En Qué se diferenciaria una Cataluña independiente a la junqueras/mas de la situación actual?

Para compensar este déficit, los administradores, en 1982, ‘recurrieron al Banco de España para atender perentorias necesidades de tesorería y de liquidez, facilitándoseles, a tal fin, 19.500 millones de pesetas’. Tras esto, el consejo de administración de Banca Catalana fue suspendido en sus funciones. Poco después se hizo cargo de la entidad el Fondo de Garantía de Depósitos, que saneó el banco, ‘cuyos recursos eran fondos públicos’ y lo hizo sin colaboración de los anteriores administradores.

Continúa deformándose y tergiversándose la realidad para ocultar la responsabilidad de unos gestores, los de Banca Catalana, que emplearon la entidad para fines completamente ajenos al interés de los ciudadanos que, de buena fe, depositaron sus fondos allí y los salvaron, en parte, gracias a las ayudas del Estado español

el caso Banco Catalana no fue el único de presunto ‘aprovechamiento patrimonial de fondos públicos con un evidente abuso de poder’. Así, en 1990, la Fiscalía de Barcelona abrió una investigación penal contra Lluís Prenafeta, secretario general de la Presidencia de la Generalidad, ‘por compatibilizar ese cargo con el de consejero de Iberia de Seguros S.A.’. Prenafeta dimitió. Y el fiscal general del Estado, dependiente jerárquicamente del Gobierno, impidió que la Fiscalía formulara una querella criminal.

Esta misma historia volvió a repetirse a mediados del mismo año, 1990, con la presunta ventaja que obtenían sociedades vinculadas a consejeros autonómicos o altos cargos de la Generalidad a través de fondos públicos. Entre estas empresas, según ha recordado el ex fiscal anticorrupción, estaban como beneficiadas Industrias Reunidas de Sallent S.A. y Comercial de Cubiertos y Platería S. A., ‘ambas del grupo familiar de los que fueron consejeros Joan Vallvé i Ribera y Joan Hortalá i Arau’; así como Iberhospitalia S. A. vinculada al proyecto del Hospital General de Cataluña; Subirá i Cia,S.A. y Puntextil S.A. ‘de la familia del Consejero Antoni Subirá i Claus’; y Egasa S. A., propiedad de Josep Garrell i Pubill, diputado autonómico de CiU -fallecido en 1994- y ‘de sus familiares’.

Una vez prescrito el caso, las deudas de las empresas, reclamadas judicialmente por la Generalidad, nunca fueron devueltas. Además, ‘se acreditó que el consejero Macià Alavedra i Moner estuvo simultaneando cargos públicos con cargos ejecutivos en varias empresas privadas, conducta que era penalmente perseguible’.

Con todo esto, la Fiscalía planteó presentar una querella criminal por ‘delito de malversación de caudales públicos’ contra los consejeros Cullell, Oller, Hortalá, Pujol i Figa, Vela, Garrell, Vallvé, Subirá, Basáñez y Alavedra. Sin embargo, el fiscal general del Estado apoyó a CiU y no a un subordinado suyo. No parece que en estos casos se actuará a favor de Cataluña.

pues ya está, la culpa de todo es del resto de españa, que apoyó a ciu en lugar de al subordinado del fiscal general de españa.

Sin desperdicio ninguno.

Francesc Granell (Barcelona, 1944) es catedrático de Organización Económica Internacional de la Universidad de Barcelona y director general honorario de la Comisión Europea. Como economista, y en virtud de su trayectoria internacional y alto funcionario de la UE, se podria afirmar con un margen mínimo de error que sus opiniones altamente autorizadas, van a misa.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/09/28/catalunya/1380391005_982094.html