La magistrada de Lorca remite el 'caso Auditorio' al mas alto Tribunal de la recesión para que actúe penalmente en función de los múltiples indicios de delito.
http://www.diariosur.es/nacional/201612/02/jueza-pide-investigue-presidente-20161202135711-rc.html
si le imputa el tribunal superior de justicia dimitira pero hasta entonces no lo hara.saludos
Cuatro miembros de Podemos Sevilla han dimitido de sus cargos en el Consejo de Coordinación, en las áreas y en el Consejo Ciudadano Municipal, criticando la conducta de la secretaria general, Begoña Gutiérrez. Según los dimisionarios este órgano “desde hace bastantes meses, no es un espacio de debate, diálogo y decisión política”, de manera que la diversidad de propuestas y posturas que pudieron coexistir al comienzo del mandato “han sido sistemáticamente anuladas bajo actitudes y prácticas poco democráticas y nada éticas”.
Tal y como consta en la carta de dimisión, han renunciado el secretario de Economía y Finanzas, Juan José Santiago, el secretario de Jurídica y Libertades Públicas, Luis De los Santos, el secretario de Estrategia y Discurso, José Candón, y el responsable del área de Feminismos, Rocío Medina, ahora miembro del Consejo Ciudadano Andaluz (CCA), al que accedió formando parte de la lista de Teresa Rodríguez, secretaria general de Podemos Andalucía.
Con éstas, se elevan a siete las dimisiones que se han producido en el seno del Consejo Ciudadano Municipal, compuesto por 25 miembros. A estas cuatro renuncias hay que sumar dos que se produjeron al principio del mandato de personas que formaban parte de la lista que disputó la dirección del partido a Begoña Gutiérrez, y la de Isabel Franco, diputada de Unidos Podemos en el Congreso por la provincia de Huelva, miembro del CCA y afín a Pablo Iglesias.
“Propuestas sin votación” y “actas inexistentes”
Así las cosas, entre las prácticas “poco democráticas” que denuncian, mencionan la existencia de secretarías y áreas bajo responsabilidad de personas con opiniones diferentes “vaciadas de contenido”; “votaciones impuestas para impedir la asistencia de consejeras a foros de debate”, o un Consejo de Coordinación “que no se convoca desde mayo de este año pero que tampoco se reforma”.
Advierten además de posicionamientos personales de Begoña Gutiérrez como representante de Podemos Sevilla “sin los preceptivos debates previos”, propuestas orales en el CCM “que no se someten a votación, y “actas inexistentes y/o que no se publican desde hace un año incumpliendo nuestro compromiso de transparencia”.
En la misma línea, también señalan los dimisionarios “incumplimiento del protocolo de igualdad en campaña electoral negándose la secretaria general y el secretario de Organización a insertar a la persona responsable en el grupo de trabajo de Telegram correspondiente, y convocatorias del CCM sin consulta previa para tratar de buscar fechas y horas que faciliten la mayor participación y sin atender a las peticiones expresas del envío previo de propuestas o actas que deberían ser aprobadas en el CCM”.
Puerta giratoria en el Ministerio de Guindos: su ex número dos ficha por Rothschild
http://www.publico.es/economia/puerta-giratoria-ministerio-guindos-ex.html
El silencio es hermoso cuando no es impuesto.
Marido (fiscal jefe de Murcia) y mujer (abogada del PSOE) han jugado un papel fundamental en las acusaciones que pueden llevar al banquillo al presidente de la Región de Murcia, el popular Pedro Antonio Sánchez.
Atendiendo a los informes de la Fiscalía, la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Lorca pidió la semana pasada al Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJM) que investigue al presidente Pedro Antonio Sánchez por cuatro presuntos delitos en el llamado caso Auditorio.
El PSOE inició su ofensiva contra el político popular en 2005, cuando Pedro Antonio Sánchez era alcalde de Puerto Lumbreras, con varias querellas contra decisiones administrativas y urbanísticas de su Ayuntamiento. La responsable de dirigir estas acciones judiciales en representación de los socialistas fue la abogada Amparo Hornillos, esposa del fiscal jefe de Murcia, Manuel López Bernal.
No obstante, para evitar un conflicto de intereses Hornillos se retiró de estas causas y cedió la representación del PSOE a otro letrado, pocas semanas antes de que su marido tomara posesión del cargo de fiscal jefe.
