Ya tenemos actualmete los ciudadanos la libre elección entre un sistema público gratuíto y un sistema privado al que se accede previo pago, al igual que en la educación.
El propiciar la entrada de capital privado en los servicios esenciales, dando prioridad a los amiguitos del régimen, me parece que tiene poco de libertad de elección.
El problema no es que la gestión sea pública, sino que los políticos (cual hidra de lerna) succionan con su multicefalia NUESTRO dinero por doquier.
Si esperamos que la gestión privada solucione el problema, podemos preguntárselo a Díaz Ferrán (a la sazón, otrora presidente de los empresarios), o a los bancos-cajas quebrados, o a las inmobiliarias-constructoras-aerolíneas-concesionarios de automóviles, o a las concesionarias de autopistas (estas últimas con un modelo similar al que se desea instalar en la sanidad).
Recordemos de nuevo que un funcionariado estable es una de las bases del control que se ejerce sobre el estado, independientemente del vaivén político; una vez reducida a la mínima expresión la función pública, el poco control que ésta pueda ejercer sobre la ansia de poder y control de la hidra de siete cabezas, desaparecerá.
Cuando se permite al sector privado que campe a sus anchas, no ha duda de que pensará exclusivamente en maximizar sus beneficios sin optimizar correctamente el servicio que se oferta a la población o pensar si ésta puede acceder a él, por los precios abusivos que la empresa exija por ellos acabarán convirtiéndolos en en servicios de lujo; pensar otra cosa es muy loable, pero digno de la bondad de los mundos de yupi.
