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                                                       FERNANDO ESTEVE MORA
Como es de sobra conocido, existe un asentamiento ilegal a lo largo de 15 kilómetros de  la  Cañada Real Galiana a su paso por el sur de Madrid en el que viven un número indeterminado de personas. A veces se ha llegado a hablar de 40.000, otras este número se ha reducido a 8000.

Lo primero que hay que recordar antes de tratar el asunto es qué son las cañadas reales. Se trata de vías pecuarias que atraviesan muchas zonas del territorio español y singularmente de las dos mesetas por las que la ganadería trashumante repitió anualmente durante siglos  anualmente sus movimientos de norte a sur y de sur a norte según las estaciones. Estos caminos para pastores y sus rebaños tienen una longitud que llega en algunos casos a ser de más de 500 kilómetros y con una anchura que Alfonso X el Sabio estableció, para las cañadas castellanas, en 90 varas castellanas (72,2 metros).

Desde un punto de vista jurídico, el espacio que ocupan las cañadas reales es de dominio público y por tanto, inalienable (no vendible), inembargable  e imprescriptible, es decir, que no puede adquirirse la  propiedad de ninguna zona de una cañada real mediante su ocupación por más tiempo que quien la ocupe lo lleve haciéndolo, o por haber invertido recursos en ella (construyendo, por ejemplo, una edificación) , o por haber sido reconocida indirectamente  como tal por alguna empresa (o sea, por tener el contrato de suministro de algún servicio)  o alguna institución pública ( por pagar, por ejemplo, el IBI de la edificación hecha sobre ese suelo).  Es decir, que con respecto a las cañadas reales se tiene que no pueden ser  legalmente propiedad patrimonial de NADIE. Ni de ayuntamientos, ni de Comunidades Autónomas ni del Estado, y obviamente,  ni mucho menos de particulares. No son propiedad patrimonial de NADIE porque son propiedad de TODOS.

Desde una persdpectiva no jurídica sino económica,  las cañadas reales serían, como lo son los bienes públicos,  recursos de libre acceso o de oferta conjunta, pero a diferencia de ellos, el uso que hacen unos consumidores o usuarios de las mismas reduce o compite con el uso o disfrute de otros (en el caso de los bienes públicos puros, el uso o consumo de ellos es no-rival). A este tipo de bienes se les conoce como Comunales o bienes comunes. Es lo que ha ocurrido con los asntamientos ilegales, en los que el uso -ilegal- de las cañadas como suelo "residencial" o "industrial" (para poner negocios, como el del tráfico de estupefacientes)  no sólo ha impedido el uso de ese mismo suelo por parte de otros ciudadanos, por ejemplo, para su uso recreativo sino que las ha degradado ecológicamente. 

El problema es que estos terrenos (como otros bienes comunes de dominio público como las playas y las orillas de los ríos)  han sido muy golosos desde siempre, y así, desde siempre, ha habido quienes han "entendido" que lo que es de TODOS no es de NADIE, y que lo que no es de nadie cualquiera se lo puede de laguna manera "apropiar".

Así, ya sea de manera legal (mediante su desafectación como vías pecuarias y su conversión de  bienes de dominio público en bienes patrimoniales de alguna administración, y por tanto vendibles), como de manera ilegal, ayuntamientos y particulares, aprovechándose de que las cañadas reales son bienes comunes las han ido mordiendo, apropiándoselas para sus fines, sobre todo en el último siglo. En nuestros tiempos, las que quedan son sólo un esqueleto de su tamaño original, y así aparecen  frecuentemente interrumpidas por verjas, vallas y alambres de espino. Pero todavía, al igual que pasa con las orillas de los ríos y las playas, las que siguen siendo de dominio público qsiguen siendo  bienes COMUNES, uno todavía tendría derechoa  llamar  a la guardia civil para que se le permita transitar  por ellas si algún particular le impide hacerlo.

