Bueno, pues eso que dices ahora se contradice totalmente con lo que dijiste antes:
vamos a tener que darle la razón a las CUP que como dice Solfam son un poco excéntricos en sus propuestas pero al final serán los más sensatos
De ahí lo del escorpión y la rana.
El silencio es hermoso cuando no es impuesto.
Ala, Juan, Solfam eso lo entiende perfectamente pero tú ya sabemos que te cuesta. No tengo tiempo de los diálogos de besugos a los que nos tienes acostumbrados.
Hombre, siendo diálogos algo tendrás tú que ver en ello, ¿no?
Sigues en permanente contradicción. Por eso, en vez de argumentar, recurres a la descalificación y lo peor es que encima pretendes hacer "cuadrillita".
Si no tienes tiempo, no sé a qué viene tu insistencia en entrar al trapo.
P.D. Lo más cachondo es que además no dejas en buen lugar a tu ansiado palmero.
El silencio es hermoso cuando no es impuesto.
Los de las "cuadrillitas" sois Serrallonga y tú y el "campeón" de la descalificación E.R.E.S. tú.
La "cuadrillita" va creciendo.
Sigue, sigue, que eres un crack de la argumentación.
¿Quieres que argumente en algunos de tus hilos?, ¿probamos como la otra vez?
El silencio es hermoso cuando no es impuesto.
Que vale, cuando tenga más tiempo ya te lo explicaré. Llevas razón, no tengo porqué descalificar. Espero aceptes mis disculpas. Queda pendiente el tema.
Esta semana los investigadores de la Guardia Civil han accedido a pruebas que confirman el pago de comisiones del 3% por parte de empresas adjudicatarias de obra pública desarrollada por la Generalitat al partido gobernante, CDC.
Tras las detenciones de hasta diez personas el pasado miércoles, entre ellas Josep Antoni Rosell, director de Infraestructuras de la Generalitat y Daniel Osácar, extesorero de CDC, llega el turno de clasificar las pruebas que serán presentadas al juez para demostrar el pago de comisiones al 3% con las que presuntamente se financió la formación que hoy lidera el presidente en funciones Artur Mas.
Según el diario El Mundo, un confidente aportó a la Guardia Civil esta semana una caja fuerte con documentos que prueban la relación de la Generalitat con el cobro de comisiones para el partido. Esta caja procede de un colaborador de Rosell, quien previamente la había entregado a una persona de su confianza para que la ocultara. Solo por este hecho, el director de Infraestructuras del Gobierno catalán podría ser acusado de un delito de ocultación de pruebas.
El contenido de todos los archivos de esta caja fuerte aún está siendo analizado por la Fiscalía Anticorrupción.
Por su parte, el diario El País publica este sábado otras pruebas que cercan a la Generalitat en el 'caso Petrum': por primera vez, documentos bancarios relacionan cuentas de una empresa adjudicataria de obra pública con las de fundaciones ligadas a Convergència Democrática de Catalunya.
Según estos documentos, la empresa de ingeniería Tec Cuatro habría pagado el 3,8% del valor de dos obras adjudicadas hacía menos de un mes a la fundación de CDC CatDem.
Estas obras serían el desdoblamiento de una carretera y la futura estación del AVE en el aeropuerto de Girona.
Esta empresa era adjudicataria habitual de obras de la Generalitat de Cataluña.
Un informante de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción ha entregado esta semana a los investigadores del caso Petrum una caja fuerte con documentos que comprometen al Govern en las supuestas comisiones del 3%.La caja estaba en manos de un colaborador de Josep Antoni Rosell, director general de infraestructuras de la Generalitat y uno de los 10 detenidos el pasado miércoles. Fue el propio alto cargo del Govern quien entregó la caja fuerte a una persona de confianza para que la ocultara. El registro del miércoles en las oficinas del ente gestor de obras públicas -Infraestructures.cat- empujó al informante a entregar «voluntariamente» la documentación, según fuentes conocedoras del caso.El contenido al completo de la caja fuerte todavía está siendo analizado por la Fiscalía Anticorrupción. Lo conocido hasta ayer por los fiscales José Grinda y Fernando Bermejo, no obstante, les llevó ya a pedir al juez que decretara prisión sin fianza para Rosell. Josep_Bosch Mitjavila, titular del juzgado de Instrucción número 1 de El_Vendrell (Tarragona), determinó finalmente que fuera puesto en libertad con cargos y se le retirara el pasaporte para evitar que salga de España.
