Leo entre la indignación y la estupefacción la entrevista a María Teresa Fernández de la Vega, Vicepresidenta del Gobierno del domingo pasado en El País; en concreto, la parte referida al tema que sirve de encabezamiento, es decir, la sanción al Juez que había condenado al pederasta que luego asesinó a una niña en Andalucía, que la entrevistada pide que se eleve hasta tres años de sanción. Según el texto publicado, la entrevistadora ya deja prejuzgado que el Juez permitió que el pederasta condenado continuase en libertad; que el Consejo del Poder Judicial "le rebajó la sanción"; y la Vicepresidenta exige sangre, una condena de tres años, sin justificar tal exigencia.
La Vicepresidenta antes de política fue juez ella misma, por lo que sabe perfectamente que antes de condenar hay que enjuiciar los hechos en todos sus aspectos, incluyendo las circunstancias personales del acusado. No hace tal cosa la ex-juez, ahora política, porque efectivamente ya no ejerce de juez, sino exclusivamente de política, y se quiere mostrar firme y segura en sus decisiones. En realidad, lo que hace es mostrar que se deja llevar por el viento de las peticiones más impulsivas de las víctimas y de los medios de comunicación de masas, sin querer entrar en las causas de que la tragedia haya ocurrido.
Otro tanto se puede decir del Ministro de Justicia, que en su momento también criticó la sanción por insuficiente e instó al Ministerio Fiscal a recurrirla. Y recordemos que el Ministro antes de político fue fiscal, por lo que lo dicho antes respecto a la Vicepresidenta vale también para él. No voy a decir nada del resto de políticos que se pronuncian en el reportaje de referencia, porque ya se sabe que es lo que hay y no se puede pedir más, pero del responsable del Ministerio sí cabía esperar algo más.
Ni la Vicepresidenta ni el Ministro quieren analizar las causas de que esto haya ocurrido porque saben, como antiguos juez y fiscal, que la culpa de que ocurran estas cosas no suele ser de los jueces, ni siquiera de los secretarios judiciales, sino de los gobiernos. Los jueces tienen que poner centenares de sentencias cada año y luego ejecutarlas (lo que muchas veces es más complicado que juzgar), además de otras muchas tareas de trámite, organización y burocracia. Y ello con unos medios materiales y personales muy limitados, cosa conocida por todos los gobiernos que se han sucedido en los años que llevamos de democracia, que han ido progresivamente mejorando esas condiciones aunque todavía estamos muy lejos de llegar a una situación que se pueda considerar buena.
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En concreto, para poder enjuiciar el caso del juez cuya cabeza piden la Vicepresidenta y el Ministro, sería bueno leer la entrevista a un miembro del Consejo del Poder Judicial que intervino en la resolución del expediente sancionador (advierto además que es un Juez independiente, no de la conservadora APM ni de la progresista JpD, por lo que se ha mantenido al margen de las polémicas que han caracterizado al último Consejo y que prometen mantenerse con el recién elegido) que se publicó en un diario asturiano recién publicada la sanción impuesta. Este Juez (al que conozco personalmente y cuyas opiniones y sentencias suelen ser especialmente mesuradas, prudentes y razonadas) expone los hechos tal como son: al Juez se le enjuicia no por lo que pasó a la niña, sino por su actuación en el expediente judicial; indica que en su Juzgado había retraso en las ejecutorias de sentencias, de lo que fue advertido por la inspección en febrero, el mes anterior al homicidio o asesinato de la niña; pero que ese Juez estaba poniendo un 40% y hasta un 50% más de sentencias de los módulos recomendados por el Consejo General del Poder Judicial, que no es poco. Señala también que los responsables de impulsar el procedimiento y tenerlo al día son el secretario judicial y los funcionarios, cosa que es cierta: quien dirige la oficina judicial es el Secretario.
Me parece razonable concluir que si un Juez que pone un 40% o un 50% más de las sentencias que debería dictar según los módulos aprobados por el CGPJ tiene retraso en su Juzgado, no es culpa suya, sino del sistema y de quien lo gobierna, de quien no pone los medios suficientes para que el Juez tenga una carga de trabajo llevadera: del Gobierno.