En el caso concreto de esos 15 kilómetros de  la Cañada Real Galiana que transcurre por el sur del Municipio de Madrid, el de Rivas y el de Coslada, sucedió que han sido "okupados" desde la década de los años 60 del siglo pasado. En ellos se establecieron  con la connivencia de todas las autoridades implicadas: ayuntamientos de Madrid, Coslada y Rivas, Comunidad de Madrid y Estado, diversos "colectivos": familias, empresarios del trafico y producción de drogas ilegales (heroína, cocaína y cannabis), toxicómanos, ongs e iglesias de distintas denominaciones. Por supuesto, a lo largo de los años, la población "okupa" ha ido cambiando, pues ha  existido un "mercado" de las casas y locales construidos ilegalmente sobre los terrenos de la cañada real. Desde las diferentes administraciones locales y regionales, a lo largo de los años, y contra la legalidad, pues recuérdese que se trata de una vía pecuaria, se ha ido urbanizando ese gigantesco asentamiento ilegal para dar a los "vecinos" del mismo el acceso a unos servicios públicos mínimos.  No ha de pensarse que todos quienes habitan en ese asentamiento son pobres de solemnidad ni delincuentes. Muchos, quizás la mayoría, no son ni una cosa ni la otra. Ha de tenerse en cuenta, por otro lado, que puesto que quienes allí viven no pagan ningún tipo de impuestos por los  servicios  públicos que reciben, ni tampoco pagan  -en su mayoría- por la luz eléctrica y el agua que usan que proceden de conexiones ilegales, su renta REAL es más elevada de lo que su renta monetaria, caso de que pudiera conocerse cosa difícil por obtener sus ingresos en la economía sumergida,  podría dar a entender.


 En las últimas semanas han saltado de nuevo a las portadas de los periódicos a tenor de la suspensión del suministro de red eléctrica que han sufrido esos "okupantes" en algunas zonas, "suministro" forzoso y no contractual para la compañía eléctrica dado que la inmensa mayoría de las conexiones son ilegales, como fruto del exceso de consumo eléctrico por parte de los "empresarios" dedicados a  los cultivos de marihuana que, al haber disparado el uso de electricidad, ha hecho saltar los sistemas de seguridad de la red. Ello, en mitad de una ola de frío, ha vuelto a poner estos asentamientos ilegales en el debate político enfrentando a quienes desde el actual gobierno de la Comunidad de Madrid defienden que, ante esta urgencia climática,  se ha hecho lo posible, ofreciendo a los habitantes el realojo provisional en albergues municipales, pero que los "residentes" lo han rechazado a tenor del miedo a que sus "residencias" fuesen a su vez  "okupadas" dado que no tienen títulos de propiedad sobre las mismas. Los críticos de esta posición  han pedido que la compañía eléctrica volviese a restablecer el flujo eléctrico, lo que dados los niveles de consumo ilegal (la empresa ha llegado a decir que, en la zona, son siete veces más elevados por unidad que los que se registran por término  medio en el resto de la Comunidad de Madrid) supondría aumentar la capacidad de los tendidos, que iría en buena medida a suministrar electricidad para la producción de drogas ilegales. A esto se ha contraargumentado que puesto que "no deben pagar "justos" por pecadores", que no se puede tratar igual los ilegales enganches de familias "normales" con los ilegales enganches de las familias dedicadas al cultivo de marihuana.

Pero fuera de este lío circunstancial, que -por cierto- parece haber ya  finalizado finalizada la ola de frío, el problema permanece no sólo en la cañada real madrileña sino a propósito de lña variedad de asentamientos ilegales sobre bienes comunales. ¿Qué se puede hacer con un  asentamiento ilegal en una zona que es de dominio público como es una cañada real o una playa? Por lo que a mí se me ocurre, teóricamente, habría dos grandes alternativas al no hacer nada, que es por otra parte, la política más fácil y por ello la más probable. Cada una de esas alternativas tiene, a su vez, dos dos posibles líneas de actuación:

