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Comisión Europea ha lanzado una nueva propuesta este lunes para acelerar las normativas sobre la devolución de los impuestos que recauda el Fisco sobre dividendos
cuando existe una doble imposición. La CE propone atajar así los abusos que permiten utilizar esta práctica para eludir el pago de impuestos, tal y como ocurrió en los escándalos Cum-Ex y Cum-Cum. Así, Bruselas propone obligar a los Estados miembros a poner en marcha un certificado digital de residencia fiscal que permita al inversor hacer las reclamaciones en cualquiera de ellos, así como establecer
procesos acelerados para efectuar la devolución fiscal.
Muchos Estados de la Unión Europea hacen retenciones a cuenta a los inversores que viven en otro país sobre los dividendos por acciones o intereses por bonos soberanos que obtienen, pero estos luego tienen que volver a pagar impuesto sobre la renta por esos ingresos en su propio país. Para evitar esta doble imposición, muchos países han firmado acuerdos que permiten al inversor extranjero obtener el reembolso de una parte de lo que pagaron por la retención a cuenta, pero para ello tienen que presentar una reclamación cuyo proceso es "largo, costoso y engorroso", según la Comisión y recoge Efe.
Además, el sistema se presta a abusos, como demostró el escándalo Cum/Ex, en el que los inversores vendían acciones poco antes del pago de dividendos pero las entregaban al comprador después del mismo, permitiendo a ambos beneficiarse de la devolución fiscal, o el conocido como Cum/Cum, en el que un inversor extranjero pasa las acciones a un residente en el país sede de la empresa para que este pueda obtener un crédito fiscal cuyos beneficios luego comparten.
"Estamos profundamente preocupados"
"Estamos profundamente preocupados por los escándalos Cum/Ex y Cum/Cum, dónde se abusó horriblemente de los procedimientos de reembolso de las retenciones a cuenta. Se estima que han generado unas pérdidas de 150.000 millones de euros entre 2000 y 2020", dijo el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, al presentar la propuesta.
El Ejecutivo comunitario plantea en primer lugar simplificar los procedimientos para facilitar la vida a agencias tributarias e inversores, que hoy lidian con hasta 450 formularios diferentes, creando un certificado común de residencia fiscal digital, de modo que quienes tengan una cartera diversificada entre diferentes Estados puedan usar un único documento electrónico para reclamar la devolución de impuestos. Propone además crear procedimientos "rápidos" para la devolución y permite a los países elegir entre dos opciones.
El alivio en la fuente es "la mejor solución para el inversor, pero se basa mucho en la transparencia y la confianza"
La primera sería aplicar el alivio fiscal directamente en la fuente de modo que a la hora de cobrar el impuesto sobre el dividendo ya se aplique el tipo pactado en el acuerdo de doble tributación, mientras que la segunda consistiría en seguir el procedimiento estándar que existe hoy pero garantizando que la devolución se produce en plazo máximo de 50 días tras realizar el pago.
El alivio en la fuente es "la mejor solución para el inversor, pero se basa mucho en la transparencia y la confianza" ya que el control solo se hace tras el pago, por lo que algunos Estados miembros que tuvieron problemas de abusos en el pasado se inclinan por el procedimiento actual, explicaron fuentes comunitarias.
Para evitar abusos, la Comisión introduce salvaguardas, de modo que no podrían aplicarse procesos acelerados cuando el propietario de la acción haya cambiado en los últimos dos días antes del pago del dividendo o cuando existan acuerdos por los que la acción cambia de manos temporalmente en torno a la fecha de pago, con el fin de evitar casos como Cum/Ex y Cum/Cum respectivamente. Estos procedimientos acelerados permitirían a los inversores ahorrar 5.170 millones de euros al año, señaló Getiloni, quien confió en que la propuesta salga adelante pese a necesitar apoyo unánime de los Veintisiete.
También en aras de facilitar que las autoridades tributarias verifiquen qué inversores tienen derecho a la devolución y evitar abusos, la Comisión propone crear registros de intermediarios financieros "certificados", en los que tendrán que inscribirse obligatoriamente las grandes firmas de la UE -y voluntariamente las pequeñas o de terceros países-, que tendrán que informar a Hacienda del pago de dividendos o intereses.