Cuatro delitos en el ‘caso Auditorio’
Así ocurrió, por ejemplo, con la demanda que los socialistas presentaron contra la Consejería de Hacienda de Murcia por supuestas irregularidades en una cesión de unos terrenos para la construcción de un parking. Hornillos se retiró de esta causa poco antes de que su marido abriera diligencias informativas.
En el llamado caso Auditorio, a raíz de una denuncia del PSOE la Fiscalía Superior de Murcia abrió una investigación contra Pedro Antonio Sánchez. En sus conclusiones, acusa al político popular de cuatro presuntos delitos: fraude contra la Administración pública, prevaricación continuada, falsedad en documento oficial y malversación de caudales públicos.
fiscal-murcia
El fiscal jefe de Murcia, Manuel López Bernal (a la derecha), junto al secretario general del PSOE Rafael González Tovar (segundo por la izquierda). En el centro, la socialista Rosa Peñalver, actual presidenta de la Asamblea de Murcia.
En su informe dirigido al Juzgado, el fiscal de Delitos Urbanísticos de la Comunidad murciana, José Luis Díaz Manzanera, pide que sean investigados también en esta pieza la que en entonces era secretaria accidental del ayuntamiento de Puerto Lumbreras, Caridad García; la interventora Francisca Romera, el arquitecto Martín Lejárraga; el letrado asesor del Consistorio, Ricardo Fernández, y los integrantes de la junta de gobierno local que aprobaron el proyecto del auditorio.
La construcción de este centro cultural fue posible gracias a una subvención de 6 millones de euros otorgada por el Gobierno regional de Murcia. El actual presidente del Ejecutivo autonómico, Pedro Antonio Sánchez, ha recalcado que la subvención se invirtió “al cien por cien” en esta infraestructura, “se pagó y está justificada”, tal y como “acreditan absolutamente todas las certificaciones, informes y documentos”.
La Comisión de Garantías de Podemos Baleares ha expulsado del partido a la presidenta del Parlament balear, Xelo Huertas, junto a la diputada autonómica Montse Seijas y al dirigente Daniel Bachiller.
La expulsión se produce a raíz del expediente abierto a Huertas, Seijas y Bachiller por la supuesta amenaza de las dos primeras de votar en contra de los presupuestos autonómicos para 2017 si no contemplaban financiación para el laboratorio científico que dirige Bachiller.
Según ha informado el partido, los tres expulsados, que ya habían sido apartados cautelarmente de la organización, tienen siete días hábiles desde mañana para recurrir ante la Comisión de Garantías estatal, por lo que el plazo concluye el 16 de diciembre.
Tanto Huertas como Seijas, que presentaron sus alegaciones el expediente la semana pasada, anunciaron su intención de recurrir y la dirección regional de Podemos señaló respecto a la presidenta del Parlament que no instará su cese hasta que se resuelva definitivamente el caso.
Podemos, que da apoyo parlamentario al Govern de coalición de PSIB y MÉS presidido por Francina Armengol, acordó en el pacto de gobernabilidad que un diputado de su grupo ejercería la presidencia de la cámara autonómica, el segundo cargo de mayor relevancia institucional de Baleares.
El partido de los círculos indica en un comunicado que Huertas, Seijas y Bachiller han sido apartados por “posible vulneración de los estatutos y del código ético”.
Los tres han sido informados de la resolución de la Comisión de Garantías y del derecho a recurrir que les asiste, una última instancia que será la que definitivamente marque su expulsión de Podemos.
Mientras, “siguen en suspensión cautelar de militancia y siguen sin representar o hablar en nombre de Podemos”, puntualiza la organización.
“Líos internos afectan a instituciones”
“Desde que nacimos se ha impuesto el código ético más estricto de todos los partidos y tenemos tolerancia cero ante cualquier actitud que no defienda exclusivamente el interés general”, añade Podemos en su nota de prensa.
Tras conocer su expulsión, Seijas ha confirmado a Efe que recurrirá a la Comisión de Garantías estatal y ha declarado: “Si me quieren expulsar, que me expulsen, pero que no se inventen mentiras”.
“Me echan porque soy molesta y crítica; con mi expulsión pretenden meter miedo a los compañeros con el fin de que no hablen”, ha afirmado.