1.-  Finalizar con el asentamiento ilegal acabando con el asentamiento. Ello podría hacerse de dos maneras: mediante el
1a.- Desalojo y expulsión directa de de todos los "okupantes" . Ese "deshaucio" sería consecuencia de la correspondiente porden judicial e iría acompañado con un plan de realojamiento de la población desalojada en trance de exclusión social.
1b.- Desalojo y expulsión indirecta. El mecanismo para llevarlo a cabo consistiría en desandar el proceso de urbanización de la zona de marras, de modo que, poco a poco, y confome el nivel de servicios públicos se fuese  degradando, el coste de vivir en esa zona iría  subiendo de modo que la zona,  progresivamente,  dejara de ser  habitable para la mayoría de la población "okupa" lo que la llevaría a aceptar las opciones de realojo. Una vez sólo quedara en la zona la población más marginal y delincuente, el cierre del asentamiento sería mucho más fácil.

2.- Finalizar con el asentamiento ilegal no acabando con él sino legalizándolo. En último término ello supone la privatización del uso de ese bien común). Tal legalización puede ser de  dos tipos:
2a.- Legalización/privatización "blanda" o débil. Que consistiría en dar a los actuales "okupantes" la  concesión para instalarse en ese bien de dominio público por un periodo de tiempo (99 años, por ejemplo) como ya se hace, por ejemplo, con los chiringuitos playeros.
2b.- Legalización/privatización "fuerte" o dura. Que pasaría por la desafectación del dominio público de ese tramo de cañada  convertiéndola en patrimonio ya sea de los ayuntamientos de la zona, o de lña comunidad del Estado, administraciones que podrían luego vender los terrenos a los actuales "okupantes".

A la hora de planterase, desde la Economía, cuál sería la mejor entre estas opciones, y como es de esperar, se tiene que la mejor opción depende de la posición ideológica. No es nada extraño,l pese a lo que pudiera parecer,  que para la más estricta derecha económica, en la que se encuentran los economistas neoliberales y austríacos, la mejor solución para los problemas que plantean los asentamientos ilegales, como de la cañada real madrileña, sea la 2b, o sea , su  legalización vía privatización. Es esta la solución defendida por economistas como Huerta de Soto para resolver los problemas de los asentamientos ilegales en las grandes ciudades de Brasil o de Perú. Es decir la desafectación del dominio público, la conversión en bien patrimonial de los ayuntamientos de la zona, y la posterior enajenación de esos terrenos a sus ocupantes vendiéndoselos en condiciones muy ventajosas. ¡Para que luego se diga que la derecha extrema no tiene sensibilidad "social"!. Sólo que esto es congruente con su posición general, que es la privatización de todo lo público y lo común. Tampoco extrañará que esta sea la opción preferida por las empresas "inmobiliarias" (incluyendo en esa rúbrica la Iglesia Católica, que ya tiene experiencia en eso de "inmatricular" lo que -aparentemente- era de nadie, pues era de todos), pues ello les permitiría "comprar" suelo anteriormente público para sus "promociones". Obviamente, también es la política óptima para los "okupas" de la zona pues no sólo resolvería sus problemas de alojamiento sino que les supondría un incremento en su riqueza. 

Pero, sin embargo, es de lo más paradójico  que esa opción (la  1a, la privatización ) sea defendida también por muchas gentes de la izquierda, pues uno -de salida- pensaría que aquellos defensores de "lo común", aquellos que de alguna manera se reclaman de la ideología o del  sueño comunista, serían los primeros en defender el mantenimiento de las cañadas reales como lo que son, como uno de los escasos bienes comunes que la historia nos ha dejado, como documentó Joaquín Costa. Pues no. Abundan los "progresistas" que, ante el espectáculo de la pobreza aparente en esas zonas, ven con buenos ojos la legalización/privatización "dura" sin tener en consideración los efectos no deseables que tal política "buenista" pueda  tener sobre el resto de los escasos bienes comunales que ya van quedando.Es lo que le pasa a la izquierda cuando deja de leer a sus clásicos, y se pasa a los clásicos de la Iglesia, incluido su venerado Papa Francisco, que hacindo suyo el consejo de Fernando VII  abandona la funesta manía de pensar.

