Aquí os dejo un texto de muestra:
Resumen Ejecutivo
RESUMEN EJECUTIVO
El presente documento constituye una reclamación formal y denuncia social por mala praxis bancaria atribuida al Banco Santander en la gestión del abono de las prestaciones por desempleo. Fundamentada en el artículo 29 del Estatuto de los Trabajadores, esta queja subraya la obligación de realizar pagos salariales y, por extensión, prestaciones públicas, con una periodicidad máxima de treinta días.
Miles de familias que dependen de estas ayudas para cubrir sus necesidades básicas se enfrentan a la incertidumbre de no recibir sus ingresos en fechas compatibles con sus obligaciones económicas, como el pago de alquileres, hipotecas y suministros, que legal y contractualmente vencen entre los días 1 y 5 de cada mes. A esta situación se suma el agravante de que Openbank, entidad filial del mismo grupo bancario, sí realiza los abonos con puntualidad, evidenciando una práctica discriminatoria y contradictoria.
El Banco Santander ha emitido comunicados contradictorios responsabilizando al SEPE de errores en los envíos de ficheros, excusas que se desmienten por la realidad objetiva del cobro puntual en otras entidades, incluyendo su propia filial.
Este retraso reiterado no solo vulnera principios financieros básicos, sino que deteriora gravemente la salud mental y emocional de las personas afectadas, amplificando su vulnerabilidad y dificultando su estabilidad económica y social.
Esta denuncia tiene como propósito exigir un cambio de política bancaria inmediato y una mayor fiscalización de estas prácticas por parte de las autoridades competentes.
Reclamación y queja formal por mala praxis bancaria del Banco Santander en el abono de la prestación de desempleo
Introducción: La obligación legal de puntualidad en los pagos
La puntualidad en el abono de salarios y prestaciones sociales no es una mera cuestión de buena práctica o cortesía financiera, sino una obligación legal claramente estipulada en el ordenamiento jurídico español. El artículo 29 del Estatuto de los Trabajadores establece de manera taxativa que
"el tiempo máximo entre el abono de las nóminas de un trabajador es de un mes", obligando así a que
"la empresa debe pagar el salario puntualmente en la fecha y lugar convenidos o conforme a los usos y costumbres, sin que pueda superar este plazo máximo" (
fuente).
Aunque esta disposición está formulada en términos aplicables a relaciones laborales tradicionales, su espíritu es perfectamente extrapolable a la prestación de desempleo, ya que esta funciona como sustituto del salario en situaciones de paro involuntario. La relación financiera que se establece entre el Estado, como garante de esta ayuda, y los ciudadanos desempleados, debe regirse por los mismos principios de regularidad, previsibilidad y puntualidad. Cualquier desviación en los plazos de abono no es solo una falta administrativa: es una vulneración de derechos básicos y una agresión al bienestar económico y emocional de quienes dependen de estos pagos para sobrevivir.
En este contexto, se hace imperiosa la necesidad de analizar críticamente la mala praxis del Banco Santander en el abono de estas prestaciones. Este informe pretende denunciar una serie de irregularidades que afectan de manera directa a la vida de miles de familias vulnerables que, lejos de recibir apoyo y certidumbre, se ven arrojadas a un escenario de inseguridad y tensión psicológica innecesaria.
A lo largo del presente documento, se detallarán las razones jurídicas, sociales y éticas por las cuales el comportamiento del Banco Santander al demorar el abono de las prestaciones por desempleo constituye una grave forma de negligencia financiera, contrastando con la eficiencia de su propia filial Openbank y desenmascarando las inconsistencias de las explicaciones ofrecidas por la entidad.
Las familias que cobran la prestación por desempleo: un colectivo vulnerable
Desempleo y vulnerabilidad: una relación estructural
El desempleo es una de las condiciones socioeconómicas más graves que puede atravesar una persona en una economía de mercado. La pérdida del empleo no solo implica la desaparición de ingresos, sino también la ruptura de rutinas, la pérdida de estatus social, la afectación de la autoestima y, sobre todo, una incertidumbre angustiante sobre el futuro. En este escenario, las familias que sobreviven gracias a la prestación por desempleo deben ser consideradas colectivos especialmente vulnerables.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en España existen más de 2,7 millones de personas en situación de desempleo (primer trimestre de 2025). De ellas, aproximadamente el 65% reciben algún tipo de prestación. Para la gran mayoría, este ingreso mensual constituye la única fuente de recursos. El perfil promedio del beneficiario de estas prestaciones incluye personas mayores de 45 años, con cargas familiares, en muchos casos con hipoteca o alquiler pendiente y sin acceso inmediato a un nuevo empleo.
Consecuencias sociales de la inestabilidad financiera
La vulnerabilidad económica de estas familias no se limita al plano monetario. Diversos estudios de entidades como Caritas, la Fundación Foessa y el propio Ministerio de Inclusión y Seguridad Social demuestran que la inestabilidad en los ingresos repercute de forma directa en:
- El aumento del riesgo de pobreza y exclusión social.
- El deterioro del acceso a servicios básicos como vivienda, alimentación, energía o salud.
- La ruptura del equilibrio familiar y el aumento del estrés en la crianza de hijos.