El primer partido en reaccionar a la expulsión de la presidenta del Parlament y sus compañeros de Podemos ha sido el PP balear, cuyo presidente, Miquel Vidal, ha dicho que “debería evitarse que los líos internos de un partido acaben afectando a las instituciones”.
El concejal de Kichi reconoce en una grabación que inflan y falsean los partes de limpieza en Cádiz
Miguel Ángel Pérez04/12/2016 21:10
Los inspectores de basuras de Kichi falsifican partes de limpieza a cambio de enchufar a familiares
La Fiscalía investiga a la contrata de basuras de ‘Kichi’ en Cádiz por inflar los partes de limpieza
La basura ha llegado a las mismas puertas del Ayuntamiento de Cádiz, que regenta José María González “Kichi” de “Cádiz sí se puede”. OKDIARIO ha tenido acceso a una grabación realizada al concejal de Medio Ambiente de la ciudad, Manuel González Bauza, donde reconoce que los inspectores municipales falsifican los partes de limpieza de la empresa Sufi-Cointer, encargada de la recogida de residuos en la ciudad.
González Bauza es el máximo responsable de la limpieza de Cádiz como concejal de Medio Ambiente desde que le designara Kichi para el cargo. Antes fue coordinador general de limpieza del consistorio durante años.
La grabación que publica este diario registra la reunión mantenida por el edil de Medio Ambiente con trabajadores de la contrata de limpieza en diciembre de 2015. Durante el tenso encuentro, algunos de los presentes recriminan a Manuel González Bauza que los inspectores municipales estén “inflando” y “falseando” los partes de limpieza diarios.
Este hecho tiene una repercusión directa en las arcas municipales y en los propios gaditanos, ya que en el parte se indica que las ciudades las han barrido un determinado número de efectivos y de maquinaria que no se corresponde con la realidad.
Al ser preguntado por la falsificación de los partes, González Bauza reconoce estar al tanto de esta irregularidad, sin tomar medidas concretas, mientras indica que es una práctica que no es difícil de hacer:
Concejal de Medio Ambiente de Cádiz, Manuel González Bauza: “Los partes de los inspectores. Hombre, yo te digo que engorden uno, que se le vaya y todo esto, no es difícil porque esto es así, no”.
Trabajador Sufi-Cointer: “A lo mejor siempre ha ocurrido con esta empresa. Esto ya es mucho descaro. Demasiado descaro”.
Edil de Medio Ambiente de Cádiz, Manuel González Bauza: “Pero de todas formas, yo voy a reunir a los inspectores y les voy a decir que en el comité dicen que estáis cogiendo gente de más. El inspector vuestro de turno se va a tener que ir a otro sitio”.
En otro momento de la reunión, los empleados de Sufi-Cointer muy indignados echan en cara al concejal que la empresa no esté cumpliendo los servicios incluidos en el contrato. González Bauza no sólo lo reconoce, sino que ofrece datos concretos del incumplimiento contractual por parte de la concesionaria:
Trabajador Sufi-Cointer: “Cádiz está muy sucia. No ha dejado de funcionar desde hace 4 meses, lleva mucho tiempo”.
Edil de Medio Ambiente de Cádiz, Manuel González Bauza: “Claro. Desde que quitaron entre otras cosas 4.600 jornadas del pliego que eso equivale a 12 hombres diarios todo el año, o a 88 o 90 contratos de 6 meses de dos días.
Trabajador Sufi-Cointer: “Entonces, todo eso es mentira”.
Concejal de Medio Ambiente de Cádiz, Manuel González Bauza: “Pero si eso ya sabemos, aquí la limpieza la vende cada uno como quiera”.
Sufi-Cointer
Sufi-Cointer
Investigación de la Fiscalía
Tal y como desveló OKDIARIO, la Fiscalía Provincial de Cádiz investiga actualmente por fraude a la concesionaria de limpieza Sufi-Cointer.
La denuncia publicada por este diario recoge como los inspectores municipales “inflan” los partes de limpieza a cambio de “enchufar a sus familiares en la empresa”. Según el escrito, “se refleja una cadena de favores entre la empresa y algunos inspectores, donde la empresa se beneficia de los partes de los inspectores que ocultan el servicio que realmente se despliega en la ciudad y dichos inspectores se benefician con contratos temporales e indefinidos que recaen en sus familiares”.
