La corrupción (esa España mia, esa España nuestra)

Plas plas se puede decir más alto pero no más claro así es por desgracia este país antes llamado España

Pues fíjate la puesta a qué partido crees que va a ganar

tu apuesta cual es????

Una doctrina reiterada durante los últimos años por la Sala Penal del Tribunal Supremo establece que los jueces de instrucción han de dar la oportunidad a los aforados de "ejercitar todos los derechos que le confiere para su defensa la ley", incluida su declaración voluntaria y la  aportación de pruebas que puedan neutralizar los indicios aparecidos en su contra durante una investigación.

. Tomás Serrano

La jueza de instrucción  Carmen Rodríguez-Medel, que alberga sospechas respecto a la legalidad del máster de la Universidad Rey Juan Carlos obtenido por el presidente del PP, ha elevado el caso al Supremo al considerar que "resultan necesarias unas diligencias de investigación que esta instructora no puede acordar por ser Pablo Casado aforado" como diputado en el Congreso.

Rodríguez-Medel concreta en su escrito al alto tribunal  tres diligencias que estima imprescindibles para esclarecer los indicios de prevaricación y cohecho impropio surgidos respecto al máster de Casado: primero, oírle como investigado; en segundo lugar, requerirle para que aporte la documentación que conserve sobre el título, tanto los trabajos que exhibió en una rueda de prensa que dio el pasado 10 de abril como correos electrónicos, mensajes o acuses de recibo "que evidencien que fueron efectivamente elaborados en el curso académico 2008-2009" y, por último, solicitarle el ordenador portátil en el que Casado aseguró haber encontrado esos trabajos, con el fin de que la policía judicial pueda hacer un informe pericial sobre los documentos archivados, su antigüedad y eventual modificación.

 

El PP trata de minimizar que la juez considere indiciariamente acreditado que a Casado se le regaló el máster

Sin embargo, de acuerdo con la doctrina del Supremo,  la propia instructora pudo haber ofrecido Casado la posibilidad de prestar declaración ante ella y de entregar las pruebas que Rodríguez-Medel considera imprescindibles, en vez de elevar la exposición razonada al alto tribunal sin dar al aforado la oportunidad de convencerla de la innecesariedad de esa decisión procesal, tan negativa para el líder del PP.

En varias ocasiones en los últimos años, la Sala Penal del Supremo ha rechazado abrir causas a aforados a propuesta de jueces de instrucción que, antes de elevar las exposiciones razonadas, no les ofrecieron la opción de declarar voluntariamente.

Un auto dictado por la Sala Penal el 3 de diciembre de 2012 y del que fue ponente el fallecido magistrado y ex fiscal general José Manuel Maza contiene una buena  síntesis de la doctrina del Supremo. Se trataba de una exposición razonada elevada por un juez de Mérida que apreció indicios de delitos de descubrimiento y relevación de secretos en un diputado. Al igual que ahora argumenta Rodríguez-Medel, aquel instructor estimaba que "en el punto en el que se encuentra la investigación de los hechos es necesario recibir declaración al aforado, ya en condición de inculpado".

Declaración voluntaria

El Supremo respondió que "con carácter previo a una posible asunción de la competencia" para abrir una causa penal, " debe agotarse la instrucción a fin de permitirse una más fundada decisión no ya sobre la racionalidad de los indicios de existencia de infracción penal, sino de los que pueda haber de participación en ella del aforado y ello  recibiendo su declaración al amparo del artículo 118 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, introducido tras la reforma por Ley Orgánica 7/02".

El auto mencionaba la doctrina sentada por el Supremo -luego refrendada por esa reforma- sobre la  "obligación del instructor de dar oportunidad al querellado de ejercitar todos los derechos que le confiere para su defensa la ley".

"Así", añadía, "conforme reiterada jurisprudencia de esta Sala en esta materia (ver autos de 26/1 y 24/4/98 , 1/4/99 , 8/1/04 y mas reciente 18/4/12 , entre otros muchos), y ello sin perjuicio de nuestra competencia, deben depurarse en el Juzgado de Instrucción de origen cuantas diligencias sean precisas para completar la investigación de los hechos, al efecto no solo de acreditar los mismos sino también el grado de participación que en ellos hubiera podido tener la persona aforada, lo que pasará por  recibirle declaración si voluntariamente se presta a ello".