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Fuentes del caso aseguraron a este diario que, hasta que se conozca el contenido total de los archivos y su relación con la supuesta trama de las comisiones del 3%, el mero hecho de que el alto cargo del Govern tratara de esconder la caja de seguridad abre la puerta a acusarle de ocultación de pruebas. La entrega de los archivos de Rosell a la Guardia Civil no fue el único fruto inesperado que obtuvieron los investigadores del caso Petrum a raíz de los 20 registros y 11 detenciones que se hicieron el miércoles. Varias personas aprovecharon el despliegue para sumarse de forma voluntaria e incorporar nuevas denuncias.Es el caso concreto de un cargo técnico intermedio de Infraestructures.cat, quien aprovechó la entrada de los policías en el edificio situado en la calle Vergós, en el distrito de Sarrià, para denunciar el amaño en la adjudicación de concursos de la Generalitat a empresas señaladas por sus superiores. El trabajador, con años de experiencia en la gestión de obras públicas, se dirigió directamente a dos de los agentes de la Guardia Civil que realizaban el registro del ente. Ante ellos desgranó cómo se realizaban modificaciones técnicas dictadas, entre otros altos cargos, por el propio Josep Antoni Rosell. En su declaración ante los agentes, el técnico admitió haber recibido «instrucciones» para modificar criterios de valoración en concursos públicos vinculados con canalizaciones. De esta forma, según explicitó, se «facilita» que ofertas presentadas por empresas concretas obtengan adjudicaciones en juego. Una forma de actuar que atribuyó a dos de sus supervisores. Entre ellos el director general de Infraestructures.El papel del tesorero de CDC, Andreu Viloca, en la supuesta trama entre empresarios y la formación nacionalista es el otro gran eje sobre el que se sustenta el 'caso Petrum'. Anticorrupción considera demostrado que el administrador del partido era quien establecía reuniones con los empresarios de la construcción. En ellas era cuando, supuestamente, reclamaba las mordidas por el 3% de las adjudicaciones de obra pública de las que se beneficiaban las constructoras. Los pagos se realizaban a través de donaciones legales que se inyectaban en la Fundació CatDem, de la cual también es administrador Andreu Viloca. Las fechas y los motivos de las citas entre el tesorero y los directivos de Tec 4, Rogasa, Oproler, Urbaser, Grup Soler y Copisa están plasmadas entre los más de 9.000 correos electrónicos que la Guardia Civil encontró en el ordenador del tesorero durante el primer registro que se hizo en la sede central de CDC, el 28 de agosto. El cruce de datos entre las fechas en las que se cerraron las reuniones -algunas de ellas celebradas en la sede de CatDem- y las adjudicaciones que lograron algunas de las empresas son las que motivaron, parcialmente, que se llevaran a cabo las detenciones del pasado miércoles. El supuesto papel de Viloca como mediador en el pago de las comisiones entre las empresas, la Fundació CatDem y CDC es, precisamente, el que le convierte en el único de los 12 detenidos que permanece en prisión sin fianza, acusado de blanqueo de capitales, entre otros delitos. Su antecesor en el cargo, Daniel Osàcar, fue ayer puesto en libertad con cargos después de ser llevado por la Guardia Civil ante el juez Bosch. Con problemas de salud debido a su avanzada edad, 84 años, Osàcar no fue arrestado hasta ayer por la mañana en su domicilio. Desde ahí acudió directamente hasta el juzgado de El Vendrell donde, como el resto de detenidos, se negó a declarar a la espera de que se levante el secreto de sumario del caso. Osàcar se encuentra ya imputado en el Caso Palau acusado de haber mediado para que la constructora Ferrovial inyectara fondos irregulares en CDC a través de falsas donaciones al Palau de la Música. Su imputación en la causa fue, precisamente, la que llevó al partido a apartarle del cargo en 2010. Ese año asumió la administración del partido el ahora encarcelado Viloca.El juez decretó también para Osàcar la retirada del pasaporte. Una medida que se aplicó al resto de implicados en el caso, a excepción del empresario Sergio Lerma, para quien se dictó una fianza de 50.000 euros. Todos deben presentarse en el juzgado una vez al mes.
