Los despidos de indefinidos se incrementan un 138,4% desde la reforma laboral
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, abrirá el próximo 20 de octubre la mesa de negociación de la reforma del despido. Un debate complejo y con inciertas posibilidades de salir adelante, pero que responde a una realidad sorprendente: desde la aprobación de la última reforma laboral, los despidos de trabajadores con contrato indefinido se han disparado un 138,4%. Entre enero y agosto se registraron 632.096 bajas de afiliación por esta causa, frente a las 262.820 en el mismo periodo de 2021.
Suponen un leve retroceso del 2,9% respecto a las 650.900 bajas anotadas hace un año, según los últimos datos publicados por la Tesorería de la Seguridad Social, si bien siguen siendo el siendo el segundo mayor registro de la serie histórica comparable, que arranca en 2013. Así, los trabajadores indefinidos protagonizan el 93% de las 678.965 bajas de afiliación por despido acumuladas en lo que va de 2025, un 87% más que las 346.916 bajas acumuladas entre enero y agosto de 2021. Por su parte, los ceses de trabajadores temporales han caído un 32%.
La intención de la reforma de Díaz es frenar esta práctica, estableciendo una mayor certidumbre en la indemnización. Así, ya no se calculará en función del tiempo de trabajo en la empresa y, por tanto, quede sujeto al límite de 33 días por año trabajado, sino que tenga también en cuenta las circunstancias del trabajador. La dirigente de Sumar no ha explicado cómo va a hacer esto,
aunque su modelo se inspiraría en la legislación francesa o alemana e iría en línea con el debate sobre el despido que
también se está produciendo en Italia.
Lo que parece claro es que el Gobierno no está por la labor de elevar el tope a los 45 días por año, que recortó la reforma anterior, de 2012. Tampoco si recuperará los salarios de tramitación para los
despidos declarados improcedentes, que también suprimió aquella norma que, sin embargo, suprimió el 'despido exprés' que permitía que la empresa reconociera
desde el momento del cese que era improcedente y tocaba pagar la compensación más alta. También reforzó las causas objetivas para justificar las extinciones de empleos.
De un despido caro, pero libre, se pasó a uno más barato pero que prometía mayor seguridad jurídica. Aunque en la práctica, se abrió otra vía, la de los despidos disciplinarios para liquidar con rapidez los ceses. Algo que quedó más que claro en marzo de 2020, cuando la declaración de la pandemia provocó un récord de despidos disciplinarios: muchas empresas necesitaban un ajuste rápido de plantilla y recurrieron a esta fórmula.
En este escenario, una reforma como la de 2021, que no toca el despido, pero limita la contratación eventual, habría tenido la consecuencia de que muchos de los puestos que antes eran eventuales y ahora se cubren con contratos fijos concluyen en despido. Eso sin contar las bajas por no superar el periodo de prueba, que no son considerados despidos ni conllevan una indemnización. La propia Díaz denuncia la existencia de "trabajadores de usar y tirar" para defender su ofensiva contra estas prácticas.
Sin embargo, los despidos disciplinarios no son los que más han aumentado. Lo han hecho en un 73% frente al 123% de los provocados por causas objetivas, es decir, ligados a circunstancias económicas, técnicas, organizativas o de producción
que tienen una indemnización por 20 días que ni el Gobierno ni los sindicatos se plantean revisar. Una evolución que resulta aún más chocante
en un momento de crecimiento económico y creación de empleo.
Los despidos de indefinidos se incrementan un 138,4% desde la reforma laboral