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Aunque se que mi propuesta va a indignar a algunos, como lo prometido es deuda, hoy voy a aportar mi solución al insostenible desastre judicial español. A ver si conseguimos que portadas como la de "El jueves" no estén en el futuro tan justificadas como hoy.

En primer lugar me gustaría mencionar que casi todos estamos de acuerdo en que España necesita varias reformas estructurales para colocarnos en el lugar que nos corresponde entre los países más adelantados del mundo. Pero lo que apenas he oído mencionar es que, concretamente en España, la reforma estructural más importante y con mayor potencial de transformación del país es, precisamente, la reforma del sistema judicial. 

Necesitamos un sistema judicial capaz de dar respuesta en unos pocos meses a cualquier desencuentro legal. No me refiero a las grandes demandas civiles tipo "Torres Kio", "Gran Tibidabo" o "Forum Filatélico", sino a los pequeños y medianos pleitos, que podrían resolverse en semanas o meses porque las pruebas son aplastantes (letras firmadas, escrituras de hipoteca, etc.) pero cuya resolución se demora más de cuatro años la mayoría de las veces.

¿Cuántos acreedores legítimos se ven obligados a cancelar sus deudas por la mitad del principal porque saben que eso es mejor que meterse en un pleito de varios años tras el cual se colocarán, en el mejor de los casos, como el último de los acreedores embargantes? Este es el pan nuestro de cada día. Hay abogados que se han especializado precisamente en eso, en llegar a acuerdos que eviten el pleito a costa de que el acreedor se conforme con cobrar solo una parte de lo adeudado. Muchos morosos profesionales viven de eso, sabiendo que al final solo van a tener que pagar una parte de sus deudas.

Ignoro si existen estudios sobre el lastre que eso supone para la economía española, pero sospecho que es muy grande. Solo en el mercado del alquiler de viviendas, se calcula que más del 90% de los potenciales arrendadores prefieren cerrar sus casas que exponerse a los peligros que todos conocemos.

Hasta aquí he resaltado la importancia de tener un sistema judicial con sentencias previsibles y rápidas. El problema es cómo conseguirlo. Pero la solución la tenemos delante de nuestras narices aunque no la sepamos ver.

¿Acaso no funciona fenomenal el sistema español de Notarías y el de Registros de la Propiedad? Mi propuesta sería replicar dichos sistemas de forma que los jueces, una vez aprobada su oposición y designada la plaza en la que tienen que ejercer, simplemente tuvieran que contratar al personal del juzgado, tal como hacen los notarios o los registradores y a funcionar. Otros tendrían que hacerse cargo de juzgados existentes, como ocurre tantas veces con las contratas públicas, pero siempre con capacidad para despedir o contratar. Como en cualquier empresa.

Este Tristán es un cabrón neoliberal y lo que propone es introducir criterios de rentabilidad y de beneficio en un servicio público, QUIERE PRIVATIZAR LA JUSTICIA. 

Pues claro que quiero introducir criterios de rentabilidad, precisamente porque por tratarse de un servicio público, debemos procurar que sea rápido y eficaz y está archidemostrado que el camino más corto para conseguirlo es que los implicados directos se beneficien de ello. Y más aún si conseguimos que se haga sin costes extra ni para los ciudadanos ni para para la Administración, igual que las notarías y los registros.

En realidad lo que propongo es que se calcule el coste que tiene para el Ministerio de Justicia cada sentencia dictada por los juzgados y que el coste medio sea el precio que la Administración pague al juez por cada demanda, pero solo cuando la sentencia sea firme, haya sido ejecutada y se pueda archivar. De forma que si la sentencia es recurrida y tumbada en segunda instancia, sea esta segunda instancia quien cobre el precio y se quede el primer juez con un palmo de narices, así aprenderá que la Judicatura no está para hacer un uso alternativo del Derecho, sino para aplicar estrictamente la Ley. Si la sentencia es confirmada, cobra el primer juez y los honorarios del juzgado de segunda instancia los paga el recurrente, que así aprende que recurrir por recurrir y para dilatar los procedimientos no sale gratis.

Mi abogado siempre dice que es imposible predecir qué sentenciaran los Juzgados de Primera Instancia, pero que las Audiencias Provinciales están para poner las cosas en su sitio aplicando correctamente la Ley. Con la reforma que propongo se acabaron las sentencias creativas porque al juez le pueden suponer no cobrar por el trabajo realizado y entonces con qué dinero le pagaría el sueldo a los empleados del juzgado. Los jueces tendrían que ajustarse a Derecho y los eternos recursos disminuirían y todos ganaríamos con ello.

Lógicamente los futuros empleados judiciales ya no serían funcionarios, y de nuevo ganaríamos el resto de la ciudadanía. Menos funcionarios, menos impuestos. Simultáneamente, cuantas más sentencias dictadas, firmes y ejecutadas, más pasta gana el juzgado, miel sobre hojuelas, pasta para el juez, primas a la productividad para sus empleados que pueden ganar bastante más de lo que ganaban hasta ahora con el sistema actual, acreedores contentos y dispuestos a invertir aún más en sus negocios, etcétera. Todos ganamos y nadie pierde, bueno no, pierden los que hasta ahora se aprovechaban de la lentitud de la Justicia.

