La ley de Costas es una ley arbitraria, ambigua y vergonzosa que con total desprecio al principio de la irretroactividad de la ley y, como consecuencia, a la seguridad segurídica, es el cuerpo jurídico necesario que ampara la confiscación de propiedades completamente legales a capricho de la administración. Esta Ley ha sido hecha más por políticos que por funcionarios.
Efectivamete hay funcionarios que solo hacen lo que les mandan (a estos podríamos eximirlos de culpa) y hay otros que son los que dicen lo que hay que hacer.
Al final, y es lo que importa, se trata de que tienes una organización cuyos gastos materiales y cuyos salarios se pagan con tus impuestos y que se marca el objetivo de quitarte la propiedad de lo que adquiriste legalmente tras el pago de todos los impuestos asociados. Esta organización es la que traza la línea (y no un juez) y es la que te quita la propiedad. Y puedes pleitear, sí, pero es inútil, ya que previamente se han asegurado de que la Ley sea lo suficientemente abierta, flexible, arbitraria y retroactiva para amparar cualqier atropello que quieran cometer.
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