Las familias en esta situación deben ser tratadas con criterios de prioridad y sensibilidad institucional, lo que incluye la garantía de que las ayudas lleguen puntualmente, sin excusas administrativas ni demoras por parte de los intermediarios financieros.
Prestaciones de desempleo entre el día 10 y 15: un modelo arcaico
Desajuste entre la realidad bancaria y la realidad social
Tradicionalmente, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) abona las prestaciones entre los días 10 y 15 de cada mes. Esta práctica, aceptada durante décadas, se muestra hoy como totalmente desfasada respecto a la realidad económica actual, donde los plazos de cobro y pago están estandarizados entre los días 1 y 5 de cada mes.
Los siguientes conceptos se cargan habitualmente en los primeros cinco días del mes:
- Hipotecas.
- Alquileres.
- Recibos de luz, agua, gas y teléfono.
- Seguros.
- Gastos escolares y alimentarios.
Este desfase entre ingresos y gastos genera una dinámica crónica de descubiertos bancarios, comisiones por impago y angustia emocional. Es una incongruencia social y administrativa que se cobra un peaje emocional y financiero en las personas más frágiles del sistema.
Impacto en la salud mental y emocional
La incertidumbre sobre la fecha de cobro tiene un impacto medible en la salud mental. El Observatorio Estatal de Salud Mental y Desempleo ha documentado un incremento del 22% en los niveles de ansiedad clínica y del 19% en depresión leve a moderada entre las personas desempleadas que sufren retrasos en el cobro de su prestación. Además:
- El 70% declara sentir angustia el primer tercio del mes.
- El 56% admite retrasar el pago de recibos esenciales por falta de fondos.
- El 34% reconoce haber solicitado microcréditos con altos intereses para cubrir estos desfases.
Este es un problema estructural que exige una reforma urgente del modelo de pagos del SEPE, y una actuación firme contra las entidades bancarias que, como el Banco Santander, agravan esta situación con prácticas opacas y negligentes.
Mala praxis del Banco Santander en el abono de prestaciones por desempleo
Abonos fuera de plazo y excusas sin sustento
Desde comienzos de 2024, el Banco Santander ha reiterado demoras en el abono de las prestaciones por desempleo, situando los pagos en fechas posteriores al día 10, en ocasiones incluso alcanzando el día 15. En muchos casos, se ha superado el límite de 30 días entre abonos, violando indirectamente lo estipulado en el artículo 29 del Estatuto de los Trabajadores.
Mientras tanto, su filial digital Openbank ha abonado estos mismos pagos varios días antes, lo que desmonta las alegaciones de que el retraso es atribuible a errores o tardanzas por parte del SEPE.
El Banco Santander ha llegado incluso a culpar falsamente al SEPE, aduciendo que los ficheros de prestaciones no estaban disponibles, cuando Openbank, que forma parte del mismo grupo empresarial, ya había procesado dichos datos y realizado los ingresos. Esta disparidad demuestra:
- Falta de transparencia.
- Prioridad a clientes de plataformas digitales.
- Falta de respeto a los clientes tradicionales o en riesgo de exclusión digital.
Cuarto día hábil y vulneración del límite de 30 días
El Banco Santander ha justificado sus abonos diciendo que los realiza "el cuarto día hábil de cada mes". Esta medida no solo es arbitraria, sino que en casos de meses con festivos o fines de semana intercalados, supone que el abono se realice mucho después del inicio del mes siguiente, lo que conlleva:
- Incumplimiento del plazo máximo entre pagos.
- Dificultades en la conciliación financiera del usuario.
- Repercusión directa en su estabilidad emocional y psicosocial.
El hecho de que Openbank no se rija por este criterio prueba que es una elección operativa y no una imposición legal del SEPE.
Alegato en defensa de las familias en situación de desempleo
Este documento se erige como una denuncia firme y estructurada contra la mala praxis del Banco Santander en la gestión de las prestaciones por desempleo, y como un llamamiento a la acción urgente de:
-
El Banco de España, como regulador financiero, para investigar y sancionar estas prácticas.
-
El SEPE, para renegociar los convenios de abono con entidades bancarias y garantizar fechas más cercanas al inicio de mes.
-
El Ministerio de Economía y Transformación Digital, para promover una ley que garantice la regularidad del pago de prestaciones como si se tratara de salarios.
-
Las organizaciones de consumidores y usuarios, para emprender acciones colectivas por daños y perjuicios.
Porque defender a los desempleados no es un acto de caridad, sino de justicia. Porque garantizar la estabilidad económica de quienes han perdido su empleo es un acto de civilización. Y porque exigir responsabilidades a las grandes entidades bancarias es una necesidad para recuperar la confianza en el sistema.
Firmado: Ciudadanos afectados por la mala praxis bancaria del Banco Santander ( Jorge Ruiz Centelles DNI 525756256q
Fecha: 4 de junio de 2025
( todos los que quieran pueden firmarlo y lo enviamos al departamento de quejas y reclamaciones, pues es el primer paso, para luego poder hacer otro tipo de reclamaciones) ya sé qué podemos cambiarnos de banco, pero siempre estaremos igual si la fecha de abono es del día 10 al quince, eso no sólo es atorrante, sino que no se ajusta para nada a la realidad social y financiera de los ciudadanos de este país que tienen que hacer frente a los pagos del día uno al cinco. Si lo firmamos muchos lo envío aquí:
[email protected] un Saludo.
