Estamos en plena organización de Ayuntamientos y Parlamentos autonómicos y, entre las primeras decisiones que hay que tomar, está la asignación económica que van a recibir los alcaldes, los diputados y los miembros de los equipos de gobierno. Lo habitual es que algunos servidores públicos aprovechen la coyuntura para subirse el sueldo pero en esta ocasión la noticia y la polémica han venido del Ayuntamiento de Barcelona: una insólita bajada que deja a Ada Colau con una remuneración simbólica en relación a la responsabilidad que asume.
Por otro lado, el asunto de los sueldos nos ha dejado a los cántabros un par de anécdotas dignas de reseñar. Una de ellas ha tenido como protagonistas a dos consejeros y un alto cargo del Gobierno, que han reclamado indemnizaciones por el perjuicio económico sufrido en relación a sus puestos de trabajo anteriores (funcionarios). Lo cierto es que tal pretensión era legal, dado que el Partido Popular lo había previsto así en una Ley de Presupuestos, pero el escándalo mediático ha sido tal que dos de los afectados han decidido renunciar a sus demandas y sólo la consejera de Justicia se ha mantenido firme, a pesar de que la diferencia ascendía sólo a 4.000 euros. La otra anécdota nos acaba de llegar de un ayuntamiento importante de la región, donde el ex alcalde, hoy portavoz de su grupo municipal, ha decidido renunciar a su asignación económica porque cobra más del desempleo y, además, puede compatibilizar la prestación con el cobro de dietas (en realidad no tengo claro que esto último sea posible, pero bueno…).
La casuística es amplia y variada pero con la que ha caído en la política española no entiendo por qué sigue habiendo tanta arbitrariedad en este tipo de situaciones. Mi postura es bastante clara: creo que los servidores públicos deben tener una remuneración digna acorde con su responsabilidad, de ahí que no puedo compartir la medida acordada por Ada Colau y otros. Por otro lado, las asignaciones de los altos cargos deberían constituir un techo salarial, teniendo en cuenta que el ejercicio de sus funciones requiere independencia, dedicación y, en muchos casos, un coste de oportunidad elevado, especialmente cuando hay cláusulas de incompatibilidad. Por no hablar de la sobreexposición mediática a la que se enfrentan todos los cargos públicos. Ya sabemos que hay gente con la cara muy dura y aguantan lo que les echen. Pero esta manera de funcionar no es muy apropiada para atraer talento y buenos profesionales a la cosa pública. En fin, ya veremos lo que piensan nuestros héroes cuando el pueblo se vuelva contra ellos. A ver si compensa o no compensa el esfuerzo realizado.
¿Qué opináis sobre el tema? ¿Qué se le puede exigir a un alcalde que apenas cobra el sueldo de un maestro de primaria? ¿Es posible establecer otros mecanismos de remuneración (complementos de productividad, por ejemplo)? ¿Merece la pena dedicarse a la política local? ¿Es justo para los ciudadanos que la política sea un refugio para los que no se han dedicado a otra cosa?
Tema ligerito para empezar el mes de julio. Que paséis buenas vacaciones –los que podáis- y a cuidarse mucho del caloret.
S2.