Para los que repliquen que esto es una barbaridad y que los experimentos hay que hacerlos solo con gaseosa, mi propuesta es que la reforma se aplique solo a los juzgados de nueva creación, hasta que los dichos "juzgados reformados" representen un máximo del 5% sobre el total de juzgados. Cuando la ciudadanía compruebe que ese 5% de los juzgados se cepilla tranquilamente el 25% de la carga de trabajo y que sus estadísticas de sentencias recurridas y tumbadas se reduce casi a cero, entonces habrá llegado el momento de llevar a cabo la reforma total.

Lo que le pido a los pocos lectores que aún me quedan es que piensen en esta propuesta sin etiquetas y teniendo en la cabeza exclusivamente los resultados previsibles de la misma, sin entrar en ideologías ni en politiqueos. A muchos les da grima la palabra "privatización", como si significara que el ciudadano va a perder parte de sus derechos o va a tener que pagar por ellos. Nada más lejos de mi intención. En este caso, el ciudadano no tiene por qué pagar nada más de lo que ya paga y sus derechos se van a ver incrementados con una resolución más rápida de sus conflictos judiciales y con una inmediata disminución de la conflictividad judicial.

En los años ochenta había muchos que parecían encantados con la gran utopía comunista, un sistema totalitario y criminal que tiranizó a la mitad de los europeos y engaño a parte de la otra mitad. Esta propuesta no va dirigida a los nostálgicos de aquel gulag, los cuales seguro que están vomitando de asco al leer estas líneas. No, ellos jamás aceptarán que LA ÚNICA Y VERDADERA UTOPÍA ES DISFRUTAR DE UNA JUSTICIA VERDADERA Y RÁPIDA y que lo importante es alcanzar ese objetivo sin detenerse en si alguien se beneficia o no por el camino. El resto son monsergas.

 

  1. en respuesta a Ramirogaliza
    Kukufate

    Estoy de acuerdo en que, a falta de razonamientos, tendríamos que buscar excusas, lo mas ingeniosas posibles, para detener el "magnifico avance y progreso" que auguras. Hay que ser optimista y no pensar que acabaremos como esos territorios que dices.

  2. en respuesta a Kukufate
    Ramirogaliza

    La presión fiscal de España figura entre las más bajas de todos los países desarrollados y las consecuencas de defraudar en España son un juego de niños si lo comparamos con lo que te puede pasar en Estados Unidos o en otros países de los considerados avanzados. ¿Hablamos de lo que te supone un simple exceso de velocidad en Estados Unidos; o en Noruega? Haría palidecer a cualquier quejumbroso español multado. En ese terreno apenas si estamos empezando a hacer algo novedoso y contundente. Si nos lo proponemos, podemos buscar excusas muy ingeniosas para cualquier cosa.

  3. en respuesta a Dalamar
    Ramirogaliza

    Por favor, rogaría que antes de mandar un mensaje, se hiciese un mínimo repaso a lo que se escribe. Decir que la máxima responsabilidad de una conducta fraudulenta o delictiva es del que defrauda o delinque, es una obviedad que no merece mayor reflexión.

    Nadie sostiene aquí la bondad sin mezcla de mal alguno de todo funcionario, lo cual sería tan ridículo como sostenerlo de cualquier otro ser humano. Pero tampoco se puede mantener, como vulgarmente se hace, que todo es culpa del que te atiende, tramita los expedientes, inspecciona o resuelve (o te opera, te detiene, te salva en un incendio, te educa, etc...).

  4. en respuesta a Ramirogaliza
    Kukufate

    Posiblemente, no soy experto, en España haya más defraudadores de lo normal. Es un simple ajuste de mercado. Con unas trabas fiscales y administrativas, con unos tipos impositivos tan altos, con multas por todo, hasta por ir sin cinturón en el coche, sin casco por ciudad en la moto, o pasar de 120 km/h, la velocidad de los seat 600 hace 40 años, es lógico que la gente intente seguir viviendo al márgen y pese a la dictadura.
    La administración, lo sabe e impone tipos y multas injustas, mucho más altas de lo normal para compensar las "trampas del contribuyente". Así los justos pagarán también la parte de los pecadores. Lo malo es que una vez que mejora la inspección fiscal las multas y tipos impositivos sigan al mismo nivel. Así nos va. No me extraña que los americanos alucinaran.

    No estoy, ni mucho menos, a favor de la defraudación, quede claro, sino de impuestos adecuados, para desmontar las excusas defraudatorias.

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  5. en respuesta a Sam32
    Kukufate

    Le doy un diez a la propuesta de Tristán, pero como toda propuesta debe ir mejorándose con otras ideas, especialmente de los disidentes. El Cuerpo de Inspectores de juzgado parece una buena adición.