La UTE de limpieza Sufi-Cointer fue contratada en el año 2006 por el PP y pese a todas las quejas recibidas en estos años por incumplimiento de contrato, el actual alcalde de Cádiz, José María González ‘Kichi’, decidía este verano prorrogar un año más los servicios de la concesionaria por 13,3 millones.
Tras la publicación de estas informaciones, el edil de Medio Ambiente de Cádiz, Manuel González Bauza, así como el alcalde de la ciudad, José María González “Kichi”, han intentado eludir sus responsabilidades directas políticas asegurando que es un problema entre el ayuntamiento y la empresa de limpieza Sufi-Cointer.
Ciudadanos intentó colar la reforma de su sede en Madrid como gasto electoral
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/12/05/ciudadanos_intento_colar_reforma_sede_madrid_como_gasto_electoral_58461_1012.html
El silencio es hermoso cuando no es impuesto.
El Ayuntamiento de Valencia gobernado por Joan Ribó quiso incluir en ‘Solimed’, un evento sobre refugiados organizado por el grupo parlamentario europeo de Podemos, un contrato menor por 15.000€ para la contratación de la traducción simultánea para sordomudos. El propio Consistorio había pagado para un evento de mayor duración un total de 1.038 euros unos pocos meses antes.
Tal como recoge la documentación a la que ha tenido acceso OKDIARIO, Compromís firmó una resolución con 10 contratos menores con fecha de 21 de noviembre destinados a distintos tipos de servicios asociados a ‘Solimed’. Entre ellos figuraba el concepto de traducción para sordos que no se ajustaba a la fiscalización de la Intervención.
Ribó iba a dedicar a “Intérpretes de lenguaje de signos” 15.000 euros para un evento de tres días, pero finalmente no se incluyó en la resolución definitiva y que anulaba a la primera. La Intervención municipal paró los pies al concejal de Ribó al ver que no se incluían los datos exactos sino cifras redondas ‘a ojo de buen cubero’. El cálculo suponía pagar 30 veces más de lo que el Ayuntamiento de Valencia pagó por estos mismos servicios para un evento de mayor duración.
Así se desprende de la redacción de la resolución definitiva. “El Servicio Fiscal de Gastos indica la necesidad de subsanar de distintos aspectos, con carácter previo a la fiscalización”, indican. Se “deja sin efecto la Resolución (anterior) por no cumplir el requisito previo para su validez de fiscalización del gasto”.
El edil de Ribó ya había aprobado la resolución sin haber pasado antes por la intervención, algo muy grave según las fuentes consultadas. Firmó la propuesta como resolución y después llegaron los reparos de la Intervención. Se vio obligado a hacer una segunda e incluso una tercera.
Otra resolución del mismo Ayuntamiento pero de distinta concejalía, la de Bienestar Social e Integración, dice que estos servicios de interpretación con la misma fundación costaban 18,55 euros por hora. Por tanto, para este evento, proporcionalmente, se quería abonar 30 veces el precio ya pagado por el Consistorio valenciano para un evento de similares características.
600 €/h frente a 18,55 €/h
La disparidad de precios hizo sospechar a la Intervención municipal. La concejal de Bienestar Social e Integración, Consol Castillo, organizó un evento en el que pagó 1.038,8 € por el servicio de traducción simultánea para sordomudos por 56 horas de prestación adjudicados a la Fundación Fesord CV, la misma entidad. El equipo de Ribó quería pagar en torno a 600 euros por hora cuando debería pagar 18,55 como ya hizo anteriormente el propio Ayuntamiento.
El grupo municipal popular que denuncia el caso llevará varias preguntas al Pleno municipal para preguntar por qué, finalmente, no se incluyó este contrato menor y para saber si la Generalitat también aportó una parte similar para la realización del evento. Por otra parte, quieren saber por qué unas ciudades pueden participar de estos eventos y no otras. Como contó OKDIARIO cerca de 30 cargos de Podemos estuvieron presentes en el acto público frente a 2 de PSOE y ninguno de PP o C’s.
Corrupción funcionarial: del PP "para variar":
El líder del PP en el Ayuntamiento de Valladolid ha abandonado su puesto de funcionario 73 veces en un año
http://www.eldiario.es/politica/PP-Ayuntamiento-Valladolid-abandonado-funcionario_0_587592056.html
El silencio es hermoso cuando no es impuesto.
