"Ligar las pensiones a la esperanza de vida las hará bajar un 6% cada década"

La cuarta trampa del PP es pretender que la solución pasa por reducir gastos en pensiones y no por aumentar los ingresos del sistema de seguridad social. Existe la necesidad y la posibilidad de mejorar los ingresos, tanto los contributivos de las cotizaciones como los de origen fiscal.

A corto plazo por la utilización del Fondo de Reserva de la Seguridad Social y de una aumento transitorio de los ingresos contributivos, que en forma de Contribución Social Generalizada debería recaer en el esfuerzo de todos los sectores sociales y no solo de los trabajadores.

A medio plazo por la vía del crecimiento del empleo y de la calidad y productividad de los puestos de trabajo y en consecuencia de las cotizaciones. También del aumento de las bases máximas y mínimas de cotización, al tiempo que se arbitra un aumento en las aportaciones fiscales, previstas ya en el Pacto de Toledo.

La quinta trampa del PP consiste en aprobar un cambio radical en el sistema de revalorización de pensiones que es opaca en su diseño y funcionamiento, arbitraria en la fijación de la cuantía de la revalorización e injusta en sus consecuencias de pérdida del poder adquisitivo de las pensiones.

La actual formula de revalorización de las pensiones a partir de la evolución del IPC es transparente, porque depende de un indicador público y sencillo. Garantiza el poder adquisitivo como un derecho y no como una concesión discrecional o arbitraria del Gobierno de turno. Y no es inflacionaria, porque se determina sobre las previsiones iniciales del IPC, siempre a la baja.

En cambio la nueva fórmula del Gobierno es opaca en su diseño, incorpora grandes dosis de arbitrariedad y además va a provocar importantes pérdidas de poder adquisitivo. Además de ser procíclica en relación a la evolución de la economía, en la medida que prevé que a igual inflación la revalorización sea menor en momentos de crisis y mayor en momentos de bonanza.

La sexta trampa del PP es decir que la nueva forma de revalorización no va a provocar la pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas actuales.

¿Si el Gobierno dice que la nueva fórmula garantiza el poder adquisitivo como hasta ahora, porque plantea cambiarla?

Ante la evidencia de la falta de razones que justifiquen la reforma del PP, cabe preguntarse sobre cuál es la razón que lleva al Gobierno – siguiendo los dictados de la Troika - a plantear una reforma por la vía de la urgencia.

La respuesta es la misma que para otras reformas. La crisis brinda una gran coartada y una gran oportunidad – miedo y resignación- para imponer estos cambios en un contexto de mayoría absoluta del PP.

“O ahora o nunca” parecen gritar los lobbys económicos interesados desde hace décadas en un recorte de las pensiones que comporte un menor gasto y una pérdida de peso económico y político de la Seguridad Social pública.

Por Santos Ruesga | 04 Septiembre 2013 - 12:09 h.

El recurso a los fondos complementarios de pensiones, como aditamento a unas pensiones públicas decrecientes, no deja de ser una ironía en un país con un elevado nivel de desempleo, niveles salariales en descenso y ascenso intenso de las desigualdades en la distribución de la renta. Ahorrarán para una pensión complementaria los que puedan, que en la sociedad española no son tantos. Y, en todo caso los que puedan ahorrar una cuantía razonable para prever su contingencia de vejez, obviamente pueden acudir a cualquier mecanismo de ahorro, que no necesariamente pasan por los fondos de pensiones.

Pero en esta tesitura de incertidumbres hacia la cuantía futura de la pensión pública sí hay ganadores; el miedo a reducidas pensiones futuras –y su evidencia con el transcurrir del tiempo- irá a alimentar fondos privados de pensiones con recursos de una clase media poco experimentada en la inversión financiera. Y aquí aparece un claro ganador: las entidades gestoras de los fondos privados, que cobrando jugosas comisiones (las más altas de Europa según la OCDE) verán crecer una línea de negocio, hasta la fecha muy poco desarrollada en España. Y es desde ahí, en el espacio de los ganadores con este tipo de reformas, desde donde se presiona, a través de los diversos medios que sistemáticamente difunden la nueva del futuro crack del sistema público de pensiones (ya lo hicieron con otros sesudos informes en los años noventa, cosechando un severo fiasco, entre otras cosas por no contemplar los cambios demográficos y económicos que implicaron la migraciones en España).

No es sólo una forma de hacer frente a la coyuntura, para reducir el déficit; detrás de este tipo de reformas hay un discurso ideológico sustentado en un cierto grupo de poder económico (y político) que redundará en una sociedad más desigual aún y, de forma particular, con desigualdades creciente en el nivel de vida de los pensionistas, colectivo de especial e intensa vulnerabilidad económica. De nuevo… el recurso al mercado como sustentador de un futuro resplandeciente.

Santos Ruesga formó parte del Comité de Expertos para la reforma de las pensiones, siendo el único de los integrantes que votó en contra del informe.