JUICIO A LOS LÍDERES DEL PLAN SECESIONISTA ILEGAL
Los altos mandos policiales avalan la tesis de la violencia en la fase final del «procés»
Describen un acoso organizado a los agentes y relatan la «alta virulencia»de la resistencia en el referéndum del 1-O
El juicio oral continúa con muchas pruebas por delante, pero las acusaciones ganan por puntos el «combate» de la semana
Un jefe de los Mossos revela que advirtieron tres días antes a Puigdemont, Junqueras y Forn del riesgo de violencia
Luis P. Arechederra
@luispeareche
Nati Villanueva
Semana de alto voltaje en
el juicio del «procés». Las declaraciones de los mandos policiales que vivieron en primera persona el tramo final del
plan secesionista ilegal han aportado en los últimos días datos y hechos que avalan la esencia de las tesis fiscales y la acusación por rebelión, el delito más grave sobre la mesa del Tribunal Supremo. La vista oral continúa en marcha —y aún quedan muchas pruebas hasta que los siete jueces alcancen una conclusión, todavía lejana en el horizonte—, pero las acusaciones han ganado por puntos el «combate» de esta semana.
El testimonio conjunto de
José Antonio Nieto, el antiguo secretario de Estado de Seguridad, y
Enric Millo, el ex delegado del Gobierno en Cataluña, ha revelado
una campaña de «violencia, acoso y hostigamientos» entre el 10 de septiembre de 2017 y mediados de noviembre, el periodo que pasó entre la aprobación de las leyes de la ruptura y la suspensión de la autonomía catalana con la aplicación del 155.
Por su parte, el coronel de la Guardia Civil
Diego Pérez de los Cobos, coordinador del dispositivo del 1 de octubre, ha desvelado la inacción de
los Mossos d’Esquadra al servicio del plan ilegal, una declaración apuntalada por los máximos responsables de la Policía Nacional y Guardia Civil esos días:
Sebastián Trapote y Ángel Gozalo.
Y el único mando de los Mossos que ha declarado por ahora –el ex jefe de Información,
Manuel Castellví– aseguró que ellos avisaron a Carles Puigdemont de la previsible «escalada de violencia» si seguían adelante con
el referéndum ilegal. El relato coral de estos testigos arroja luz y permite calibrar la gravedad de lo que sucedió.
La «democracia» sobre la ley
La realidad paralela, «el mundo al revés»
Nieto explicó que el relato de los dirigentes secesionistas creó una «realidad paralela» que caló en muchos catalanes, que se dedicaron a entorpecer
las acciones judiciales y policiales para «defender» los pasos adelante del «procés». «La noticia era que el perro muerde al hombre, y no que el hombre muerde al perro. Se le dio la vuelta, hasta que lo normal, que la Policía intervenga para evitar un delito, se veía como algo malo», explicó. El testigo ya percibió esa distorsión en la disconformidad de
Joaquim Forn por el envío de 6.000 agentes a Cataluña.
José Antonio Nieto, al llegar al Supremo - EFE
Millo insistió en la misma tesis, que calificó como «el mundo al revés». «Se generó un clima en el que allí donde había una diligencia de la policía judicial aparecía un grupo numeroso de personas para acosar, gritar, hostigar, amenazar e incluso agredir vehículos y personas para impedir la actuación», expresó. Según los líderes independentistas y su militancia,
un supuesto «mandato democrático»se situaba por encima del cumplimiento de la ley.
Acciones violentas
Acoso, hostigamiento y agresiones
El exdelegado del Gobierno aludió a entre 150 y 200 acciones violentas en los meses finales del «procés». Millo habló de cercos a cuarteles de la
Guardia Civil, hostigamientos para impedir las actuaciones judiciales, lanzamientos de objetos –incluso incendiarios–,
acosos a los hoteles donde se alojaban los agentes, y ante las subdelegaciones de las cuatro provincias. Él mismo fue víctima de estas acciones, con una pintada –«Millo, muerte»– que tuvo que borrar su propia hija. Sobre estas acciones declararán más adelante los testigos directos, los policías y guardias civiles que lo sufrieron en su propia piel.