En el marco de las investigaciones relacionadas con el llamado caso Pujol, el juez central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, la teniente fiscal anticorrupción Belén Suárez y el fiscal Fernando Bermejo se desplazaron a Andorra los pasados días 18 y 19 de julio para interrogar al primer accionista de Andbank, Manuel Cerqueda, y a quien fuera presidente de la Banca Reig (antecesora de Andbank) y expresidente de Andorra, Oscar Ribas Reig.
Juez y fiscales les tomaron declaración para conocer el verdadero alcance y el grado de solvencia de la carta firmada de puño y letra por el expresidente catalán Jordi Pujol por la cual se hacía responsable y dueño del dinero de las cuentas de la familia en dicha entidad bancaria.
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CONTRADICIÓN CON EL LEGADO
Esa carta contradecía la primera versión del exjefe de la Generalitat que atribuía el origen del dinero que disponía su familia en Andorra a un legado de su padre. Fuentes próximas a los Pujol se apresuraron a recordar que la carta se redactó en el momento en que el hijo primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, se separó de su mujer Mercè Gironés y tenía por objeto protegerle (y proteger su patrimonio), y así evitar conflictos económicos referentes a la separación de bienes entre ambos cónyuges.
Cerqueda y Ribas reconocieron que, efectivamente, esa carta constaba en los archivos documentales de la entidad. Sin embargo, admitieron que no estaba en el expediente oficial que correspondía a las cuentas familiares, de tal forma que, con evasivas, intentaron quitarse las preguntas de encima.
En esa misma visita, y tal y como ha podido confirmar Crónica Global, De la Mata y los dos fiscales interrogaron a la exdirectora de BPA Serveis, Cristina Lozano, y al antiguo CEO de Banca Privada d’Andorra, Joan Pau Miquel Prats, encarcelado desde hace dos años por su relación con la presunta trama de blanqueo de capitales detectada por el Tesoro norteamericano en la entidad financiera.
BPA BAJO EL FOCO
Ambos tuvieron que responder a las preguntas formuladas sobre determinadas fundaciones de Panamá y de Belice a nombre de las cuales estaban registradas las cuentas de los Pujol. Y ambos coincidieron en que, efectivamente, era práctica habitual del BPA superponer identidades, inoperativas o aparentes, sobre las verdaderas identidades de los tenedores de las cuentas.
Lo hacían, según declararon, para evitar que el grueso de los empleados del banco pudiera acceder a la identidad de determinados clientes VIP. Es falso, añadieron, que al menos en BPA, un número o código fuera el único distintivo de cada cuenta. Sólo la cúpula de la entidad sabía quién era el beneficiario último y definitivo del dinero, camuflado bajo la identidad de dichas fundaciones.
Ambos, Miquel y Lozano, reiteraron, en todo caso, que el dinero que los Pujol mantuvieron en BPA entre diciembre del 2010 a julio de 2014, nunca salió del país de los Pirineos.
SOSPECHAS DE LA JUSTICIA SOBRE LOS ORÍGENES
Algunas de las últimas ampliaciones de información sobre la comisión rogatoria andorrana en la que trabaja en secreto el juez José de la Mata se refieren a la participación de Andbank en la gestión del dinero de los Pujol.
Cabe recordar que los miembros de la familia Pujol fueron expulsados como clientes de Andbank en 2010 y recayeron, acto seguido, en BPA, donde permanecieron hasta el 2014. Con anterioridad, desde los años 90 hasta el 2010, el controvertido dinero del clan del expresidente fue custodiado en la Banca Reig, que tras una fusión con otro histórico del Principado, el Banc Agrícol, derivó en la entidad actual denominada Andbank.
El fiscal no permitió al presidente de Murcia declarar para defenderse en el ‘caso Auditorio’
El presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez Foto: EFE)
OKDIARIO07/12/2016 01:09
La mujer del fiscal fue la letrada del PSOE que denunció al presidente de Murcia
La Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Murcia no permitió al actual presidente del gobierno regional, Pedro Antonio Sánchez, que declarara para defender su inocencia ante el acoso judicial lanzado por la oposición del PSOE a través del denominado ‘caso Auditorio’.
Desde que los socialistas interpusieron la querella por las supuestas irregularidades en la localidad de Puerto Lumbreras, en la que Sánchez era alcalde, el Fiscal Jefe Manuel López Bernal se negó a que compareciera voluntariamente para colaborar en el esclarecimiento de los hechos y defender su inocencia.