La alternativa 1a, la de expulsión pura y dura, nadie se atreve a defenderla, si bien es posible encontrarla entre las empresas inmobiliarias de esas zonas que, caso de que no se opte por la opción 2b que les permitiera entrar en ese "mercado", lo que no quieren es que sus cercanas  promociones residenciales  se vean desvalorizadas por la continuación de estos asentamientos ilegales. Obviamente, mejor, mucho mejor, para ellas es tener al lado una cañada real con elevadísimo valor ecológico que redundaría en mayor valor para sus promociones.

Y, ¿qué ha pasado con la Cañada Real madrileña? Pues eso mismo. En 2011, la Comunidad de Madrid dio el paso previo a la privatización definitiva. Desafectó esos kilómetros de la Cañada Real, y los transfirió a los ayuntamientos implicados, y estos pueden ahora venderlos a sus "okupantes" si estos pueden acreditar que los ocuparon ilegalmente entes de 2011. En la medida que eso no va a ser nada fácil para buena parte de los hoy okupantes que han llegado a esas zonas con posterioridad comprando a  anteriores "okupas", la expectativa  es que progresivamente se dulcificarán las condiciones de acceso a la "propiedad". Ni qué decir tiene que en esa señalización es valiosísimo el contar con cualquier "prueba" de que se está "okupando" una parcela, lo que explica para los  economistas, -siempre tan "mal" pensados-, aunque para no los bondadosos periodistas -siempre tan "bien" pensados-  el repetido interés y claro propósito de los actuales okupantes ilegales por pagar legalmente cualquier cosa que muestre que se está allí, por ejemplo, la factura de la luz.

Y, para acabar, lo que nadie parece pensar  cuando se "soluciona" de esta manera el problema social que se genera cuando muchos ciudadanos no ven otra opción de alojamiento que el asentamiento en bienes comunales, es el "efecto demostración" que sobre otras personas en semejante situación de penuria tienen las políticas de legalización. Y es que,  ¿cómo se va a echar, por ejemplo,  a los "okupantes" de una playa cuando no se ha hecho eso con los de una cañada? ¿No sería una discriminación adicional entre los ya discriminados?   

 




  1. #3
    09/02/21 20:03
    Como usted bien dice es un problema político. ¿pero que es un problema?, yo lo defino como un suceso que se va postergando en ser atendido, este a su vez se va agudizando y cada vez es más complejo en su búsqueda de solución. 

    Sigamos con lo político, vivimos en unas sociedades con parlamentos representativos, que no democracia, la democracia es otra cosa (asambleas participativas y legislativas con cargos salidos por sorteo), bien el hecho que tratamos es debido a la “Kakonomía”, que sobre eso usted expuso algo en este blog. 

    Debido a la externalización de los servicios sociales, ONG, Empresas privadas, etc. Y a que las partidas hacia estas con el tiempo han ido menguando, nos encontramos con sucesos como estos, yo no sé cuál podría ser la solución, pero si se cómo se debía haber resuelto en su tiempo.

    En vez ir desmantelando asentamientos y que miembros de estos se hubiesen ido a otro, posiblemente en algunos casos por sesgo cultural, habiéndoles ofrecido una alternativa, si ese hubiese sido el caso deberían haber sido desalojados, eso no había dado pie a que, con los años, con la entrada de inmigración y la posterior crisis, ahora sea algo insostenible.

    Entonces entra en juego la voluntad política. La de los representantes mediocres que atienden más a sus corruptelas y a su supervivencia en el cargo, que crean más problemas, que soluciones y esto es un ejemplo de ello.

    Cuídese un saludo.
  2. #2
    04/02/21 07:57
    Buenos días,

    Gran artículo, y gran análisis.

