Francia disparó el gasto en ayudas y pensiones mientras recortaba en educación o transporte: ahora la economía está atrapada dentro de un enorme Estado de Bienestar que consume mucho y produce poco.
Francia se enfrenta a una situación casi límite. De eso no hay duda. La controversia llega a la hora de buscar la raíz o la causa de esta situación. Una parte de la sociedad o, más bien, del mundo de la política, asegura que la revolución en las calles es producto de los recortes del gasto público en el país vecino. Sin embargo, cuando se atiende a los fríos datos, lo único que se ve en el gasto público de Francia es un Estado y un sector público cada vez más grande.
El gasto no ha parado de aumentar ni siquiera con Macron. De hecho, entre 2024 y 2025, el gasto público sobre PIB pasó del 57% al 57,2%. Todo hace indicar que el problema real (algunos países deberían tomar nota) es casi el contrario. El Estado de Bienestar francés se ha vuelto demasiado grande (y quizá ineficiente)
para ser sostenible y para permitir que la economía crezca con intensidad y genere prosperidad y satisfacción para todos.
El gasto público en ayudas, pensiones o rentas de inserción se ha ido disparado en los últimos 30 años, mientras que las partidas de educación o infraestructura han sufrido recortes en términos reales (descontando la inflación) hasta tener un peso muy reducido dentro del gasto público francés. Francia se ha convertido en el Estado del gasto en protección social... con un impacto cuando menos dudoso para el crecimiento.
Francia lleva tres décadas alimentando
una maquinaria de gasto público que parece incapaz de detenerse. Cada crisis económica ha servido para añadir una nueva capa de prestaciones, subsidios y compromisos presupuestarios que, lejos de desaparecer con la recuperación, han terminado convirtiéndose en obligaciones permanentes. El resultado es uno de los Estados del bienestar más grandes del mundo desarrollado, que al mismo tiempo se ha convertido en una trampa de crecimiento. La economía francesa se encuentra atrapada en su propio Estado de Bienestar. Mientras que las pensiones, la sanidad y las transferencias sociales absorben una proporción creciente de los recursos públicos, la educación, el transporte y otras funciones esenciales del Estado pierden peso en el presupuesto (en euros nominales, el gasto aumenta, pero en términos reales y sobre PIB, Francia gasta cada vez menos en educación y más en protección social). Francia ha levantado un formidable sistema de protección social, pero lo ha hecho a costa de reducir el margen para financiar las actividades que deberían sostener su crecimiento futuro.
Esta es la advertencia que lanza Hanno Lustig, profesor de Finanzas de la Universidad de Stanford e investigador del National Bureau of Economic Research (NBER), en un análisis publicado esta semana bajo el título El Estado francés, desplazado por el gasto público. Lustig, que recibió en 2012 un premio de investigación de JP Morgan, resume el problema con una afirmación que debería inquietar a los políticos y la sociedad francesa: "El Gobierno francés no tiene únicamente un problema de gasto". A su juicio, Francia "está gastando demasiado en términos generales, pero podría decirse que no está gastando lo suficiente en las funciones esenciales del Estado". Es decir, el problema no reside exclusivamente en el tamaño del sector público, sino en el destino de los recursos que consume. Una estructura muy grande, pero ineficiente a la hora de generar crecimiento y satisfacción entre la población. El gasto público de Francia, según los últimos datos de Eurostat, alcanzó el 57,2% del PIB, el más alto de toda Europa (región que ya cuenta de media con el mayor gasto público del mundo) junto con Finlandia.
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