Aunque no recuerdo el enlace, estoy seguro de que hace unas cuantas semanas un forero de entre los que tienen más solera propuso que para arreglar el tema del déficit de tarifa eléctrica nada mejor que expropiar las centrales solares. Mi respuesta fue simple pero contundente y prometí una entrada al respecto:
No es posible expropiar centrales solares en España.
La razón de que no se pueda producir la expropiación de las centrales solares españolas es muy simple: Ya se ha producido.
El gobierno del PP elaboró el Real Decreto 436/2004 fue publicado un día antes de las elecciones que ganó Rodríguez Zapatero (por tanto, el pistoletazo de salida de las renovables en España lo propició el gobierno del PP, no me cansaré de decirlo: las renovables no son ni de derechas ni de izquierdas) y posibilitó un modelo de desarrollo de las centrales eléctricas de energía renovable en España bajo el modelo denominado feed-in tariff, que no es sino retribuir por la electricidad generada de una forma previsible y cierta en función del grado de madurez de la tecnología, las externalidades ambientales evitadas y los beneficios socioeconómicos producidos. Nihil Novo Sub Solem. El modelo está copiado de la normativa alemana y danesa y ha sido un ejemplo de éxito a nivel mundial.
Tres años después, ya con el PSOE plenamente asentado en el gobierno, se publicó el Real Decreto de Régimen Especial 661/2007 que realmente siguió en la misma línea. El resto ya es historia y saben de las consecuencias de que el Ministerio (no las Comunidades Autónomas como erróneamente se cree, pues es el Ministerio el que abría y cerraba el grifo de la financiación a través de la prima establecida) no haya hecho bien su trabajo de vigilancia y ahora tengamos muchos más megavatios solares de lo inicialmente planeado.
En un país dominado por un oligopolio eléctrico que tiene en nómina a los partidos gobernantes, lo fácil es cargarse la normativa con carácter retroactivo aunque las consecuencias puedan ser pavorosas. Esas consecuencias no hacemos sino empezar a olerlas. Por ejemplo, la que más preocupará en los próximos años será que los grandes fondos de inversión extranjeros que apostaron por la energía solar, especialmente los concentrados en la energía termosolar, se han movilizado para iniciar los trámites pertinentes para llevar al Reino de España a un arbitraje internacional de inversión, pue se sienten estafados tras haber invertido 15.000 millones de euros y habérseles cambiado las reglas de juego durante el partido.
Suponiendo que tengan éxito, y créanme, la Carta de la Energía deja pocas dudas sobre la legitimidad de las reclamaciones, en el plazo de unos tres o cuatro años el Reino de España se encontrará con un papelón: O devuelve el dinero sustraido a los inversores con normas de carácter retroactivo o se enfrentará a un vacío internacional que ya se está empezando a notar: A pesar de que nuestro presidente anuncie a bombo y platillo que en España se invertirán mil millones de euros en el sector de la automoción, eso es calderilla comparado con lo que debería entrar cada año para mantener la renovación de las inversiones y con lo que dejará de entrar si España no asume el veredicto de la corte Internacional de Arbitraje.
En caso de que el Reino de España asuma el veredicto si este es favorable a los demandantes, ya saben quienes pagarán el pato, ¿no? Les daré una pista: no serán ni los ministros socialistas que no prestaron atención a los avisos de las Comunidades Autónomas (Joan Clos y Miguel Sebastián) ni el socialista que inició la moda de la normativa retroactiva (Miguel Sebastián) ni siquiera el ministro popular que ha sacado la sexta regulación expropiatoria (José Manuel Soria).
En efecto, las consecuencias las pagaremos nosotros vía impuestos y precio elevado de la electricidad. Y los puestos de trabajo y la riqueza seguirán creciendo en aquellos países que apuestan de forma decidida, con coraje y cabeza, por la energía solar.
