De inmigrantes a pensionistas: casi 400.000 extranjeros empezarán a jubilarse en los próximos años
La
regularización masiva de inmigrantes que el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó la semana pasada sigue generando polémica. La
contribución de la inmigración a las cuentas públicas, el gasto que generan en el sistema, su cualificación o su integración laboral están siendo objeto de un intenso debate estos días.
Dentro del presupuesto del Estado, las pensiones suponen la mayor partida de gasto, aunque es de la que menos se benefician los inmigrantes en el corto plazo, y todo ello, mientras contribuyen a su financiación vía cotizaciones sociales y otros impuestos. Sin embargo... esta dinámica va a cambiar en los próximos años.
De inmigrante a pensionado
Casi 400.000 afiliados a punto de entrar
Según los últimos datos de afiliación publicados por el Ministerio de Seguridad Social, el pasado mes de marzo había en España 391.656 afiliados extranjeros medios en el sistema con más de 54 años, lo que supone que desde ahora, y durante la próxima década, una parte relevante de estos trabajadores se jubilará haciendo uso de su derecho a pensión, lo que seguirá erosionando las cuentas del maltrecho sistema de Seguridad Social.
El cuadro anterior también refleja que casi 4,5 millones de los españoles que cotizan actualmente tienen más de 54 años (de un total de 18,7 millones de trabajadores nacionales). Al igual que los extranjeros, buena parte de ellos comenzará a jubilarse próximamente.
Este aumento del número de jubilados (tanto nacidos en el extranjero como en España) unido a que sus pensiones de entrada son cada vez más altas seguirá poniendo en jaque al sistema.
El Gobierno de Pedro Sánchez ha establecido una
subida de cotizaciones masiva desde 2023 a través del MEI todos los 1 de enero de los próximos años. Este
palo al trabajo está destinado a pagar las jubilaciones de la oleada de jubilaciones que se avecina, pero no será suficiente para equilibrar las cuentas del sistema. Y es que, desde hace años, las cotizaciones sociales ya no son suficientes para pagar las pensiones, por lo que el Estado cada vez tiene que hacer más transferencias y préstamos para costear las pensiones.
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