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Este artículo publicado en El País del 26/05/08 no es sino el añadido a la entrada "El cuento de los alquileres y los jóvenes" del 3/01/08. A lo que parece la Teoría Económica no estaba errada, y los efectos de las ayudas al alquiler, como se decía en aquella entrada, no iban a ser los esperados por el Gobierno. Y la pregunta, aquí, es la de siempre: ¿se les ha olvidado la Economía que aprendieron a los economistas que están o trabajan para la Moncloa y "aledaños ministeriales"? Porque, hoy mismo, esta vez desde el Ministerio para la Igualdad, se han descolgado con otra medida antológica. Se trata de prohibir el que las empresas discriminen copntra las mujeres en las entrevistas de trabajo preguntándoles si están casadas, si tienen hijos o aspiran a tenerlos, etc., o sea, preguntas sobre características de su "vida personal" que, no se olvide, pueden tener efectos sobre su actividad laboral o sobre su productividad. Pues bien, a partir de ahora estárá perseguida esa indagación. De nuevo, si se trata de fomentar la intromisión del pensamirento mágico para dar color al grisáceo tono del pensamiento ministerial , si es que tal cosa existe, pues quizás nada habria que objetar. Pero si lo que se pretende es que esa información no se comunique y conozca, pues más vale que se lo pidan a alguna Virgen de esas que tantos milagritos hacen y son muy castizas y coloristas. Pues la lógica económica dice con toda claridad que, ahora, esa información la suministrarán sin que nadie se lo pida y venga o no a cuento las mismas mujeres deseosas de encontrar un empleo y que tengan las características particulares que las empresas valoren, pues son ellas las más intersadas en hacerlo para separase de sus posibles rivales. Las que no las tengan, se callarán y no podrán darla, con lo que las empresas no necesitarán preguntar nada para saber, por ejemplo, si una candidata puede o no tener hijos. Ella misma se presentará con el certificado médico pagado de su propio bolsillo.

 


Las ayudas a jóvenes dan pie a subidas en los alquileres
Consumidores e inquilinos denuncian aumentos abusivos
LLUÍS PELLICER - Barcelona -


-A éstos, en vez de 700 euros, cóbrales 900, que son jóvenes y pueden pedir ayudas.
"Ya que vas a pedir la ayuda, te subiré 120 euros", dice un dueño a su inquilina
Los alquileres siguen al alza, pero Vivienda alega que no se han disparado
-¡Qué va!, tienen 35 años y dos hijos, no se la van a dar.
-Pues entonces búscame a uno menor de 30.
El profesor de Teoría Económica de la Universidad de Barcelona Gonzalo Bernardos presenció hace escasas semanas esta conversación entre un propietario y un administrador de fincas. Las ayudas para la emancipación, con una dotación de 210 euros y destinadas a jóvenes de entre 22 y 30 años que ingresen hasta 22.000 euros, están dando pie a abusos. Organizaciones de consumidores e inquilinos denuncian haber recibido numerosas consultas por subidas de alquiler injustificadas. "Se veía venir, si hay mucha demanda y poca oferta, cualquier subvención se traslada directamente al propietario. Sabe que le van a pagar más con el mismo esfuerzo", sostiene.
Marta P., de 26 años, vive en un piso de 40 metros cuadrados en el barrio barcelonés del Raval, por el que paga 650 euros. "La ayuda me venía muy bien, pero cuando intenté acogerme a la subvención resulta que no constaba ningún número de referencia catastral", explica. Se lo comentó al propietario, quien le dijo sin ruborizarse que el contrato era "de algún modo ilegal", pero que lo podían arreglar. Con una condición: "Ya que vas a pedir la ayuda, te subiré el alquiler 120 euros".
El presidente de la red de ventas de los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) de Barcelona, Juan José Aguilera, lo admite. "Sí, hay propietarios que piden que sólo busques a un inquilino que esté dentro de la edad para recibir la ayuda. Los dueños piensan que le podrá pagar más o que será más solvente", asiente. Los API de Madrid, en cambio, prefieren no opinar. "Es indetectable", afirma el presidente de los agentes de la comunidad, Jaime Cabrero.
Varias organizaciones reconocen haber recibido consultas sobre esta práctica. En general, hay tres casos habituales: el joven que está viviendo en un piso sin contrato y pide formalizarlo; el chaval que estudia y va renovando su alquiler cada año y pide hacerlo por cinco para pedir la ayuda, y el que va a ver un piso y se encuentra con que le preguntan si va a solicitar la subvención.
"Hemos recibido bastantes consultas. La mayoría, de jóvenes a quienes el dueño les pregunta si van a pedir la ayuda y entonces les suben el alquiler, porque a partir de ese momento el propietario está localizable fiscalmente", explica la presidenta de la Cámara Oficial de Inquilinos de Madrid, Isabel Torralba.
También la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU) explica que recibe quejas de jóvenes que quieren saber si las subidas son legales. "Les decimos que guarden la publicidad del piso, y que si les intentan subir el precio lo denuncien. El problema es cuando no hay anuncio", señala el vicepresidente de CECU, Fernando Moner. Y la mayoría, añade, no tiene la publicidad.
La asociación recuerda que los contratos de alquiler sólo pueden subir lo mismo que el índice de precios al consumo (IPC), por lo que cualquier intento de incremento por las ayudas sí puede ser denunciado. "Si no hay contrato, ya se puede denunciar directamente. Pero antes recomendamos que se pague a una cuenta bancaria o que se guarden recibos", añade Moner.
Fuentes del Ministerio de Vivienda afirman que "en absoluto" este fenómeno está generalizado, y que tampoco les ha llegado ninguna preocupación al respecto por parte de los ayuntamientos o las comunidades autónomas. Además, agregan que los datos de alquiler del Banco de España y del INE no muestran que éste se haya disparado.
No obstante, fuentes del mercado explican que la estadística recoge alquileres nuevos y antiguos. Y los que se firman ahora siguen subiendo. Prueba de ello es que los datos que arrojan las cámaras de propiedad, las empresas o las comunidades son mucho más altos que los del INE. "Cuando hay más demanda que oferta, cualquier ayuda es inflacionista", sostiene Aguilera. Vivienda explica que es denunciable cualquier intento de subir precios si hay contrato. Sin embargo, admite que el ministerio no puede intervenir si no lo hay.

 

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