Enric Mill, el día de su testifical - EFE
Nieto aseguró que las acciones contra las actuaciones judiciales tenían una organización detrás de las que situó a los Comité de Defensa del Referéndum (que después mutaron a
Comités de Defensa de la República), y que «derivaron en una actitud violenta». El testigo apuntó que temieron por la «seguridad» de los guardias civiles presentes en el registro de la
Consejería de Economía del 20-S, cuando 60.000 independentistas cercaron la sede.
Precisamente el acoso del 20-S centró
el testimonio de Montserrat del Toro, la letrada de la administración de justicia al frente de la comitiva del registro en la sede de la Generalitat. Su espeluznante relato repasó toda la jornada, desde las 7.40 horas que salió de casa hasta que regresó a las dos menos cuarto de la madrugada. La secretaria judicial narró que tuvo «miedo» de salir por la puerta, y que tuvo que escapar por una azotea para acceder a un teatro contiguo. Esa anormal salida se le ofreció después de
una llamada desesperada al juez que ordenó el registro para investigar la preparación del 1-O. «Tienes que sacarme de aquí, no hay salida», le rogó la secretaria judicial a las 22.15 horas. Vio gente «aplastada» contra los cristales, observó un «mar de gente» desde lo alto del edificio, y escuchó consignas como «no saldrán».
La junta de seguridad
La «alineación» de Trapero con el «govern»
La
junta de seguridad del 28 de septiembre –una reunión en la que participaron altos mandos de la Generalitat y del Gobierno central– es decisiva para la acusación, porque en ella se advirtió a los líderes del «procés» de que habría enfrentamientos violentos el 1 de octubre si continuaban adelante.
En su declaración, Millo tachó de «auténtico despropósito» el encuentro, porque los mismos que impulsaban el referéndum eran los que tenían que impedirlo. «Esto en mi pueblo es sorber y soplar al mismo tiempo», ironizó. «La alineación de Trapero con la Generalitat era total», argumentó Nieto, que señaló que a partir de ese día «la confianza era mínima». El secretario general técnico del Ministerio del Interior aquellos días, Juan Antonio
Puigserver, explicó que en aquella cita Puigdemont dejó claras sus intenciones, al enarbolar de nuevo el supuesto derecho de los ciudadanos.
Diego Pérez de los Cobos, el coordinador del dispositivo del 1-O - EFE
El
coronel Pérez de los Cobos transmitió las mismas sensaciones. Señaló que Puigdemont se agarró «como a un clavo ardiendo» al principio de actuación que fijó la juez al ordenar impedir el 1-O, según él que había que tratar de preservar la convivencia.
Ese mismo día, en otra reunión, los mandos de los Mossos alertaron a los dirigentes secesionistas del
riesgo de violencia el 1-O si no se echaban atrás.
Castellví –que sudó y pasó apuros en su declaración, a ratos sin dar con las palabras que emitir – se sintió «frustrado» al escuchar a Puigdemont, a quien acompañaron Junqueras y Forn.
A pesar de estos avisos, incluso desde la jefatura de los propios Mossos, mantuvieron la convocatoria. Eso, según la Fiscalía, supuso asumir la violencia como un medio –aunque no sea deseado, al menos aceptado– para lograr sus fines.
Días previos al 1-O
Se dejó ocupar los centros
Los días previos revelaron que los Mossos no iban a impedir de forma activa su celebración. A las reticencias del mayor de los Mossos Josep Lluís Trapero a ser coordinado por Pérez de los Cobos y al llamamiento que el fiscal superior le hizo sobre la insuficiencia de agentes en su plan de actuación, se sumó la nula incautación de material electoral. Castellví admitió que solo requisaron «quizá algo de propaganda». Pese a que el fiscal superior de Cataluña ordenó el precinto de los locales desde
el 29 de septiembre, a Nieto no le consta «ningún cierre ni requisa durante esos días». Lejos de ello,
la actividad de los colegios ese fin de semana fue frenética. «Hubo una necesidad expansiva de actividad escolar absolutamente inusitada y desconocida en la historia. Ahí había otro fin diferente a las actividades», dijo Millo.