"En consecuencia", concluía, "y con carácter previo a asumir la competencia procede que por el Juzgado de origen se le dé la oportunidad al aforado de prestar declaración voluntaria y con todas las garantías ante el instructor y asimismo  se practiquen todas las diligencias de investigación necesarias. Y si en su día existieran indicios contra el aforado, podrá elevar nueva exposición ante esta Sala".

Precedentes

Esa doctrina del Supremo fue aplicada, por ejemplo, por el Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia durante la investigación de la posible financiación ilegal del PP local. En marzo de 2016, el juez  Víctor Gómezofreció a la senadora y exalcaldesa de Valencia  Rita Barberá la posibilidad de declarar ante él, antes de decidir si elevaba la causa al Tribunal Supremo. Barberá envió unas alegaciones que no convencieron al instructor. Gómez acabó enviando una exposición razonada a la Sala Penal, que abrió una causa contra Barberá. La política falleció el 23 de noviembre, 48 horas después de declarar en el alto tribunal.

En otros procedimientos se ha sugerido a los aforados que se pongan a disposición del juez de instrucción. Así lo hizo la Audiencia de Sevilla en un auto dictado en agosto de 2013 sobre el  caso de los ERE. “Nada impediría al aforado que piense que puede quedar involucrado en una investigación judicial salvaguardar su derecho de defensa poniéndose a disposición del Juzgado para declarar (...), el juez puede recibir declaración al aforado si voluntariamente se presta a ello”, recordó la Audiencia.

Reforma legal

En julio de 2002 el Parlamento reformó el artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal precisamente para evitar que, en el marco de diligencias tramitadas por Juzgados de Instrucción que afectan a aforados, éstos "no sepan exactamente de qué se les acusa, porque no se les ha dado copia de la denuncia o querella, no se les ha permitido tomar conocimiento de las actuaciones, declarar ante el juez, proponer pruebas y ejercer los demás derechos comunes de cualquier imputado", una situación que, a juicio del legislador, hace "de peor condición a los senadores y diputados" en el ejercicio del derecho de defensa debido a su aforamiento ante el Supremo.

La modificación buscó paliar esos inconvenientes "estableciendo expresamente la aplicación de lo establecido en el artículo 118, párrafo segundo, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal a los senadores y diputados, de suerte que  deba ponerse inmediatamente en su conocimiento la admisión de una denuncia o querella y  cualquier actuación procesal de la que derive la imputación de un delito".

A que el PP no gana las proximas elecciones.

no eso no vale yo digo que gana el PP y tu tienes que apostar por otro partido !!!

¿Por qué Casado se empeña en seguir el mismo camino de Cifuentes?

 

La ruina de la nueva TV valenciana: 55 millones para una audiencia de 30.000 personas

La nueva tele autonómica comenzó a emitir el pasado 10 de junio y, desde entonces, ya ha acumulado varias polémicas.

¿Por qué a los del PP os gusta que las mujeres sean floreros como la Dama de Elche? ¿Es esa una buena condición?

La otra polémica de Sánchez: el hermano empleado en la Diputación de Badajoz

La oposición en Extremadura critica que se ha creado «un cargo que no existía»

¿Es Casado un clon de Cifuentes?:

El PP evita ahora confirmar si Casado guarda el ordenador en el que hizo los trabajos y que él dijo conservar

https://www.eldiario.es/politica/PP-confirmar-Casado-ordenador-conservar_0_801770451.html

 

Begoña Gómez como excepción: ningún cónyuge del G-7 ha aceptado una promoción profesional

• Las dos parejas de líderes del G-7 que trabajan no han cambiado de puesto.
• Del G-20, sólo la esposa del primer ministro australiano y la del mexicano lo han hecho para ocupar un cargo relevante, en una institución pública. 
• El tabú Begoña Gómez: ningún partido pide explicaciones por el fichaje de la esposa de Sánchez

10 agosto, 2018 04:26

1.   BEGOÑA GÓMEZ
2.  
3. PEDRO SÁNCHEZ
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5. MELANIA TRUMP
6.  
7. BRIGITTE MACRON

