Los recortes de la CNMC obligan a las energéticas a reaccionar con urgencia
La nueva medida del supervisor no modifica los objetivos estratégicos de las empresas del sector y tratan de evitar su impacto negativo en los resultados
José María Marín Quemada, presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), ha lanzado un ataque por sorpresa, en distintos frentes, sobre el sector energético, centrado en los trabajos de transporte y de distribución, tanto de gas como de electricidad, pero con especial energía (valga la redundancia) sobre las gasistas. Las empresas afectadas, todas las energéticas (en mayor o en menor medida, pero a todas afecta la decisión) verán recortadas su remuneración en los próximos siete años en unos 6.000 millones de euros, lo cual ha obligado a reajustar previsiones de ingresos, estimación de costes y nuevas cifras para encajar la mala nueva del supervisor en los planes estratégicos de las empresas. El golpe de la CNMC afecta al futuro del sector, a su rentabilidad prevista y al crecimiento estimado por las empresas para los próximos cinco y siete años. Implicará ajustes de todo tipo, incluso podría afectar al empleo,
si bien todo indica que al menos las dos principales afectadas, Naturgy y Enagas ya tienen sobre la mesa una posible solución para absorber el golpe, un impacto sobre el resultado bruto estimado en varios miles de millones de euros. Sin embargo, es la incertidumbre regulatoria, de nuevo, y ahora con especial acento en el sector energético, el factor que puede ser más nocivo a largo plazo, dado el interés de los inversores, accionistas y fondos, en un sector que suele contar con mucho peso en las carteras de largo plazo. En concreto, se estima en 45.000 millones de euros el volumen de inversión de fondos extranjeros en las empresas energéticas españolas.
El movimiento del supervisor encaja, no se sabe si con intención o sin ella, en la figura del francotirador, una persona -dice el diccionario- que actúa por libre, aisladamente, por su cuenta y riesgo. En esta ocasión, el guerrillero ejerce su función militar emboscado en una especie de bunker que le proporciona la cobertura perfecta para el disparo. Y acaba de disparar a un sector que como el de la energía no es un enemigo cualquiera. Marín Quemada, en su libre actuación, ha dejado de ser la solución a los problemas de los sectores vigilados para convertirse en el problema.
Su papel, en todo caso, debería centrarse en resolver algunos de los problemas latentes en la economía, en particular en las domésticas, pero también en la de las empresas: en el primer caso colaborando en el abaratamiento de los precios de la energía y en el segundo en la reducción de las tarifas que soportan algunos sectores industriales. Bastaría con hacer un repaso de algunos sectores que, como el de la producción de aluminio, están pendientes de decisiones de las autoridades para considerar si su inversión industrial ha tocado fondo y levantar el vuelo, o si debe plantearse continuar con su producción en España.
El problema del supervisor, por tanto, debería tener en cuenta que una parte de la viabilidad de las inversiones industriales depende del coste de la energía, gas y electricidad, coste que es decisivo para concluir si una industria es o no competitiva. Aseguran los expertos que una parte de la competitividad de las empresas españolas depende de este factor, del precio de la energía y que el coste de la electricidad y el gas no es competitivo difícilmente lo serán las empresas industriales. Es difícil imaginar que la CNMC, en su decisión de aplicar a partir de enero los recortes en la remuneración de gas y electricidad de las empresas en sus funciones de transporte y distribución, no haya tenido en cuenta los costes de los sectores industriales, habida cuenta que son sectores que concentran un importante número de inversores así como su peso en la actividad económica y laboral del país.
Extraña y llama la atención el hecho de haber elegido la comunicación de la decisión (para su publicación en plazo corto en el Boletín Oficial del Estado) con un Gobierno en funciones, poniendo en duda que éste haya contado con el tiempo suficiente de reflexión y consideración sobre ésta importante medida legal. Es probable que el supervisor, siguiendo la estela del Ejecutivo en funciones, haya aplicado el mismo criterio de incapacidad para tratar, negociar o consensuar el recorte con las empresas afectadas. Precisamente una de las razones que animó al Gobierno a externalizar el regulador de los mercados fue la de proporcionar a éste órgano de una transparencia y criterios técnicos que nada tienen que ver con la realidad, la práctica del regulador en este caso con el sector energético.
La sensibilidad de los inversores en el sector ya se ha dejado sentir en el corto plazo, en las cotizaciones bursátiles con recortes de la valoración de sus acciones que posteriormente se recuperaron pero que no evitaron la mirada atenta de las calificadoras. De estas están pendientes ahora los inversores para conocer los informes en los que previsiblemente se recojan los ajustes de los ratings de las energéticas.
Pero, a pesar de todo, el sector, apuntan en distintas fuentes, se mantiene en condiciones para cubrir sus objetivos anuales en la medida en que los balances muestran su solidez financiera, aunque a pesar de ello, varias empresas del sector puede que vayan a revisar los planes de inversión, entre los que no se descartan ajustes, dado que la medida del supervisor tendrá su efecto sobre el coste de financiación de la deuda.
En todo caso, Marín Quemada ha elegido, en el tiempo de su despedida (su mandato termina en septiembre) una medida polémica, al tiempo que nociva para el sector energético. El peor ejemplo posible para un servidor público.
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