    Sólo por aportar.
    Cómo se dice popularmente, el problema no tiene la importancia en el momento presente, sino cuando se origina.
    De esos polvos, estos lodos
    Cómo bien dices, desde los años 60, pero principalmente, a raíz del desmantelamiento de poblados chabolistas en entornos cercanos a la ciudad, cómo pudiesen ser los Focos de Vicalvaro, San Blas, o más recientemente Pitis, etc, "empujarón" a esos ciudadanos, a "refugiarse" en la Cañada Real.
    Siendo este, uno de los porcentajes más a importantes a considerar, en la citada zona.

    Lo que quiero dar a entender, es que díficil solución tiene.
    Siguiendo el hilo de lo bien que lo has argumentado, hay dos opciones:

    - Ceder nuestros derechos comunes, para que a estas personas se les legalice de alguna forma, su residencia legal en la Cañada Real.

    -O bien se produzca el mismo fenómeno migratorio que sucedió hace cuarenta años, según vaya creciendo la ciudad, en función de la necesidad de suelo.
    Con lo que acabarían a primera instancia en Arganda.
    Cosa esta última, que no deja de ser ley de vida.
    El centro crea un arrabal, el arrabal con los años se convierte en centro, creando este un nuevo arrabal, y así sucesivamente.

    Un cordial saludo,
  3. #1
    03/02/21 23:02
    Interesantísimo artículo, muchas gracias por el mismo.
    Sobre todo porque no olvidas que lo más importante es que no busca la solución al problema humano y todo son subterfugios y poner el foco en lo ilegal, en lo delictivo y en la ocupación.
    Solucionemos el problema humano y luego, veremos como, "milagrosamente" el problema del uso del suelo es mucho menor y sencillo de arreglar.

    Entrando en la materia del uso del territorio, de una parte del territorio muy especial que son las cañadas reales, desde el momento en que se desafectan esos tramos de la Cañada Real Galiana, pasan a ser simplemente suelo patrimonial (municipal o autonómico, me da igual), por lo que la gestión y la responsabilidad de que haya invasiones y mal uso de ese suelo es de su propietario.
    Como bien dices, el suelo patrimonial de una administración forma parte de su patrimonio, esa administración es el dueño y por lo tanto, responsable de lo que allí pase. Pero en el caso de los bienes demaniales, yo entiendo que no se puede afirmar que son de todos y de nadie, pues en realidad son un tipo "agravado" o "especialmente protegido" del patrimonio de la administración. Por lo tanto, es un bien propiedad de una administración, que tiene unas cargas y unas protecciones mayores, y que tiene unos responsables con nombres y apellidos que son los gestores de ese bien demanial y que ocupan cargos (políticos) y puestos públicos (funcionarios).
    Cuando un bien demanial (de dominio público como son las cañadas reales, dominio público hidráulico, de costas, Montes de Utilidad Pública, ciertos Reales Sitios, etc) no se protege adecuadamente es cuando pasa a sufrir las consecuencias de "ser de nadie porque es de todos".
    La realidad es que este abandono es en parte permitido por la administración, en el caso de las cañadas reales, la Ley 3/1995, de 23 de marzo de Vías Pecuarias, una de las cosas que hace en la práctica es que el estado se desentienda de ellas, y de su protección, al no existir una obligación de preservación de las mismas ni la obligatoriedad de informes ministeriales para su desafección. Estoy seguro que hubo desafecciones que se hicieron en contra de la opinión y los informes de los expertos en materia agroganadera, ambiental y territorial, pero son los tiempos que vivimos.
    Por curiosidad, una serie de mapas de las vías pecuarias en el momento de entrada en vigor de la Ley 3/1995, AQUÍ.

    Haces mención a la escuela austríaca de economía, es una pena que en este país no se haga caso a la escuela austríaca de vivienda social (vienesa más bien). Muchas cosas nos irían mejor como sociedad y como personas.
    https://www.revoprosper.org/2019/01/12/asi-es-el-paraiso-de-las-viviendas-accesibles-en-viena/
    Un saludo y disculpas por la chapa "demanial"

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