Daniel Basteiro   @basteiro

La anécdota es conocida. Cuando Angela Merkel tomó posesión como canciller de Alemania, su marido, Joachim Sauer, no se desplazó al Bundestag para presenciar el gran hito en la vida de su pareja sino que lo siguió por televisión desde su despacho de facultad. De Sauer, catedrático de Fisicoquímica en la Universidad Humboldt de Berlín, se llegó a decir que era "invisible como una molécula" por su aversión a los medios de comunicación.  Su currículum, publicado en la página web de su facultad, es interminable por el número de responsabilidades, publicaciones y distinciones que contiene, la mayoría previas a la llegada de Merkel al poder en 2005.

 

Batet asegura que “no hay polémica” en el nombramiento de Begoña Gómez

Sauer es uno de los dos únicos cónyuges de líderes del G-7 que mantienen una actividad profesional al margen de su papel protocolario o de respaldo de causas humanitarias o sociales habituales en el rol de "primera dama" o "primer caballero". El otro es  Philip May, el marido de Theresa May, primera ministra británica desde julio de 2016. Su marido sigue trabajando en  Capital Investment, adonde llegó en 2005, cuando ella era diputada en la oposición. Tras toda su vida trabajando en la City de Londres, Philip May se ocupa de supervisar la atención a los clientes, pero "no está involucrado en las inversiones o en la gestión de actividades de cuentas", aclaró un portavoz de la compañía en cuanto Theresa May se convirtió en favorita para liderar el Partido Conservador del Reino Unido. 

El caso de Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, f ichada por IE, antes conocido como el Instituto de Empresa, para dirigir un nuevo centro,  es único en el grupo de esos siete países (EEUU, Canadá, Francia, Italia, Alemania, Reino Unido y Japón), considerados los de más peso por su poderío económico y militar, y en el que España quiso ingresar hace años. Las demás cónyuges, todas mujeres, no trabajan en el sector privado. Ninguno de ellos ha sido promocionado o ha cambiado de trabajo mientras su pareja ocupaba la más alta responsabilidad política en su país. 

Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez y nuevo fichaje del IE. JALEOS

Sin regulación salvo en Francia

El rol de cónyuge del jefe de Gobierno no está regulado de ninguna forma en casi ningún país, por lo que dotarlo de contenido depende de la voluntad de cada presidente o primer ministro. El rol público de la inmensa mayoría de las primeras damas (porque casi en su totalidad son mujeres) se reduce a complementar la imagen del presidente, apareciendo a su lado en actos protocolarios o acompañándolo en viajes. Sus agendas propias se centran en dar visibilidad a la lucha por causas sociales o humanitarias, desde la protección de colectivos desfavorecidos a la alimentación saludable. 

Melania Trump, la primera dama de EEUU, país que exportó el término,  se dedica fundamentalmente a la infancia, visitando hospitales, escuelas o alertando contra el consumo de drogas. 

Brigitte Macron, esposa del presidente francés, se ha manifestado en público en apoyo de personas con discapacidad o mujeres víctimas de agresiones sexuales. Retirada de la enseñanza hace varios años, aseguró que prefería apoyar la carrera de su marido.

Cuando Emmanuel Macron se convirtió en presidente en mayo de 2017, propuso regular el rol del "cónyuge del jefe del Estado", pero una gran oposición lo disuadió. En lugar de ello, el Elíseo  publicó, motu proprio, un documento para aportar transparencia sobre cómo entiende el papel de la primera dama: acompañar al presidente en representación de Francia, estar a disposición de los ciudadanos franceses y personalidades extranjeras, supervisar las recepciones oficiales o implicarse en actividades caritativas. El documento deja claro que no contará con equipo ni presupuesto propio. 

Silencio oficial en Moncloa

La transparencia francesa choca con el silencio oficial de la Moncloa, que no comenta el fichaje de Begoña Gómez por el IE y remite a la empresa especializada en formación de directivos y escuelas de negocios para cualquier detalle. 

Sophie Grégoire Trudeau, esposa del primer ministro canadiense, se centra en  labores sociales, en asuntos como desórdenes alimentarios, mujeres, niños o la lucha contra el cáncer.