La operación del miércoles, desarrollada por la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción con la coordinación del titular del Juzgado de Instrucción número 1 de El Vendrell, ha puesto de manifiesto las relaciones entre empresarios y políticos. Las investigaciones han detectado que los primeros o bien eran conducidos hasta CatDem para que hicieran sus «donaciones/mordidas», o bien ellos mismos acudían a la fundación convergente porque tenían información de que de esa forma les era más sencillo conseguir adjudicaciones.
Para los investigadores resultó más que llamativo que algunos empresarios tuvieran relaciones tan intensas con personas de CatDem o próximas a ella, ya que sus mundos son, al menos aparentemente, muy distintos. Hasta el momento las pesquisas han identificado tres puntos de conexión con nombres y apellidos: Daniel Osácar, extesorero de CDC y que se sentará en el banquillo por el caso Palau; Andreu Viloca, su sucesor en el partido y la fundación y el actual consejero de Justicia de la Generalitat, Germá Gordó.
Esos contactos, ya demostrados, no suponen en sí mismos actividad delictiva alguna, pero a los investigadores les llama la atención que se tratara de contactos opacos (en especial los referidos a Gordó) que no figuran en sitio alguno. Esta línea de investigación sigue en marcha -aún es pronto para formular cualquier acusación-, pero es prometedora, según las fuentes consultadas.
Los nombres de los tesoreros de Convergència ya eran conocidos, pero no así el de Germá Gordó en su faceta de nexo entre empresarios y la fundación. Hay que precisar, en cualquier caso, que el director general de Infraestructuras.cat, Josep Antoni Rosell (detenido el miércoles) era la mano derecha del actual consejero de Justicia.
El polémico canal Segarra
Es significativo en este sentido el episodio del proyecto del canal Segarra-Garrigues, la obra pública más importante de Cataluña después del AVE y que podría acabar costando al menos 1.928 millones de euros. La empresa adjudicataria fue ASG, cuyo presidente actual es Josep Grau quien fue consejero de Agricultura entre 1999 y 2003. Fue en esos años de mandato de Jordi Pujol en los que se lanzó el proyecto del canal y se fijaron las bases del concurso de adjudicación para la mayor obra en la historia de la comunidad hasta ese momento.
Grau preparó la licitación del concurso con Josep Antoni Rosell, que entonces era subdirector general de Infraestructuras en el departamento de Agricultura. Al poco tiempo de firmarse el contrato, Rosell pasó a ser director general de ASG. Hoy, Rosell es director general de Infraestructures.cat, la empresa de la Generalitat que gestiona las obras públicas, incluida la red de distribución del canal Segarra-Garrigues, que construye la propia ASG. También intervino Germà Gordó, el actual consejero de Justicia y por aquel entonces secretario general de Agricultura.
Un informe interno de la empresa de la Generalitat encargada de ejecutar las obras alertaba ya en 2007 de que había una desviación presupuestaria del 81 por ciento; es decir, que un proyecto que iba a costar 1.069 millones de euros podría acabar costando los ya citados 1.928 millones.
Se han venido a llamar los papeles de Andreu Viloca, en comparación a los papeles del extesorero del PP Luis Bárcenas. Según publica la Cadena Ser, se trataría de una agenda del tesorero de CDC, Andreu viloca, con información determinante que la Guardia Civil habría incautado antes de ser detenido y dispuesto en prisión sin fianza por el juez de Tarragona que instruye el caso Petrum. Según la emisora, en los papeles se recogen las pruebas del presunto pago de comisiones ilegales a CDC por la concesión de obra pública. La agenda recogería ocho operaciones en las que aparecen identificados los empresarios y las comisiones que se pactaron para obtener las adjudicaciones de obras.
Según la información publicada, existe constancia policial de comisiones que llegan hasta los 145.000 euros por obra y en la mencionada agenda aparecen mordidas entregadas el mismo día que se anunciaba el concurso. En total, se recogen ocho operaciones realizadas entre el 2011 y 2012 con supuestas mordidas que suman 619.000 euros. Además, todas las comisiones se ingresaban en la Fundación CatDem, vinculada a CDC.
