Dos ex presidentes de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, ex consejeros, altos cargos, directivos de fundaciones y entidades públicas y sindicalistas se han sentado en el banquillo por el caso de los ERE de Andalucía. Todos ellos conocerán mañana la sentencia del mayor caso de corrupción política en la historia de la democracia en España. Estos son los socialistas procesados:
Manuel Chaves González
El presidente de la Junta de Andalucía entre los años 1990 y 2009 declaró como imputado ante el Tribunal Supremo, tras ser incluido en la investigación por la entonces juez instructora de la causa, la magistrada Mercedes Alaya, en febrero de 2015.
La Fiscalía anticorrupción solicita para él una condena de 10 años de inhabilitación para el desempeño de empleo o cargo público por un delito continuado de prevaricación.
José Antonio Griñán
Sucedió a Chaves al frente de la Junta de Andalucía desde 2009 -cuando el primero fue nombrado vicepresidente del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero- y hasta 2013.
La Fiscalía pide para Griñán -quien ocupó antes de presidir el ente autonómico andaluz, la Consejería de Economía- 6 años de prisión y 20 de inhabilitación por malversación de los fondos públicos destinados para parados de larga duración andaluces. Además, añade una petición 10 años de inhabilitación por prevaricación.
Gaspar Zarrías
El fiscal pide para él 10 años de inhabilitación como autor de un delito continuado de prevaricación, durante más de 13 años, cuando ocupaba la Consejería de Presidencia de la Junta de Andalucía y mientras fue presidente de la Comisión General de viceconsejeros, desde 1996 a 2009.
Zarrías fue, además, secretario general del PSOE de Jaén entre 1994 y 2010 y secretario de Relaciones Institucionales y Política Autonómica en la Ejecutiva Federal del PSOE nacional, desde el año 2010.
Magdalena Álvarez
La ex ministra de Fomento socialista, entre los años 2004 y 2009 se enfrenta a una petición de 10 años de inhabilitación para el desarrollo de empleo o cargo público. La Fiscalía considera que es responsable de un delito continuado de prevaricación durante el tiempo en el que estuvo al frente de la Consejería de Economía del Gobierno andaluz: entre el 2 de agosto de 1994 y el 7 de febrero de 2004.
En de 2014 se vio forzada a dimitir de su cargo como vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones al ser imputada por el caso de los ERE.
Francisco Javier Guerrero
Guerrero fue director general del área de Trabajo y Seguridad Social inscrita, a su vez, en el organigrama de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, entre 1999 y 2008. El Ministerio Público solicita, en su caso, una condena de 8 años de prisión y otros 30 de inhabilitación como responsable de sendos delitos de prevaricación continuada y malversación de fondos públicos.
Aunque ingresó en prisión por el caso ‘fondo de reptiles‘ en 2012, permanece en la cárcel, actualmente, tras ser declarado culpable en la causa de los contratos fantasma de la Umax y sentenciado a 5 años y 9 meses de privación de libertad.
José Antonio Viera
Fue Manuel Chaves quien le nombró consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico en el año 2000 y hasta 2004, año en el que se puso al frente de la Delegación del Gobierno central en Andalucía y que ocupó durante 3 años. Por su actividad en el primer período en la Consejería andaluza es por el que la Fiscalía solicita para él una pena de 8 años de cárcel y 30 de inhabilitación para empleo y cargo público.
En 2015 resultó imputado por el Tribunal Supremo -por dos delitos de prevaricación y malversación– y el PSOE le pidió que entregase su acta como diputado a consecuencia de ello, pero se negó. Tras abandonar su militancia en las filas socialistas, unos meses después, pasó a integrarse en el grupo mixto.
Martínez Aguayo
Carmen Martínez Aguayo ocupó la Consejería de Hacienda y Administración Pública en el trienio 2010-2013, tras desarrollar su carrera anteriormente en diversos puestos de responsabilidad vinculados al Servicio Andaluz de Salud y, posteriormente, el Insalud.
De la mano de José Antonio Griñán y bajo su mandato fue nombrada, en 2009, consejera de Economía y Hacienda, hasta que en 2010 pasó a ser consejera de Hacienda y Administraciones Públicas.
La Fiscalía ha instado al tribunal, en su caso a una pena de 10 años de inhabilitación por prevaricación más 6 años de prisión y otros 20 de inhabilitación por malversación.
Altos cargos
El extenso listado de altos cargos -de más de una veintena de nombres propios vinculados al socialismo andaluz- que formaron parte de la trama corrupta de la Junta de Andalucía en el caso ERE conocerán, también, la decisión del tribunal en los más de 1.000 folios que compondrán la sentencia.
Se trata de: Agustín Barberá Salvador, delegado de la Consejería de Trabajo y Asuntos Sociales (2004-2010); Jesús Rodríguez Román, viceconsejero de Innovación, Ciencia y Empresa hasta 2010, antes consejero de Justicia y Administración Pública; Juan Francisco Sánchez García, secretario general técnico de empleo entre 2000 y 2004; Manuel González Martínez, ex interventor general de la Junta de Andalucía (2000-2010); Lourdes Medina, ex secretaria general técnica de Empleo, entre 2008 y 2012; Juan Márquez Contreras, ex director general de trabajo y la seguridad social; Javier Aguado, secretario general de Trabajo desde 1994 al 2000; Jacinto Cañete, ex director general de la fundación EOI y director de la agencia IDEA; Miguel Ángel Serrano, ex director general de la fundación IDEA, entre 2004 y 2008; José Salgueiro Carmona, como ex vicepresidente de Economía y Hacienda hasta 2004; Francisco del Río, quien fue jefe de gabinete de la Junta entre 2001 y 2008; y, Antonio Vicente Lozano, viceconsejero de Presidencia.
