Hoy sábado, 15 de noviembre de 2014 el Estado español ha cometido un acto que pudiera calificarse como terrorismo de Estado. Una lancha de la Armada española ha arrollado dolosamente dos lanchas de Greenpeace que estaban realizando una acción pacífica de protesta por las prospecciones petrolíferas de Repsol en aguas canarias.
El ataque ha inutilizado las dos lanchas de Greenpeace y ha herido seriamente a una de las activistas, que se encuentra ingresada en un Hospital canario.
Véase aquí el blog en que se realizaba el seguimiento de la acción; y aquí un vídeo del violento ataque, que creo que puede calificarse de criminal sin ninguna exageración. Este vídeo desmiente las manifestaciones del Ministro de Defensa, que niega que las lanchas de la Armada embiesen las zodiacs de Greenpeace.
Este ataque recuerda la acción terrorista que la noche del 10 de julio de 1985 llevaron a cabo dos agentes secretos franceses, que colocaron dos bombas en el Rainbow Warrior y mataron al fotógrafo portugués Fernando Pereira en aguas de Nueva Zelanda cuando el buque insignia de la ONG ecopacifista se dirigía al atolón de Mururoa para protestar contra las pruebas nucleares que desarrollaba el gobierno francés. Los dos agentes fueron condenados a diecisiete años de cárcel en Nueva Zelanda, aunque después Francia consiguió que el gobierno neozelandés permitiese su traslado a una cárcel francesa; luego les puso en libertad y concedió honores y reanudaron su carrera. El Ministro de Defensa francés se vio obligado a dimitir por el escándalo y el Jefe de los Servicios Secretos, un almirante, fue destituido.
Lo mismo deben hacer hoy los ministros españoles de Defensa y de Industria, responsables políticos de esta vergonzosa y criminal acción, impropia de un Estado democrático de Derecho.
El Gobierno que preside Mariano Rajoy ha demostrado su incapacidad e ineficiencia repetidas veces en el tiempo que lleva en ejercicio. Ha sido incapaz de mejorar la situación social de millones de familias afectadas por la crisis; por el contrario, ha destruido más empleo, reducido salarios, eliminado derechos sociales; ha llevado un ataque sin precedentes contra el sistema sanitario español y contra la educación pública. Ha conseguido unir a todos los interesados en el rechazo a su política en materia de Justicia. Numerosos cargos públicos han sido descubiertos involucrados en múltiples casos de corrupción. Ha dado lugar a una situación de absurdo enfrentamiento social y político en Cataluña. Ha actuado de forma insultante en la crisis del ébola. Ha violado el Derecho Internacional y el ordenamiento interno en sus actuaciones contra los inmigrantes en Melilla. Ha elaborado una ley para impedir la protesta pacífica, en clara violación de la libertad de expresión, en lo que supona una vuelta a posiciones previas a la instauración de la democracia. Ha hundido la industria de las energías renovables, que se encontraban entre las mejores y más avanzadas del mundo. Ha empeorado la situación ambiental española: en plena crisis económica, con menos actividad industrial, en España se emiten más gases de efecto invernadero que antes del inicio de la crisis.
A todo ello se suma ahora esta acción criminal contra unos manifestantes pacíficos, en defensa de los intereses de la industria sucia y de unas prospecciones contra las que se ha manifestado la gran mayoría de la población canaria porque afectan a su futuro económico. El Ministro de Industria, que antes fue Presidente canario, dejó como herencia política una situación en que Canarias es la Comunidad Autónoma con menor implantación de energías renovables, pese a que precisamente por su situación geográfica es la más indicada para ser la primera en verse libre de energías fósiles.
Esta acción es una vergüenza para el Gobierno y para la Armada española y exige una reparación que debe comenzar por la dimisión de sus responsables políticos directos: los Ministros de Defensa y de Industria. Y por el procesamiento criminal de quienes hayan intervenido en la acción, desde los ejecutores materiales hasta quienes hayan dado la orden del ataque.
Y, en segundo lugar, esta muestra de pérdida del Norte requiere unas elecciones generales anticipadas. España y los españoles no podemos seguir padeciendo este Gobierno.
