Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Pues fíjate si hay corrupción en un servicio público donde los funcionarios no le deben nada al político de turno, el político de turno se irá y ellos seguirán ahí.
Evidentemente. Es otro incentivo perverso de lo que supone un puesto permanente y blindado en la administración. Eso por ejemplo, no lo tienes en las administraciones nórdicas, donde curiosamente la corrupción es mucho menor. Creas un lobby, en este caso el funcionarial (uno de los muchos que hay) con gran fuerza que chantajea en su beneficio prebendas a costa del contribuyente (esto podría ser otra forma de corrupción por legal que sea, así como todo el clientelismo político, pues no hay diferencia en dar dinero del ciudadano a grupos de interés que a empresas afines). El político cede porque quiere evitar confrontación que le puedan restar votos, y la falta de transparencia y enorme poder arbitrario que se le da al burócrata y funcionario permiten además que se lleve a cabo más corrupción (ésta se produce a todos los niveles administrativos en función de su alcance de decisión). Y aun sabiendo lo mal que se hagan las cosas no hay interés político en quemarse pues él se va como dices a los pocos años y si no levanta mucho polvo igual sigue.
Ahora, cuando la empresa concesionaria depende de que el político de turno continue porque si no se les acaba el chollo, y además no hay ningún control sobre su actividad que no está fiscalizada por nadie más que por el político que les ha dado dicha concesión...
Aquí, el incentivo es que como el político se otorga poder creciente para decidir lo que en muchos casos no debiera ser decisión suya (y durante la burbuja con el tema del suelo ha habido de todo en dicho sentido) pues es fácil acercarse al poder político para obtener negocio. Ahora bien, ahí entra la concesión, pero otra cosa es la fiscalización, que sí la hay. Y lo que dices en el tercer párrafo es cierto. Es otro incentivo perverso de una mala ley que da pie a ello. Cambia la ley como ocurre en otros países y eliminas el incentivo (por qué no quieren hacerlo los políticos?). Por otra parte, durante la crisis es cuando más concesiones se hicieron porque se cerró el grifo de dinero público para inversión (esa fue la partida en la que realmente hubo recortes para reducir el gasto y ajustar un poco el increíble déficit que cometió el Estado que alcanzó un promedio de 100.000 millones de euros en cuatro años. Y por último, lo del agua como tantos servicios ha sido disparado por corrupción política y desfalcos así como por incrementos enormes de impuestos (e impuestos sobre impuestos) para aumentar la recaudación de los ayuntamientos y administraciones, y financiar sus gastos y deudas. Pero incluso en cuanto al coste del servicio puramente, el Tribunal de Cuentas también lo fiscalizó y comparó el coste del servicio en los ayuntamientos que lo gestionaban públicamente y los que externalizaron el servicio. El coste era de 53,6 euros por habitante frente a 44,1 en el caso del abastecimiento de agua potable en favor del público pero (y aquí también apareció la pura demagogia y manipulación informativa) los datos del servicio público solo mostraban los costes directos (gastos de personal y corrientes), pero no de los indirectos o de la amortización, de ahí que la comparativa que efectúa sea sólo parcial (y aún así, el coste de otros servicios era superior en el público aun no contándose todos los costes del servicio).
Y para concluir, en cualquier caso, concesión privada no es privatización, y como tal puede tener también incentivos a funcionar peor o a aumentar el coste para cobrar más por el servicio.