Según la documentación que obra en poder de OKDIARIO, el 29 de abril de 2014 el abogado de Pedro Antonio Sánchez solicitó a la Fiscalía que, habiendo tenido conocimiento de la tramitación de diligencias relativas al expediente de las obras del teatro-auditorio de Puerto Lumbreras, se tomara declaración al entonces alcalde para poder explicar los hechos. El 12 de mayo la Fiscalía denegó la petición a pesar de admitir que “dentro de las diligencias a practicar en esta fase pre procesal se encuentra la declaración del sospechoso”.
“La denuncia presentada en esta Fiscalía por el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras se limita a poner en nuestro conocimiento la existencia de unos hechos por entender que pudieran ser constituivos de delito, siendo de la exclusiva competencia de esta Fiscalía valorar su transcendencia penal, tras la práctica de las diligencias que estime pertinentes”, añadía en su respuesta al abogado de Sánchez, para concluir lo siguiente: “denegamos la solicitud de personación en las diligencias preliminares de la investigación al estar en fase inicial, sin que hasta el momento existan indicios suficientes para tomar declaración al sospechoso”.
Esta revelación se produce tras conocerse que la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Lorca pide que el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (a petición de la Fiscalía), investigue (impute) a Sánchez por presuntos delitos de fraude contra la administración pública, prevaricación continuada, falsedad en documento oficial y malversación por las obras del citado “caso auditorio”.
El presidente de Murcia niega que se haya cometido alguna irregularidad en la justificación de una subvención del Gobierno autonómico para sufragar las obras de esta infraestructura, tal como habría hecho directamente a la Fiscalía si se lo hubiera permitido antes de que acabe el caso en el TSJRM.
Fuentes jurídicas consultadas por OKDIARIO indican que es extraño que la Fiscalía dejara pasar tanto tiempo desde que recibió la denuncia del PSOE hasta que presentó la querella (un año) y la cuestión no es baladí, ya que el caso estalló justo cuando se designa a Sánchez como candidato del PP a la presidencia de la comunidad autónoma en 2015.
“La subvención se invirtió al 100%” en el teatro-auditorio
La construcción del teatro-auditorio fue posible gracias a una subvención de 6 millones de euros otorgada por el gobierno regional de Murcia. El actual presidente del Ejecutivo autonómico ha recalcado que la subvención se invirtió “al cien por cien” en esta infraestructura, “se pagó y está justificada”, tal y como “acreditan absolutamente todas las certificaciones, informes y documentos”.
La denuncia presentada por el PSOE a la Fiscalía que ha dado lugar a esta petición de imputación se produjo justo el mismo día que se archivó otra causa contra Sánchez por el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de Puerto Lumbreras. De esta forma la oposición logró alargar la batalla judicial hasta llegar a un momento clave en la política regional, como es la designación del candidato a la presidencia regional por el PP.
La mujer del Fiscal Jefe fue la letrada del PSOE que denunció al presidente
El PSOE inició su ofensiva contra el político popular en 2005 con varias querellas contra decisiones administrativas y urbanísticas de su ayuntamiento. Tal como avanzó OKDIARIO la responsable de dirigir estas acciones judiciales en representación de los socialistas fue la abogada Amparo Hornillos, esposa del Fiscal Jefe de Murcia, Manuel López Bernal.
No obstante, para evitar un conflicto de intereses Hornillos se retiró de estas causas y cedió la representación del PSOE a otro letrado, pocas semanas antes de que su marido tomara posesión del cargo de fiscal jefe.
La abogada y ex concejal socialista del Ayuntamiento de SevillaNieves Hernández, recién erigida en portavoz de las plataformas de militantes críticos con la gestora del PSOE que están surgiendo en toda España, está implicada en el caso de las facturas falsas de la federación andaluza de UGT que está investigando el Juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla, después de que EL MUNDO destapara el escándalo sobre la presunta financiación irregular del sindicato. Nieves Hernández lanzó este miércoles un mensaje en su cuenta de Twitter en el que da las gracias a las plataformas de críticos del PSOE «por la confianza depositada» y anuncia que espera «estar a la altura de todos vosotros». El tuit se produce después de que la treintena de plataformas de militantes socialistas que están surgiendo en todo el país la hayan elegido como portavoz del colectivo que exige la celebración «inmediata» de un Congreso Federal extraordinario y de unas primarias que pongan fin al gobierno de interinidad del partido y frene la «brecha abierta» en la organización.
