Un juez de 30 años, que llevaba dos años y pocos meses en su primer destino, de mediana estatura (1,70 metros) y que por entonces lucía barba y un corte de pelo con una pequeña melena, firmaba el 28 de agosto pasado varias órdenes de registro en la sede de Convergència Democràtica de Catalunya (el partido de Artur Mas) en Barcelona, en la fundación CatDem (también de Convergència), en el domicilio particular del extesorero del partido Daniel Osàcar, que ya está imputado por otro caso de corrupción (el del Palau de la Música), y en cuatro ayuntamientos: Lloret de Mar, Sant Cugat del Vallès, Sant Celoni y Figueres.
Estampar la firma sobre esos autos judiciales a pocos días del comienzo de la campaña electoral de las elecciones autonómicas del 27-S no era cuestión baladí. Era poner la chispa en un charco de gasolina. Pero eso eran consideraciones políticas. Para el firmante, Josep Bosch Mitjavila, titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de El Vendrell, era un acto más en la investigación que seguía desde el verano de 2012, tras una denuncia por corrupción en el ayuntamiento de la población tarraconense de Torredembarra.
El juez, que lleva mucho tiempo dejándose las pestañas en el caso, es catalán de pura cepa, nacido en Barcelona en 1985, y busca ser cualquier cosa menos un juez estrella. Josep Bosch es, además, lo que en el argot de la judicatura se llama un juez primerizo. Ha estrenado su carrera en su actual destino. “Es la antítesis de un juez estrella. Es muy trabajador y tiene una educación exquisita”, dice a Tiempo una persona que le ha tratado.
En torno a su figura se ha levantado un muro de silencio (ver recuadro). “Ni figura ni quiere figurar”, explica la misma fuente, que afirma que habla pausadamente y es muy metódico. Bosch, que fue miembro como vocal de la Junta Electoral de la zona del Vendrell en las elecciones del 27-S, no es el prototipo de magistrado que atrae focos o a quien le guste figurar.
De hecho, según comentan las fuentes consultadas, le sentó mal que la clase política afectada insistiera al principio en que los registros formaban parte de maniobras a gran escala procedentes de no se sabe qué instancias de Madrid. Para él era parte de su labor ordinaria. “Lo que ha hecho es trabajar muy duro en una denuncia que fue presentada por una concejal de Esquerra Republicana y ha llevado con exquisita profesionalidad la investigación”, arguye la fuente citada.
Su propia juventud hace que su historia no tenga mucho que contar, excepto una brillante progresión académica. En el año 2010, Josep Bosch se presentó a las pruebas de selección de la Escuela Judicial. El 8 de julio de 2011 se publicaba la lista de los aspirantes que habían superado la primera fase de las pruebas selectivas para la provisión de 250 plazas de alumnos de la Escuela Judicial para su posterior ingreso en la carrera judicial por la categoría de juez (más 150 plazas del Centro de Estudios Jurídicos para su ingreso en la carrera fiscal). Tenía el número 59 en la oposición y su nota era de 79,93 puntos sobre cien. Quedó en el puesto 38 de 231 aprobados, en una convocatoria a la que concurrieron casi 4.000 aspirantes. El 14 de septiembre de ese año se incorporaba a la Escuela para formar parte de la 63 promoción de jueces.
El 20 de marzo de 2013, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial aprobaba la resolución que lo enviaba como titular al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de El Vendrell. Era su primer destino. Un par de meses antes, el 23 de enero de ese año, el propio CGPJ reconocía a 14 alumnos de la Escuela Judicial los “méritos del conocimiento oral y escrito de alguna de las lenguas oficiales distintas del castellano propias de las Comunidades Autónomas y de su Derecho Civil Especial o Foral, como méritos preferentes, a los efectos determinados en los artículos 71 y siguientes del Reglamento 2/2011, de 28 de abril, de la Carrera Judicial”. Seis de esos jueces eran reconocidos por estos méritos y entre ellos figuraba Josep Bosch Mitjavila en el apartado de “Derecho”.
El Vendrell es un municipio de cerca de 37.000 habitantes, capital de la comarca tarraconense del Bajo Penedés. Famosa para muchos automovilistas porque tiene uno de los peajes en los que se forman importantes atascos en verano con el ir y venir de turistas y habitantes de la zona hacia las playas. Como capital comarcal aglutina los juzgados por los que pasan todos los asuntos de los municipios circundantes. Y así, hasta que cayó en sus manos el tema de la corrupción política, la vida como juez de Josep Bosch Mitjavila era más bien anodina.
