Qué fácil es exigir a los demás que emigren cuando no eres tú quien tiene que hacer las maletas, encontrar una vivienda, pagar una fianza, asumir los gastos de traslado y empezar de cero en otra comunidad.
Y lo de «vivir a costa de los impuestos de los demás» ya retrata bastante bien su argumento. Los subsidios no son limosnas ni premios a la vagancia. Son prestaciones reguladas por ley, sujetas a requisitos y obligaciones. Quienes las reciben no pierden sus derechos ni su condición de ciudadanos.
Lo verdaderamente indignante es pretender que una persona acepte cualquier empleo, en cualquier lugar de España, sin preguntarse cómo va a pagarse una vivienda, cómo va a mantenerse hasta cobrar su primer sueldo o qué sucede cuando termina un contrato temporal.
Exigir movilidad geográfica sin garantizar las condiciones materiales para ejercerla no es una política de empleo: es trasladar al trabajador todos los costes y todos los riesgos.
Y una última cosa: trabajar no significa aceptar cualquier condición, en cualquier lugar y a cualquier precio. Los derechos laborales existen precisamente para que el empleo no se convierta en una obligación de supervivencia.
Menos sermones sobre trabajar y más explicaciones sobre cómo se supone que una persona tiene que vivir mientras consigue hacerlo.