Según recoge también Cadena Ser tras haber tenido acceso a la agenda de Viloca, entre las empresas que habrían abonado las comisiones se encuentran las investigadas Grup Soler, Copisa, Regasa, Tec4, Urbaser y Oproler, y en algunos casos, incluso se comienzan a realizar los pagos el mismo día en que se anuncia el concurso de la obra a realizar. Es lo que sucede con Grup Soler, que ingresó a través de una mercantil del grupo 50.000 euros y sus donaciones se repiten hasta la adjudicación de la obra y hasta alcanzar un total de 145.000 euros.
En el caso de Copisa, la adjudicación bajo sospecha es una vinculada con el Consorcio de Educación de Barcelona. Para esta obra, adjudicada el 27 de junio de 2012, la empresa habría pagado un total de 75.000 euros. Dos meses antes, el mismo día en que se produce la primera reunión de la empresa con Viloca, Catdem recibe de Copisa una primera donación de 25.000 euros.
En el caso de Regase le investiga la adjudicación de las obras del CAP de Prats de Lluçanés y en el de TEC4, un contrato de servicios para la asistencia técnica del estudio del proyecto de la estación del AVE Barcelona-Frontera francesa para el aeropuerto de Girona.
Según la información, en total son siete las constructoras implicadas en el caso de comisiones a cambio de adjudicaciones de obras
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Ya no es sólo la profesora Dolores Agenjo, tachada de parcialidad por su relación con Ciudadanos, la que niega la versión de que la consulta independentista del 9-N quedó en manos de voluntarios después de que fuera suspendida por el Tribunal Constitucional. Tampoco son únicamente las manifestaciones de dos inspectores que conocieron cómo se dieron instrucciones a los directores de institutos que fueron sede del llamado 'proceso de participación ciudadana'.
Como las cerezas, de un testigo van surgiendo otros, un documento da pie a solicitar más y en la reconstrucción de quién estuvo detrás de una votación que, legalmente, nunca debió celebrarse aparecen, sin esperarlo, nuevos testimonios.
La acusación popular que ejerce Manos Limpias acaba de solicitar al magistrado instructor Joan Manel Abril que llame a declarar al trabajador de una empresa subcontratada para el reparto e instalación de los 7.000 ordenadores que se utilizaron el 9-N.
C. G. se ha dirigido al sindicato de funcionarios -la acusación popular que, incluso en contra del criterio del fiscal, consiguió la condena del ex presidente del Parlamento vasco Juan María Atutxa por desobedecer al Tribunal Supremo- para poner en su conocimiento que puede aportar información que probaría que el proceso soberanista del 9-N no quedó exclusivamente "en manos de 40.000 voluntarios", como dijo ante el juez el pasado 13 de octubre la consejera en funciones de Enseñaza Irene Rigau, también imputada.
"ME LO DICE LA CONCIENCIA"
"Yo trabajé ese día repartiendo los ordenadores", ha indicado el nuevo testigo, que ha asegurado que la Generalitat subcontrató a su empresa "para repartir los ordenadores. Y no fueron voluntarios, como dicen ellos". Él, desde luego, no lo fue y cobró por su trabajo.
El testigo quiere dar a conocer lo que sabe "para que no quede impune la ilegalidad", afirma. "Ése es mi único interés, hacer lo que me dice la conciencia" pese a que, admite, teme represalias.
También le dio rabia que él y otros padres pasaran dificultades para poder comprar ordenadores para que sus hijos los utilizaran en el instituto "y resulta que había 7.000 portátiles a estrenar" para la 9-N.
El letrado de la acusación popular Pedro Muñoz Lorite ha solicitado que se cite al testigo y se recabe la documentación relativa a la empresa para la que trabajaba que pudiera estar relacionada con el encargo de reparto de los ordenadores.
El instructor del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha acordado, a propuesta de la Fiscalía, reclamar a distintos organismos públicos y empresas privadas nueva documentación relacionada con el 9-N.
LA VERACIDAD DE MAS
Alguna está encaminada a comprobar la veracidad de lo declarado por Mas el 15 de octubre, cuando afirmó que no tuvo un conocimiento detallado de las consecuencias jurídicas de la providencia dictada por el TC el 4 de noviembre suspendiendo el 'proceso de participación ciudadana'.
