Bruselas denuncia a España ante el TJUE por incumplir la normativa sobre condiciones laborales
La Comisión Europea considera que el Gobierno no ha transpuesto debidamente la directiva europea sobre unas condiciones laborales transparentes y previsibles y, tras tres años avanzando en el procedimiento de infracción, reclama al tribunal europeo que imponga sanciones económicas.
La Comisión Europea ha solicitado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sanciones económicas para España por no adaptar a su legislación nacional la normativa comunitaria sobre transparencia en condiciones laborales. La denuncia de Bruselas llega por considerar la institución presidida por Ursula von der Leyen que el país no transpone plenamente al Derecho nacional la Directiva 2019/1152, relativa a unas condiciones laborales transparentes y previsibles.
Con estas normas, los trabajadores tienen, por ejemplo, derecho a una mayor previsibilidad en relación con las misiones y el tiempo de trabajo. También tienen derecho a recibir oportunamente información más completa sobre aspectos esenciales de su trabajo, como el tiempo de trabajo y la remuneración. Las normas de la UE también garantizan que los trabajadores disfruten de unas condiciones laborales consideradas mínimas en el territorio, como la limitación del período de prueba a un máximo de seis meses.
"La Comisión considera que, hasta la fecha, los esfuerzos de las autoridades han sido insuficientes, por lo que va a llevar a España ante el TJUE y solicitar que se impongan sanciones financieras", asegura el Ejecutivo comunitario en un comunicado en el que recalca que la directiva "beneficia a entre dos y tres millones de trabajadores en condiciones de empleo precarias".
El
encontronazo entre Bruselas y España por la transposición de esta Directiva viene de lejos. La Comisión inició el procedimiento de infracción mediante el envío de una carta de emplazamiento a las autoridades españolas en septiembre de 2022, seguida de un dictamen motivado en junio de 2023. En febrero de 2025, España notificó al Ejecutivo comunitario medidas nacionales que transponían algunas de las disposiciones de la Directiva, pero no todas, algo que desde la Unión Europea se ha considerado insuficiente.
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