El BOE del 17 de enero de 2019 publica una comunicación sobre la Resolución del Banco de España de 10 de enero por la que impone a CaixaBank una multa de 3.600.000 € por lo siguiente:
Se ha
n detectado incumplimientos de normas con rango de Ley relativos a los límites impuestos por la Ley 41/2007 a las compensaciones por desistimiento en amortizaciones anticipadas, a las reglas sobre la sustitución de índices de referencia establecidas en la disposición adicional decimoquinta de la Ley 14/2013, y a las normas sobre redondeo de tipos de interés establecidas en la disposición adicional duodécima de la Ley 44/2002.
Es decir, a la hora de cobrar a sus clientes, CaixaBank ignora deliberadamente los límites legales y les cobra lo que le quiere; lo que quiere, obviamente, es más de lo que permite la Ley. Vemos, una vez más, que la banca cree estar por encima del ordenamiento jurídico y que las leyes no se les aplican.
Lo hemos visto también en el reciente Congreso del X Aniversario de Asufin, en que los responsables de las asesorías jurídicas de Abanca y del Banco Santander en sus intervenciones mostraron ser completamente ajenos a la normativa de protección del consumidor y del inversor y la relativa a las condiciones generales de la contratación, a mercados financieros, etc., sea española o europea, y llana y directamente defendieron que se debía mantener la validez de sus contratos.
Y lo estamos viendo, con estupor, ante las noticias que aparecen estos días sobre el espionaje encargado por la dirección del BBVA a las más altas instituciones del Estado.
El caso es que el ordenamiento jurídico existe y se aplica a todos, incluidos los Bancos. Se aplican sanciones, multas y hasta penas de prisión; Rodrigo Rato se lo puede explicar.