El juez ha solicitado al departamento de Presidencia de la Generalitat una certificación de los "dictámenes, asesoramientos o informes, verbales o escritos, que se recabaron tanto en relación con la 'consulta popular no referendaria' convocada el 27 de septiembre como los referidos al 'proceso de participación ciudadana', bien al gabinete jurídico central del propio departamento de Presidencia o servicios dependientes del mismo, bien a cualesquiera bufetes o entes externos".
También se ha solicitado a Telefónica, Fujitsu, T-Systems ITC y Hewlett Packard la documentación de los trabajos que realizaron para el 9-N por encargo del Centro de Telecomunicaciones de la Generalitat, encargado del soporte informático de la consulta.
El magistrado Abril ha acordado, de oficio, reclamar nuevos datos en torno al coste del 9-N. El consejero de Economía deberá remitir al tribunal una certificación de los gastos por todos los conceptos y las partidas presupuestarias a las que se asignaron.
Mas, la ex vicepresidenta Joana Ortega e Irene Rigau han asegurado que el coste de la votación se cargó a las partidas generales de cada departamento y no a los fondos reservados en los presupuestos para el proceso soberanista (5 millones en principio, ampliables a 10), que habrían permanecido íntegros.
"El trío Montserrat, Òmnium Cultural y Banca Catalana tienen un mismo pensamiento y facilita la acción a todos los que quisieran hundir el país. Lo triste de todo esto es que son tan bobos que se creen lo contrario". Estas dos frases están escritas por Josep Tarradellas el 24 de julio de 1970, 44 años y un día antes de que Jordi Pujol emitiera un comunicado en el que confesaba ser un delincuente de cuello blanco. El diagnóstico forma parte de los papeles que el presidente de la Generalidad en el exilio y de la restaurada entregó a Pujol y a su mano derecha, Lluís Prenafeta, tras ser evacuado de malas maneras de la Casa de los Canónigos, dependencia del Palacio de la Generalidad reservada a la estancia y pernoctación de los presidentes regionales y familia, cuando Pujol ganó las elecciones.
"Un par de maletas llenas de recortes de prensa, pura basura, síndrome de Diógenes", dijo el gran evasor Pujol cuando un escritor en catalán, en presencia del suprafirmante, le preguntó en el off the record de una entrevista para el ABC por el contenido del Archivo Tarradellas. El muy honorable trincón dijo que ahí no había nada, que Tarradellas era un "desgraciado" que no tenía donde caerse muerto y que la Generalidad le compró la "paperassa" para que él y su esposa, Antònia Macià, pudieran comer.
La desclasificación de los papeles del Archivo Tarradellas, custodiado en el Monasterio de Santa María de Poblet, de la orden cisterciense, ha dado a imprenta un libro del que se hacía eco el ABC este domingo. El volumen recoge la correspondencia de Tarradellas durante su largo exilio y profecías tales como la del trío Montserrat, Òmnium y Banca Catalana. Òmnium es el germen de la Assemblea Nacional Catalana y la muleta cultural del Movimiento separatista. Banca Catalana, la zona cero del tres por ciento. Montserrat, la coartada espiritual. Sobre esas tres patas se construyó el régimen del tridente que aspira a sucederse en un parlamento patatero presidido por una individua que ha pasado de dirigir las algaradas multitudinarias a regir la asamblea del poder regional.
Hasta ahora se construyó la historia de un Tarradellas con la mano tendida, un personaje comprometido con la reconciliación nacional tras la dictadura franquista, un político realista y de consenso, la biografía del hombre que dijo por primera vez ciudadanos en vez de pueblo. A partir de ahora se deberá añadir el matiz de que fue el visionario que predijo la dictadura del nacionalismo, un poble sobre tres patas, la construcción espiritual, la cultural y la de la vil metal, la pasta, la mordida, la mafia en su versión más depurada. El que advirtió de la dictadura blanca que se cernía sobre los habitantes de Cataluña. Los herederos de ese taburete totalitario con tres patas son Mas, Junqueras y Forcadell, el trío de la gasolina, junto a los cuperos, cuya ignorancia supera su soberbia y pureza antisistema.
