No hay plazos para cerrar la operación que debe recomponer la estructura accionarial de Talgo de la mano del empresario vasco José Jainaga (Sidenor), con el aval del Gobierno Vasco y otras instituciones, pendiente ahora de la renegociación de la deuda con los bancos.
A pesar de que algunas partes se habían marcado este lunes como fecha límite para cerrar la entrada, todo apunta a que habrá que esperar incluso a que pase el verano o, al menos, hasta que la junta general de la compañía ratifique las "complicadas" cuentas de 2024 y plantee previsiones para este año.
La oferta sigue en pie tal y como se acordó en febrero de este año, con 155 millones sobre la mesa para coger el 29,7% de la compañía, y el Gobierno español sigue confiando en que Sidenor tome el control, sin más alternativas, según confirman fuentes del Ministerio de Transportes
El problema está ahora en los detalles. Esa oferta supone pagar a 4,15 euros la acción de Talgo (cotiza a unos 3 euros), y contempla una posible ampliación a más de 4,8 euros en virtud de los resultados de estos dos últimos años.
Pero las cuentas de 2024, ya presentadas, presentan 108 millones de pérdidas por tener que provisionar parte de la multa de 116 millones impuesta por Renfe por los retrasos de los trenes Avril, a pesar de unos ingresos récord de 669 millones de euros.
Y en el primer trimestre de 2025 se acumulan otros 7,1 millones de números rojos, frente a los más de 10 de beneficio de un año antes, en un negocio que factura mucho a largo plazo, pero necesita financiación a medio y corto para hacer frente a los pedidos.
En esa tesitura, quienes necesitan ahora más garantías para acceder a financiar Talgo son los bancos, que soportan una deuda estimada en 400 millones. Frente a ello, cuenta con una cartera de pedidos de 4.200 millones de euros y un nuevo encargo por más de 2.000 con la alemana FlixTrain.
Si bien se ha logrado un acuerdo para aplazar el pago de la multa a Renfe en varios años, las entidades financieras necesitan más avales, que están en estudio y son posibles de la mano de los gobiernos central y vasco.
Es en ese contexto donde se enmarca la posible ayuda financiera de la SEPI, que se haría con un préstamo participativo pero sin entrar en los órganos de gestión, aunque los flecos de esa posibilidad todavía están pendientes de definir.
Polémica junta
Mientras eso se decide, los inversores buscan que los actuales gestores de Talgo, liderados por el fondo Trilantic, que es el que vende, den la cara en la junta general con unas cuentas que están en pérdidas por su gestión anterior.
La semana que viene se celebrará una junta extraordinaria para nombrar un nuevo consejero que sustituya al recientemente fallecido Emilio Novela, que era consejero coordinador y miembro de la comisión de auditoría.
Todo apunta a que en ese encuentro se decidirá la fecha de junta general ordinaria en la que se tienen que aprobar las cuentas, que no sería antes de las últimas semanas del mes de julio, es decir, en pleno verano.
Una cuestión clave del encuentro será el reparto del bonus a la compañía a los trabajadores, que está supeditado al logro de beneficios, cosa que no ocurre, a pesar de que los actuales gestores habían puesto la posibilidad sobre la mesa cargando las tintas contra la multa de Renfe.
Fuentes del mercado conocedoras de la operación aseguran que, una vez que todas las cuentas queden claras en la junta y se vean las opciones de salir adelante con los nuevos socios, sin el fondo Trilantic, se podrá cerrar definitivamente el 'culebrón'.
Otro problema es la pérdida de valor de la acción del fabricante de origen vasco. Desde el 14 de febrero, fecha en la que se firmó el preacuerdo entre el consorcio vasco liderado por Sidenor, los títulos de Talgo han caído más de un 21% llegando a mínimos de 2,7 euros.