Solo había dirimido temas de escaso eco social: litigios de impagos (unos avispados ciudadanos del Este que pretendían timar a una financiera), algún caso de supuesta prevaricación (absolvió en marzo de 2014 al alcalde de Altafulla de una acusación por poner trabas a la apertura de un chiringuito), y algún tema de menores. Pero, ¿cómo se tramó la historia que le ha acabado estallando en las manos?
No había nadie. Cuando el pasado 28 de agosto la Guardia Civil irrumpía en la sede de la fundación CatDem, en Barcelona, buscando información sobre el supuesto cobro de comisiones del 3% de las adjudicaciones de contratos públicos hacia esa entidad, allí no había nada. Ni siquiera estaba el administrador, que era la figura clave que podría facilitar la documentación. “Tiene su despacho en la sede del partido, en la calle Córcega”, dijo a los agentes una de las trabajadoras presentes. Se extendió, pues, una nueva orden judicial para registrar el despacho de Andreu Viloca, el administrador, mientras algunos agentes se adelantaban hacia la otra dirección, la de la mismísima sede de Convergència, para “asegurar el terreno”.
Un registro simultáneo en varias sedes ligadas al partido, un domicilio particular y cuatro ayuntamientos impedía la presencia del juez en todos ellos. Es obvio. Pero el teléfono móvil permite una comunicación constante y eso es lo que hizo Josep Bosch Mitjavila con los secretarios judiciales durante aquella jornada de finales de agosto.
Los dirigentes de Convergència Democràtica de Catalunya pusieron el grito en el cielo. A las puertas de la campaña electoral, buscar pruebas de corrupción era un escándalo mayúsculo: se estaba vinculando a la formación de Artur Mas a la corrupción y la entrada y registro de la sede del partido era algo insólito que solo podía partir de las más oscuras catacumbas del Estado. “Es un ataque al proceso de Cataluña”, llegó a decir el coordinador general de Convergència, Josep Rull.
Pero todos sabían, o debían saber, que las órdenes de registro no iban firmadas por ningún juez de Madrid ni de la Audiencia Nacional y ni siquiera del Tribunal Superior catalán o de una audiencia provincial. Era la firma de un juez de primera instancia que instruía una causa en la que estaban personados y muy interesados los dos fiscales Anticorrupción, José Grinda y Fernando Bermejo. Todo provenía del municipio tarraconense de El Vendrell.
Denuncia de dos concejales. Es verdad que en el caso participa la Fiscalía Anticorrupción, del mismo modo que lo hace en otros muchos casos en los que hay indicios de corrupción política que llegan a los juzgados más variopintos. Lo cierto es que dos concejales de Torredembarra, el socialista Enric Granjel y la militante de ERC Montse Gasull, fueron los desencadenantes de toda la operación cuando denunciaron diversas irregularidades del alcalde Daniel Massagué en junio del 2012: la adjudicación de la limpieza viaria, el alquiler de dos locales a una empresa privada pagando precios desorbitados, la contratación de la consultora Efial por 18.000 euros mensuales, la colocación de 24 trabajadores a dedo con total falta de transparencia, la contrata de aguas a Sorea y la construcción de un aparcamiento por parte de la constructora Teyco, cuya sede también fue registrada por orden judicial.
ERC no quiso prestar mucha atención al asunto y dejó sola ante el peligro a su concejal, que acabó abandonando el partido. Pero el caso siguió adelante dando paso a una operación bautizada con el nombre de Petrum 2. El alcalde de Torredembarra fue detenido el 26 de junio de 2014, poco después de interponer una demanda contra Gasull, a quien reclamaba una indemnización por haberle acusado de corrupción. Esa detención, junto a la de otros cinco concejales, fue la primera de una serie de actuaciones que iban a causar sensación y a estremecer al sector político catalán.
Un año más tarde, en el mes de julio de 2015, Massagué era detenido nuevamente junto al empresario Jordi Sumarroca Claverol, integrante de una familia con fuertes vínculos con el clan de Jordi Pujol. También fueron detenidos Joaquim y Susana Sumarroca, tío y prima de Jordi.
Por si fuera poco, los Sumarroca habían dado empleo a varios hijos de Pujol y llegaron a firmar un contrato con Jordi Pujol Ferrusola, a quien le pagaban el 3,5% de las adjudicaciones (oficialmente, fuera de Cataluña) y el 5% sobre el margen bruto de los negocios. Otro de los detalles que no deben pasar inadvertidos es el de que el de Sumarroca (con las constructoras Teyco y Emte, la compañía General Lab o las consultoras Entorn y Codema) fue uno de los grupos empresariales más beneficiados con adjudicaciones públicas desde que Jordi Pujol comenzó a controlar el poder en Cataluña.