Akie Abe, esposa del primer ministro japonés, Shinzo Abe, es conocida por sus declaraciones públicas, en ocasiones contradictorias con la línea del Gobierno. Es una firme defensora de los derechos LGTBI, llegando a participar en una manifestación del Orgullo en Tokio.

Giuseppe Conte, primer ministro de Italia, está divorciado. 

También excepcional en el G-20

El caso de Begoña Gómez también es la excepción en el G-20, el grupo de los países más industrializados, que incluye a España como país invitado de forma permanente desde la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero. La mayoría de los cónyuges se dedica, como las anteriores, a labores sociales. 

Las dos únicas que han adquirido un rol más visible en el que se supone que la implicación profesional es mayor son las primeras damas de México y Australia. La primera,  Angélica Rivera, fue nombrada por el Gobierno de Enrique Peña Nieto presidenta del  Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) un año después de que su marido llegase al poder. 

Lucy Turnbull, esposa del primer ministro australiano, tiene una larga trayectoria como empresaria y política y fue nombrada, también después de que su marido llegase al poder,  máxima responsable de la Greater Sydney Commission, una agencia gubernamental independiente que estudia la planificación urbana de la ciudad, un asunto con el que ya había tenido relación con anterioridad.

La URJC prueba que el trato a Casado no fue excepcional

La universidad remite a la juez 12 expedientes en los que se realizaron convalidaciones similares

 

 

 dencia, la juez que instruye el «caso Máster» de Pablo Casado, Carmen Rodríguez-Medel, solicitó hace días a la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) que le remitiera al menos diez expedientes de alumnos de otros máster diferentes pero con convalidaciones de créditos similares al del presidente del PP. El objetivo era comprobar si el volumen de créditos convalidados y el reconocimiento que obtuvo Casado y tres alumnas investigadas de ese máster eran prácticas frecuentes o excepcionales. Con este mandato, la URJC ha remitido al juzgado no diez sino doce expedientes de alumnos cuyas convalidaciones se realizaron siguiendo los mismos parámetros que las del presidente del PP, lo que confirma que se trataba de una práctica regular. En concreto, son una docena de ejemplos de reconocimientos de créditos en otros títulos de posgrado no ofertados por el Instituto de Derecho Público (IDP) y de cursos que no fueran del periodo 2008-2009, cuando Casado hizo el polémico máster de Derecho Autonómico sobre el que se ciernen las sospechas.

La juez puso varios requisitos para validar la excepcionalidad o no de las convalidaciones de Casado, además de las citadas anteriormente, se especificaba que fueran casos de personas cuyo «único mérito» para el reconocimiento fuera el ser «licenciado, arquitecto e ingeniero», esto es, sin trascendencia en la esfera pública. Esta documentación se sumaría a la que ya había solicitado anteriormente, cuando pidió que se le remitieran expedientes del propio máster relativos a otros cursos con un reconocimiento de créditos entre 40 y 60, información que ya envió la universidad, informa Ep. El ex rector de la Universidad Rey Juan Carlos Frenando Suárez explicó durante su declaración ante la magistrada cómo funcionaba el mecanismo de convalidaciones en aquella época. En su exposición detalló que se regía por un Real Decreto de 2005 que establecía una diferencia entre «licenciado» y «graduado», por la que los alumnos de la primera categoría tenían la posibilidad de convalidar más créditos para estudios de posgrado.

Rodríguez-Medel ha emitido un auto en el que solicita al Tribunal Supremo que asuma la pieza separada sobre el máster de Casado y se le cite en calidad de investigado por presuntos delitos de cohecho impropio y prevaricación administrativa. En su exposición razonada, aprecia sospechas de que el máster que cursó en el Instituto de Derecho Público, que dirigía el catedrático Enrique Álvarez Conde, pudo ser un «regalo» por su «relevancia política». Está previsto que la sala de admisiones del Tribunal Supremo aborde la petición de la juez Carmen Rodríguez-Medel en el mes de septiembre, según explicaron fuentes jurídicas. La Fiscalía de Madrid no recurrirá el auto para remitir el caso al Supremo