Más de 100 jueces abandonaron Cataluña durante el 'procés'
Un total de 101 jueces se marcharon de forma voluntaria entre 2017 y 2019. Un 24,3% de las plazas ofertadas están en Cataluña
El ex presidente catalán Artur Mas observa a Quim Torra, en un acto, este martes, en la Cámara de Comercio de Barcelona. SANTI COGOLLUDO
La marcha de jueces de
Cataluña continúa en ascenso debido, principalmente, al desafío independentista promovido por la Generalitat que preside
Quim Torra. Según los datos oficiales a los que ha tenido acceso EL MUNDO, en el año 2019 decidieron abandonar de forma voluntaria Cataluña un total 32 miembros de la carrera judicial. En contraposición, sólo ocho togados han pedido ir a dicha autonomía para ejercer su función jurisdiccional en los últimos meses.
A estas últimas salidas se suman las de 2018, cuando
un total de 48 magistrados se fueron de dicha autonomía, y 2017, cuando otros 21 jueces decidieron dejar Cataluña. En cuestión de meses se duplicó la huida de los miembros de la magistratura. En total, 101 magistrados han abandonado esta región en los últimos tres años.
Esta fuga de togas se produce debido en gran medida al ambiente de hostilidad que se vive en esta comunidad autónoma. Cataluña ha dejado de ser un destino atractivo para desarrollar la función de juez, indican las distintas fuentes consultadas.
Otro dato inquietante es que en el último concurso de plazas publicado este lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), de las 144 plazas que han resultado vacantes, un total de 35 son de dicha región. Es decir, el 24,30% de las plazas ofertadas en toda España están en la citada comunidad autónoma.
Además, en el último concurso de ascenso de jueces también quedaron desiertas multitud de plazas ofertadas porque la realidad es que hay togados que prefieren no ascender de categoría profesional antes que irse destinados a Cataluña, indican fuentes del
Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
UN PLUS SALARIAL
La situación es, sin duda, alarmante. Tan preocupante que hay voces de dentro y fuera del ámbito judicial que ya han pedido que a los jueces catalanes se les abone un plus salarial por estar destinados allí. Sin ir más lejos, el
Partido Popular de
Pablo Casado propuso en diciembre de 2018 que se les concediera un complemento mensual de 500 euros para frenar la huida. Una medida que fue puesta en marcha en los años trágicos del terrorismo de
ETA en otros territorios como
País Vasco y Navarra.
Lo cierto es que, desde que el procés vivió su momento más convulso en octubre de 2017, los miembros el Poder Judicial siempre han estado en la diana del desafío independentista. En mayo de 2017, el Departamento de Justicia de la Generalitat entregó a las asociaciones judiciales un proyecto titulado Visió Justicia: sistema d'avaluació i millora contínua donde como objetivos se encontraba la evaluación de los juzgados, oficinas judiciales y fiscalías de Cataluña, arrogándose funciones propias del CGPJ como era la inspección de la labor de los togados.
La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y la Comisión Permanente del CGPJ reaccionaron para denunciar la invasión de competencias. A este escenario se suma el mal estado muchos juzgados catalanes, donde han tenido que suspenderse vistas y, en algún caso, hasta decretarse el cierre de los mismos.
