La Fiscalía Anticorrupción, que solicita una multa de 160 millones de euros por un delito continuado de falsedad en documento mercantil para la compañía de ingeniería asturiana (ahora controlada por el mexicano Grupo Prodi tras su entrada en 2024), acusa a sus exdirigentes asturianos del pago de 105 millones de dólares en mordidas a excargos del Gobierno de Hugo Chávez. En concreto, se trata de los exviceministros de Venezuela Javier Alvarado Ochoa y Nervis Villalobos, quienes habrían recibido estas sumas de dinero a través de diferentes testaferros a cambio de la adjudicación en 2009 del macroproyecto del central de gas para atender el crecimiento de la demanda eléctrica en Caracas.
Para Anticorrupción los hechos serían constitutivos de los delitos de corrupción internacional, falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales. En concreto, el escrito de acusación sostiene que el grupo Duro Felguera resultó adjudicataria de la obra de la central Termocentro con un presupuesto de 1.500 millones de dólares y que filiales de la compañía asturiana firmaron una serie de contratos con entidades y personas venezolanas, que tenían por objeto, según Anticorrupción, "encubrir el pago de comisiones o sobornos a funcionarios públicos venezolanos, para que se favorecieran los intereses de dicha mercantil".
Parte de los fondos obtenidos de las comisiones fueron invertidos por los altos cargos venezolanos en la compra de viviendas de lujo en Madrid capital, Majadahonda, Valdemorillo y Lugo.