La reforma del sistema de financiación autonómica
El sistema de financiación autonómica lleva tiempo pendiente de reforma con consenso y es un elemento clave en la Política Financiera, Tributaria y Social. El actual es bastante antiguo y revisable, se basa en la Ley 22/2009, aplicable a las Comunidades Autónomas de régimen común. Las directrices de este sistema de financiación autonómica son principios constitucionales de autonomía financiera, coordinación y solidaridad. El método es fundamentalmente la cesión de impuestos como IRPF e IVA, pero también de fondos y compensaciones adicionales en función de diversos criterios que conviene consensuar al máximo. El resultado que se pretende es garantizar la equidad y la suficiencia de los servicios públicos en las diversas comunidades autónomas y que tengan un similar nivel de prestaciones y calidad en todo el territorio.
En este contexto, el principio de ordinalidad sí que existe en Derecho Financiero y Tributario, aunque no es menos cierto que no está recogido en la Constitución, de manera que es un criterio que, buscando que las comunidades autónomas más ricas no terminen en el proceso con menos recursos per cápita, debe ser compatible con otros principios fundamentales de orden superior del sistema de financiación autonómica.
Llevamos ya meses y años con debates sobre todos estos aspectos y la elaboración de un nuevo sistema de financiación autonómica. Actualmente parece que podemos tener nuevo sistema a comienzos de 2026, si bien no parece que exista suficiente consenso y también falta información para valorar los datos que se conocen de lo que podría ser el nuevo sistema de financiación autonómica. Sí sabemos que en términos absolutos todas las comunidades autónomas ganan, pero eso no es suficientemente indicativo de que se cumplan los objetivos fundamentales del sistema de financiación autónomica, al menos para todas y cada una de sus comunidades autónomas.
Luis Ferruz Agudo / escritor, economista y naturalista
El sistema de financiación autonómica lleva tiempo pendiente de reforma con consenso y es un elemento clave en la Política Financiera, Tributaria y Social. El actual es bastante antiguo y revisable, se basa en la Ley 22/2009, aplicable a las Comunidades Autónomas de régimen común. Las directrices de este sistema de financiación autonómica son principios constitucionales de autonomía financiera, coordinación y solidaridad. El método es fundamentalmente la cesión de impuestos como IRPF e IVA, pero también de fondos y compensaciones adicionales en función de diversos criterios que conviene consensuar al máximo. El resultado que se pretende es garantizar la equidad y la suficiencia de los servicios públicos en las diversas comunidades autónomas y que tengan un similar nivel de prestaciones y calidad en todo el territorio.
En este contexto, el principio de ordinalidad sí que existe en Derecho Financiero y Tributario, aunque no es menos cierto que no está recogido en la Constitución, de manera que es un criterio que, buscando que las comunidades autónomas más ricas no terminen en el proceso con menos recursos per cápita, debe ser compatible con otros principios fundamentales de orden superior del sistema de financiación autonómica.
Llevamos ya meses y años con debates sobre todos estos aspectos y la elaboración de un nuevo sistema de financiación autonómica. Actualmente parece que podemos tener nuevo sistema a comienzos de 2026, si bien no parece que exista suficiente consenso y también falta información para valorar los datos que se conocen de lo que podría ser el nuevo sistema de financiación autonómica. Sí sabemos que en términos absolutos todas las comunidades autónomas ganan, pero eso no es suficientemente indicativo de que se cumplan los objetivos fundamentales del sistema de financiación autónomica, al menos para todas y cada una de sus comunidades autónomas.
Luis Ferruz Agudo / escritor, economista y naturalista