Manuel Castellví, en su declaración - EFE
Para Pérez de los Cobos, las visitas a los centros por parte de
los Mossos tuvieron «la finalidad contraria»: se trasladaba al responsable de los locales que a las seis de la mañana tenía que estar desalojado salvo que la afluencia de ciudadanos lo imposibilitara, en cuyo caso no se intervendría.
El día del referéndum
La «traición» de los Mossos
A primera hora de la mañana del 1 de octubre, los responsables de la Policía Nacional y la Guardia Civil costataron que los Mossos les «habían engañado», según han declarado. Pérez de los Cobos aseguró que en ese instante quedó claro que el dispositivo del cuerpo autonómico estaba
dirigido a «facilitar» el referéndum ilegal del 1-O, no a impedirlo. Pérez de los Cobos aseguró en su testimonio que en ese instante quedó claro que el dispositivo del cuerpo autonómico estaba dirigido a «facilitar» el referéndum ilegal, no a impedirlo. Se trataba de un operativo «inadecuado, insuficiente e ineficaz». Al acudir a los locales les sorprendió el «grado de virulencia» de la masa concentrada en los colegios.
«Vimos gente encapuchada y personas que alertaban de la proximidad de nuestra llegada para impedir nuestra intervención». Este extremo fue ratificado por
el comisario policial Trapote, que habló de
«alta virulencia, agresividad y cadenas humanas».
El major de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero - IGNACIO GIL
Trapero, el «procesado número 13»
Sus indisimuladas reticencias a que los Mossos d’Esquadra fueran coordinados por un coronel de la Guardia Civil –Diego Pérez de los Cobos– sembraron la desconfianza. Unos recelos incrementados cuando presentó su plan de actuación –dos mossos por centro de votación, un operativo que se compremetió a corregir al ser tachado de insuficiente–, y tras la reunión de la junta de seguridad del 28 de septiembre de 2017. A falta de tres días.
En aquella cita, el major de los Mossos, Josep Lluís Trapero, dejó claro que sus agentes no intervendrían para evitar el referéndum ilegal del 1-O si había «ancianos y niños» en la calle, una circunstancia altamente probable. Agarrándose a la coletilla del auto judicial de que no se debía alterar la convivencia ciudadana, Trapero avanzaba implícitamente que la votación se iba a celebrar porque los Mossos no iban a hacer nada por impedirla.
No ha habido día esta semana en el que el nombre de Trapero y las alusiones a su «traición» no se hayan escuchado en el solemne salón de plenos del Tribunal Supremo.
A pesar de estar en boca de todos, el ex jefe de los Mossos no se sienta en el banquillo en este juicio. Él será juzgado por la Audiencia Nacional pasado el verano, cuando se haya dictado la sentencia de la causa principal. Aunque está acusado por los mismos hechos, el juez Pablo Llarena dejó fuera de la causa del Supremo a los mandos de los Mossos para facilitar los procedimientos.
Aun así, Trapero está llamado a declarar como testigo en el Supremo el próximo jueves a las 16 horas. No está claro si declarará o si se acogerá a su derecho a no hacerlo, una posibilidad que la ley da al testigo para que la obligación de decir la verdad no perjudique su derecho de defensa en el otro proceso. Lo habitual en estos casos es no declarar, pero las alusiones contra él han sido muy fuertes estos días.
En la Audiencia Nacional, la Fiscalía pide para él 11 años de cárcel por rebelión por organizar un dipositivo «deliberadamente ineficaz» el 1-O y difundir publicamente las consignas para alertar a los militantes. Trapero niega la mayor y asegura que cumplieron el mandato de la juez, que ordenó evitar el referéndum pero, según él, siempre con «contención» y sin alterar la «paz social».
Defiende que cumplieron ese deber y corresponsabiliza de su plan a Pérez de los Cobos como coordinador.