  6. en respuesta a Ramirogaliza
    Dalamar

    Lo que es la monda es que la responsabilidad es del defraudador, si me roban no vayan a por el ladron, que el responsable mo es el policia, es el ladron, dejenle ahi que se pudra con su conciencia! Jajaja lo mismo al asesino y al violador.... Bahhh todos ellos son los responsables, dejenlos sueltos!

  7. en respuesta a Ramirogaliza
    Dalamar

    Conclusion! Todo lo que tiene que ver con funcionarios va de culo, pero ellos hacen un excelente trabajo!

  8. en respuesta a Dalamar
    Ramirogaliza

    Tu enfoque es radicalmente equivocado. El fraude fiscal en España nada tiene que ver con la ineficacia o ineptitud de los cuerpos de funcionarios al servicio de la Agencia Tributaria, que figuran entre la élite de los más formados y capaces. Raro es que pasen más de unos meses sin que los representantes estatales de esos cuerpos eleven la más enérgica protesta ante las decisiones y omisiones POLÍTICAS que consienten ese fraude. No hace falta decir mucho más sobre el tema, precisamente ahora, cuando el gobierno acaba de parir una lacerante amnistía fiscal para los defraudadores (una más).

    Los medios técnicos con los que cuenta la Agencia Tributaria son excepcionales a nivel mundial (al menos en los noventa lo eran, porque venían desde Estados Unidos a estudiar nuestro modelo para modernizar el suyo) y los medios personales de una altísima cualificación. Lo que falta es la firme determinación política de realizar, por ejemplo, labores inspectoras más incisivas y a pie de calle, lo cual implicaría una política de personal expansiva. Repito, son innumerables las protestas de los funcionarios denunciando trabas políticas para la lucha contra el fraude y proponiendo mejoras que no se llevan a cabo.

    Y, sobre todo, hay que tener claro que la responsabilidad máxima reside en el defraudador y en los que lo jalean y apoyan con comentarios jocosos que evidencian una pareja condición ética.

  9. en respuesta a Ramirogaliza
    Dalamar

    Bueno, pongamos un ejemplo mas gratificador de ineficiencia de los funcionarios, cuando empece a trabajar hace ya mas de una decada, estuve una temporada en una consultora, lo curioso es que dicha consultora no pagaba muy bien, mas bien mal, pero pagaba piso y dietas, lo bueno es que las dietas eran una cantidad de dinero fija en la cuenta corriente que no teniamos que justificar y no era poco, era casi tanto como el sueldo, asi que en total hacia un sueldo muy decente, para que te hagas la idea un recien licenciado hace una decada cobraba con ellos, mas de dos mil euros con piso pagado en urbanizacion con pisicina en Madrid... claro que a mi me parecia un poco raro, y me decia yo, pero no habra que justificar de alguna forma esas dietas? Se puede ingresar dinero en la cuenta asi como asi? Puero bueno, yo era novato pardillo, qunque habia gente alli que llevaba una decada en la misma situacion, bien pues anios mas tarde a uno de los mas de veiente companieros que tenia le llega una multa al respecto, ya que ese dienro era ilegal y no habia sido declarado... jajaja resulta que ese precisamente habia estado en la empresa 2 meses, pregunte al resto y a nedie le llego nada nunca! Eso ya ha prescrito por supuesto! Asi que una empresa se puede permitir el lujo de dar la mitad del sueldo a sus empleados en negro, por transferencia bancaria, nadie le dice nada y a sus empleados tampoco! Luego nos preguntamos como es que hay tanto dinero en B, pero si es que no hace falta ponerlo en B, aqui no se entera, nadie! Bueno eso sin mencionar que yo he metido en Espana cantidades considerables de dinero, directamente por transferencia desde Suiza y nunca me ha preguntado nadie nada, ni lo mas minimo... claro que mis contables son Suizos y yo tengo mi residencia fiscal de Emiratos Arabes, pero eso solo lo se yo, porque nadie me lo ha preguntado.

  10. en respuesta a Tristán el subastero
    Ramirogaliza

    No pretenderás que comparemos el funcionamiento de los servicios públicos y el de las empresas del sector privado en términos de ingresos y beneficio contable. Si en algo se pueden comparar, es en atención al usuario/cliente y en satisfacción del mismo. Y en ese campo, pese a todos los tópicos que se quieran manejar, las administraciones públicas y los servicios públicos realizan un trabajo mucho más diligente y profesional y dan mucha más satisfacción a las demandas de los usuarios que los que ofrecen, por lo general, esas grandes empresas multinacionales a las que aludes.

    Y yendo más a ras de suelo, nadie en su sano juicio pediría que la Administración o los hospitales funcionasen bajo los criterios de eficacia y profesionalidad con los que funcionan nuestros queridos empresarios y autónomos. Y quien diga eso en público, se desdirá un millón de veces en la intimidad de sus pensamientos, si es honesto consigo mismo. Otra cosa es que vivamos un tiempo en el que la sociedad asiste sonada a una oleada de furia privatizadora, pero todo el mundo sabe la merma de derechos y de atención que implica eso.

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