones, son una estimación inicial que podría variar, tanto al alza como a la baja, a lo largo del procedimiento.
Pegaso, que desde el pasado año ha tenido acceso al expediente administrativo a instancias del Supremo y pese a las reticencias del Ejecutivo que se materializaron en recursos de la Abogacía del Estado, ha acumulado ahora su reclamación de daños al proceso en el que impugna el acuerdo del Consejo de Ministros que, invocando la seguridad nacional, vetó la operación.
Carácter reservado.
En un auto del
Tribunal Supremo, de
10 de marzo, consultado por este medio, los jueces conceden el
"carácter reservado" a la demanda presentada por Pegaso en el proceso de reclamación de daños contra el Estado. El vehículo de Trilantic, asesorado por Uría Menéndez, ha conseguido que la demanda "solo podrá ser conocida por las partes demandadas", es decir, el Ejecutivo.
En esa misma resolución, el Supremo deniega por ahora el
acceso de los peritos de Pegaso a la parte más sensible del expediente, en particular la documentación generada por el
Centro Nacional de Inteligencia (CNI), manteniendo así un equilibrio entre las exigencias de defensa de las partes y la protección de los intereses de seguridad invocados por el Gobierno.
Proceso más amplio.
El procedimiento se enmarca en un frente judicial más amplio en el que también litiga el propio consorcio húngaro. En una resolución del pasado 29 de enero, el Tribunal Supremo rechazó el intento del Estado de impedir que Ganz Mavag accediera a la parte reservada del expediente que justificó el veto a la opa, al considerar que dicha limitación "vulneraría los principios de igualdad de armas y de contradicción, así como el derecho a la tutela judicial efectiva".
Con ello, el alto tribunal refuerza su criterio de que todas las partes implicadas deben poder conocer los elementos esenciales de la decisión del
Gobierno —salvo la documentación del CNI— para poder ejercer su defensa en condiciones de equilibrio procesal.
Arbitraje internacional en marcha.
El conflicto por el veto a la opa de Talgo ha dado también el salto al plano internacional. Tal y
como adelantó este medio, el consorcio húngaro ha iniciado un procedimiento arbitral contra el Reino de España ante la
Cámara de Comercio de Estocolmo (SCC).
El arbitraje se articula sobre la base del Tratado de la Carta de la Energía (TCE), al que el consorcio recurre para sostener que se han vulnerado garantías como el trato justo y equitativo a la inversión extranjera. El consorcio se ha puesto en manos de De Benito+Lupicinio para este arbitraje.
España, sin embargo, rechaza de plano este encaje y sostiene que
el tribunal arbitral carece de jurisdicción al tratarse de un litigio entre un inversor de un Estado miembro y otro Estado de la Unión Europea, lo que en la práctica se traduce en un arbitraje intra-UE. La Abogacía del Estado defiende que este tipo de disputas deben resolverse en el marco del Derecho comunitario y bajo el control del
Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Para sostener esa estrategia, el Gobierno ha activado un contrato específico de asesoría jurídica especializada en Derecho europeo vinculada a este procedimiento. El encargo prevé la elaboración de informes técnicos que respalden la objeción de jurisdicción y, en su caso, la defensa ante el tribunal arbitral. El contrato, con una duración prevista de tres años, busca reforzar la posición de España en una fase todavía incipiente del arbitraje, en la que el Ejecutivo tratará de cerrar el procedimiento por la vía preliminar antes de entrar en el fondo del litigio.
Bienvenidos a ESPAÑISTAN!!