Hasta el final. Los investigadores pudieron deducir que el clan empresarial había pagado al alcalde 1,43 millones de euros a través de 7 sociedades. Pero lo más interesante fue un documento escaneado hallado en el ordenador del empresario, donde constaban las obras públicas realizadas durante dos meses de 2009 en Torredembarra, Lloret, Figueres, Sant Cugat y Sant Celoni y en una columna de al lado, el desglose del 3% de esas adjudicaciones, arrojando un total de más de 343.000 euros. Y una anotación a mano detallaba dos pagos de 50.000 euros de mayo de 2009. Fue suficiente para dar un nuevo impulso a la investigación. Una simple denuncia entre concejales, seguida con todas sus consecuencias por un juez primerizo de El Vendrell, había sacado a la luz el famoso 3% del que se llevaba hablando muchos años en la política catalana.
El juez no quiere protagonismo y en algunos círculos próximos a la judicatura catalana suenan campanas de que pronto puede cambiar de juzgado (los rumores apuntan a que ya hace tiempo que había solicitado el traslado a Barcelona), incluso antes de practicar más diligencias sobre el caso Torredembarra. Pero eso ya no depende de él. Ahora, si la petición está hecha, seguirá su curso normal. De ello dependerá que Josep Bosch Mitjavila termine o no el sumario.
UN TREINTEAÑERO ENTRE TIBURONES
“Sí, el juez está en la casa” o “el juez no va a hablar contigo”. Estas respuestas, evasivas y con media sonrisa, es lo máximo que sus compañeros están dispuestos a contestar a quien pregunta en los juzgados de El Vendrell sin motivo concreto por Josep Bosch. Forman parte de la estrategia de protección a un juez que a sus 30 años tiene entre manos la que es quizá la investigación judicial más importante de Cataluña de los últimos años y una de las principales causas de corrupción en toda España. Después de preguntar por él a la segunda persona, aparece una funcionaria de su juzgado. Le han dicho que hay alguien en la puerta que quiere hablar con el juez Bosch y ella baja para, amablemente, frustrar todo intento.
Sus compañeros le protegen pero, a pesar de ellos, está solo ante presiones políticas y, también, ante el acoso de los medios de comunicación.
En los juzgados de El Vendrell están acostumbrados a ver caras jóvenes con responsabilidad. No en vano uno de sus compañeros, el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 7, también es un juez en la treintena. Pero sí es excepcional que a un juez tan al inicio de su carrera le caiga un caso de tanta trascendencia.
El Vendrell dista 30 kilómetros de Tarragona. Si se va de una localidad a otra por la Costa Dorada, se atraviesa Torredembarra, un municipio plagado de torres de apartamentos frente al mar que es el inicio de la causa con la que Bosch ha terminado también desenmarañando el famoso 3% catalán.
Por la manera en la que los funcionarios hablan de él –“si quieres hablar con él por algo personal, le aviso por whatsapp”, dice una joven antes de saber que habla con una periodista–, el juez Bosch es una persona accesible. Tampoco aparenta ser retraído o estar achantado durante la comparecencia de algunos de los imputados en el caso que tiene entre manos, a tenor del desparpajo con el que se mueve entre sus secretarios judiciales, abogados e imputados por el caso Torredembarra –germen de la confirmación del pago de comisiones del 3% por parte de contratistas a CiU– durante la toma de declaraciones que tuvo lugar una mañana de octubre. Sin timidez pero sin aspavientos ya que, según uno de los imputados, el juez prefiere ir directo en los interrogatorios. “Se habla poco”, dice.
Sala de Vistas número 1 de los juzgados. Diligencias previas de un expediente del año 2013 que resulta ser el caso Torredembarra. El titular del Juzgado de Instrucción número 1, Josep Bosch, se encierra durante unas cuatro horas con una veintena de personas entre abogados e imputados. Salvo alguna otra joven presente en la sala, es notablemente más joven que sus funcionarios y los letrados e imputados. Esta mañana tomará declaración a tres. Uno de ellos es Francisco de la Torre, el jefe de la Guardia Urbana de l’Hospitalet del Llobregat, a quien Bosch imputó este verano por presuntamente haber participado en el amaño de un proceso de selección de cuatro funcionarios para trabajar en el Ayuntamiento de Torredembarra en 2009. Con esa declaración, termina su participación activa en la instrucción.