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Además, Nieves Hernández lidera la primera plataforma de críticos que se ha constituido en el PSOE de Sevilla, donde el criterio de Susana Díaz, a quien se señala como autora intelectual de los movimientos de la gestora, parecía hasta la fecha incuestionable. Diversos correos electrónicos que figuran en el sumario de las presuntas facturas falsas de UGT, en poder de este diario, comprometen a la nueva portavoz de los críticos del PSOE, que trabaja desde hace años como letrada del sindicato en Sevilla. Los e-mails adjuntados al sumario en julio de 2014, de los que ya informó este diario, revelan que UGT ordenó a Nieves Hernández, justo cuando los auditores de la Cámara de Cuentas de Andalucía le reclamaban la documentación, que montara a posteriori el expediente de una ayuda de 1,3 millones de euros de la Junta de Andalucía por una obra por la que el sindicato ingresó comisiones en metálico y que adjudicó a la empresa especializada en mobiliario de oficinas Chavsa, saltándose la Ley de Subvenciones.
Correo electrónico remitido a Nieves Hernández que figura en el sumario de UGT. EL MUNDO
Se trata del expediente número 98/2009/N/0002 para construir un centro de formación en Huelva, la obra que la Cámara de Cuentas de Andalucía fiscalizó junto a otras subvenciones en su demoledor informe sobre las ayudas del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) para formación profesional para el empleo de los años 2009 y 2010.Nieves Hernández, en conversación telefónica con este diario, se quejó de que se intentara «resucitar» un asunto que «no es nada» porque ni está imputada en la presunta trama de las facturas falsas de la federación andaluza de UGT ni nunca ha tenido que ir a declarar ante el juez porque no ha sido citada. En efecto, el titular del Juzgado de Instrucción 9 de Sevilla, Juan Jesús García Vélez, investiga desde septiembre de 2013 la presunta financiación irregular de UGT en Andalucía, un caso que acumula 19 investigados, entre los que no está la abogada Hernández.Sin embargo, el correo que le dirige la investigada -antes imputada- Lola Sánchez (la responsable del departamento de justificaciones de UGT-A) a la portavoz de las plataformas de militantes del PSOE no deja lugar a dudas. El correo fue remitido el 19 de junio de 2012 a Nieves Hernández Espinal. Como asunto reza «petición de presupuestos requerimiento Cámara de Cuentas», y en él se le indica que tiene en su mesa dos facturas, una de ellas de Francisco Fuentes Cachinero. Éste es uno de los empresarios que habían acudido a principios de 2012 a la sede de UGT-A para entregar una comisión de 66.000 euros por la obra que Chavsa no hizo, ya que se subcontrató. Según han atestiguado trabajadores de UGT ante el juez, el abono se realizó en dos días consecutivos, entregándose los primeros 16.000 euros en billetes de 500.«De las dos [facturas] necesitamos tres presupuestos, el de Onieva [supuestamente otro empresario] más dos pptos. y el de Cachinero más dos pptos., con fechas anteriores a las de las facturas», le indica Sánchez a la ex concejal del PSOE, emplazándola a verse con ella a la mañana siguiente. Para Nieves Hernández, es «muy injusto» que se recuerde ahora su vinculación con las supuestas facturas falsas de UGT porque «si doy un paso al frente en mi organización, no me debería perjudicar».Otro correo electrónico que figura en el sumario de las presuntas facturas falsas de UGT y que fue remitido a Nieves Hernández alude a los manejos del departamento de justificación del sindicato a la hora de justificar las subvenciones, que hasta ponían "nervioso al de la Junta" encargado de recibir los documentos.
¿Corrupción, puertas giratorias o ambas?
La Comisión Europea abre expediente a España por no sancionar a Volkswagen
http://www.eldiario.es/economia/CE-procedimiento-infraccion-Espana-Volkswagen_0_588641336.html
El silencio es hermoso cuando no es impuesto.
El Reina Sofía expondrá el botín de la Púnica que Marjaliza tenía en Suiza
La Audiencia acuerda con el museo mostrar parte de los cuadros del imputado para ahorrar el alquiler del almacén. Hay Tàpies, Barceló o Chillida.