Medio siglo antes, Tarradellas escribía: "No puedo dejar de recordar lo que me dijo Jaume Vicens Vives de Jordi Pujol, que, a pesar de que lo disimulaba muy bien, es un intolerante y un fanático". En otro apunte declaraba: "Mis temores que Banca Catalana un día tendrá un fuerte traspiés son hoy más convincentes". Año setenta del siglo pasado. Acabamos por el principio: "El trío Montserrat, Òmnium Cultural y Banca Catalana tienen un mismo pensamiento y facilita la acción a todos los que quisieran hundir el país. Lo triste de todo eso es que son tan bobos que se creen lo contrario".
Forcadell ha dado por comenzado este 26 de octubre de 2015 el "proceso constituyente de la república catalana". La banca del tres por ciento, la cultureta y el cristianisme català son el cemento armado de este golpe de Estado por fascículos.
Pablo Planas
El 25 de julio de 2014, el expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol i Soley, confesó públicamente que había mantenido oculta al fisco una cuenta corriente en Andorra. Su versión es que procedía de un legado de su padre, pero que no lo había tocado nunca y que no quería saber nada de él. Por eso tuvo dos gestores antes de que se encargara definitivamente su primogénito, para distribuirlo entre sus hermanos.
Sin embargo, los documentos recopilados en la comisión rogatoria remitida por las autoridades andorranas al juzgado central de instrucción 5 de la Audiencia Nacional desmienten esta versión. Entre ellos hay dos importantes, que se reproducen en esta página. Uno, de fecha 21 de septiembre de 2000, está firmado por Jordi Pujol Ferrusola. En el, comunica a la entidad bancaria donde entonces está la cuenta, la Banca Reig, que "el real propietario de los fondos (...) es Jordi Pujol i Soley"; mientras que él es únicamente el fiduciario. Además, en caso de fallecimiento del titular, el saldo debe pasar a sus herederos, que, para poder disponer de él, deberán pasar en persona por las oficinas con el correspondiente certificado de defunción.
El segundo, de puño y letra de Jordi Pujol i Soley, fechado el 4 de marzo de 2001, esto es, seis meses después, también está destinado al banco, y asegura que él es el titular de la cuenta, y que en caso de defunción los fondos deben pasar a su esposa, Marta Ferrusola i Lladós.
Estos documentos contradicen, a juicio de la Fiscalía Anticorrupción y la Policía, la versión de Jordi Pujol i Soley, en el sentido de que nunca tuvo nada que ver con los fondos ocultados a la Hacienda española.
Al respecto, cabe recordar lo que dijo el expresident cuando declaró ante el juzgado de instrucción 31 de Barcelona, donde está imputado por este asunto. El 27 de enero del año pasado, Pujol aseguró que el dinero era el legado que le dejó Florenci, su padre, al morir en 1980. Dicha herencia venía motivada por el miedo que le causaba a su progenitor la carrera que estaba desarrollando el que fue presidente de la Generalitat. Pero como él no quería saber nada del dinero, nombró un administrador, Delfí Mateu, un amigo suyo que estuvo acusado en Banca Catalana. Luego le pasó este testigo a Joaquím Pujol i Figa, su primo; al que rescató de gestionar el patrimonio familiar para dirigir la secretaría de la Presidència de la Generalitat. El tercero fue su primogénito, Jordi Pujol Ferrusola. La Fiscalía recela ahora del origen de los fondos, e incluso sopesa si proceden de comisiones irregulares.
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El consejo de administración de Infraestructures.cat decidió el pasado martes apartar de sus funciones al director general de la compañía, Josep Antoni Rosell, tras ser imputado por la operación Petrum sobre la trama del 3%, según informa El País. Rosell ya no formaría parte de la mesa de contratación de esta empresa pública tras verse implicado en la investigación del pago de presuntas comisiones a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) por parte de empresas adjudicatarias de la Generalitat.
La Fiscalía Anticorrupción cree que Josep Antoni Rosell pedía a los técnicos de la empresa pública que modificaran las ofertas técnicas de las empresas para poder decidir las que finalmente ganaban el concurso, pudiendo beneficiar a las que estaban dispuestas a hacer donaciones a CDC.
Tras los registros efectuados el pasado mes de agosto en la sede de Convergència y en el despacho del tesorero, Andreu Viloca, Rosell pidió a un amigo que le guardara una caja fuerte y unos maletines con documentación. Este los entregó a la Guardia Civil cuando supo de la detención del ya exdirector general de Infraestructures.cat
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