En la edición de la semana del 13 al 19 de abril de 2009, Interviú publica un reportaje sobre consumidores y asociaciones que se rebelan contra los abusos de las empresas. Entrevistan a representantes de varias asociaciones de consumidores, a consumidores que se han afiliado a alguna de esas asociaciones, a un concejal y a mí, como abogado especialista en la materia.
A continuación reproduzco lo publicado en papel, ya que en el sitio de internet de la revista no aparece el reportaje íntegro.
Aclaro sobre lo publicado, respecto a mis manifestaciones, que donde dice "Qué reclama. Que las indemnizaciones millonarias por daños y perjuicios dejen de ser una utopía en España", lo que explicaba era que esas indemnizaciones millonarias en realidad son "indemnizaciones punitivas", que no existen en España salvo en el caso de los recargos de prestaciones de la Seguridad Social, cuando se genera una pensión debido a un accidente laboral en que se constata una culpa o negligencia del empresario; en ese caso se le impone constituir un depósito suficiente para abonar un suplemento al trabajador lesionado, suplemento que será mayor o menos en función del grado de negligencia del empresario. Decía que para promover que los consumidores reclamasen el cumplimiento de las normas y denunciasen los abusos; y para disuadir a los empresarios de que continuasen con sus prácticas abusivas era conveniente introducir en España este tipo de indemnizaciones, incluso aunque no fueran en unas cuantías tan disparatadas como en Estados Unidos. Téngase en cuenta que las empresas hacen sus cálculos y saben que una denuncia les cuesta algún dinero, pero el porcentaje de denuncias es ínfimo, por lo que obtienen ganancias enormes incluso descontado el coste de los supuestos denunciados. Por ejemplo: uno de los operadores de móviles te conecta un contestador automático sin tu solicitud ni consentimiento; cuando te enteras de que te lo han puesto llamas para pedir que te lo desconecten; a los pocos días te lo vuelven a conectar, y esta operación se repite varias veces hasta que se denuncia. A esta compañía le ponen una multa, pero sus directivos han hecho las cuentas y aunque tenga que pagar unos pocos miles de euros de multa (y ninguna indemnización al cliente abusado) gana millones de euros con las llamadas recibidas por el contestador que factura.
A continuación reproduzco lo publicado en papel, ya que en el sitio de internet de la revista no aparece el reportaje íntegro.
Aclaro sobre lo publicado, respecto a mis manifestaciones, que donde dice "Qué reclama. Que las indemnizaciones millonarias por daños y perjuicios dejen de ser una utopía en España", lo que explicaba era que esas indemnizaciones millonarias en realidad son "indemnizaciones punitivas", que no existen en España salvo en el caso de los recargos de prestaciones de la Seguridad Social, cuando se genera una pensión debido a un accidente laboral en que se constata una culpa o negligencia del empresario; en ese caso se le impone constituir un depósito suficiente para abonar un suplemento al trabajador lesionado, suplemento que será mayor o menos en función del grado de negligencia del empresario. Decía que para promover que los consumidores reclamasen el cumplimiento de las normas y denunciasen los abusos; y para disuadir a los empresarios de que continuasen con sus prácticas abusivas era conveniente introducir en España este tipo de indemnizaciones, incluso aunque no fueran en unas cuantías tan disparatadas como en Estados Unidos. Téngase en cuenta que las empresas hacen sus cálculos y saben que una denuncia les cuesta algún dinero, pero el porcentaje de denuncias es ínfimo, por lo que obtienen ganancias enormes incluso descontado el coste de los supuestos denunciados. Por ejemplo: uno de los operadores de móviles te conecta un contestador automático sin tu solicitud ni consentimiento; cuando te enteras de que te lo han puesto llamas para pedir que te lo desconecten; a los pocos días te lo vuelven a conectar, y esta operación se repite varias veces hasta que se denuncia. A esta compañía le ponen una multa, pero sus directivos han hecho las cuentas y aunque tenga que pagar unos pocos miles de euros de multa (y ninguna indemnización al cliente abusado) gana millones de euros con las llamadas recibidas por el contestador que factura.