Y quiero señalar que en el orden jurisdiccional penal tiene una cuota de culpa especialmente elevada el Gobierno del PP, con Acebes de Ministro, que introdujo una modificación en el procedimiento que ha conducido a los Juzgados de instrucción y penales al caos: la invención de los juicios rápidos constituyó una medida populista para dar una imagen de que se actuaba con eficacia y dureza frente a la delincuencia, frente a la inseguridad ciudadana, cuando su efecto y es posible hasta su intención fuera otra muy distinta. El procedimiento de los juicios rápidos ha conducido a que los Juzgados tengan que dedicarse casi todo el tiempo a este tipo de procedimientos, que abarca normalmente los delitos de menor gravedad, con lo que la instrucción y enjuiciamiento del resto de delitos se retrasa aún más de lo que ya lo estaba. Es decir, como medida populista de aparente eficacia frente a la inseguridad ciudadana, se va a dedicar a los juzgados a perseguir a quien te roba un puñado de euros que lleves en la cartera, pero nos olvidamos de los delitos de cuello blanco que te roban el patrimonio, de los asaltos a viviendas, de las grandes estafas...
Voy a sacar la bola de cristal y adivinar lo que ocurrirá con la sanción impuesta al Juez Tirado: tras los recursos interpuestos por él mismo y por el Fiscal, el Pleno del CGPJ ratificará la sanción, o incluso la elevará; el Juez la recurrirá a los Tribunales, que enjuiciarán el caso según las reglas del Derecho, la Justicia y el sentido común, y no de la política y el populismo, y anularán la sanción.
La Vicepresidenta antes de política fue juez ella misma, por lo que sabe perfectamente que antes de condenar hay que enjuiciar los hechos en todos sus aspectos, incluyendo las circunstancias personales del acusado. No hace tal cosa la ex-juez, ahora política, porque efectivamente ya no ejerce de juez, sino exclusivamente de política, y se quiere mostrar firme y segura en sus decisiones. En realidad, lo que hace es mostrar que se deja llevar por el viento de las peticiones más impulsivas de las víctimas y de los medios de comunicación de masas, sin querer entrar en las causas de que la tragedia haya ocurrido.
Otro tanto se puede decir del Ministro de Justicia, que en su momento también criticó la sanción por insuficiente e instó al Ministerio Fiscal a recurrirla. Y recordemos que el Ministro antes de político fue fiscal, por lo que lo dicho antes respecto a la Vicepresidenta vale también para él. No voy a decir nada del resto de políticos que se pronuncian en el reportaje de referencia, porque ya se sabe que es lo que hay y no se puede pedir más, pero del responsable del Ministerio sí cabía esperar algo más.
Ni la Vicepresidenta ni el Ministro quieren analizar las causas de que esto haya ocurrido porque saben, como antiguos juez y fiscal, que la culpa de que ocurran estas cosas no suele ser de los jueces, ni siquiera de los secretarios judiciales, sino de los gobiernos. Los jueces tienen que poner centenares de sentencias cada año y luego ejecutarlas (lo que muchas veces es más complicado que juzgar), además de otras muchas tareas de trámite, organización y burocracia. Y ello con unos medios materiales y personales muy limitados, cosa conocida por todos los gobiernos que se han sucedido en los años que llevamos de democracia, que han ido progresivamente mejorando esas condiciones aunque todavía estamos muy lejos de llegar a una situación que se pueda considerar buena.
En concreto, para poder enjuiciar el caso del juez cuya cabeza piden la Vicepresidenta y el Ministro, sería bueno leer la entrevista a un miembro del Consejo del Poder Judicial que intervino en la resolución del expediente sancionador (advierto además que es un Juez independiente, no de la conservadora APM ni de la progresista JpD, por lo que se ha mantenido al margen de las polémicas que han caracterizado al último Consejo y que prometen mantenerse con el recién elegido) que se publicó en un diario asturiano recién publicada la sanción impuesta. Este Juez (al que conozco personalmente y cuyas opiniones y sentencias suelen ser especialmente mesuradas, prudentes y razonadas) expone los hechos tal como son: al Juez se le enjuicia no por lo que pasó a la niña, sino por su actuación en el expediente judicial; indica que en su Juzgado había retraso en las ejecutorias de sentencias, de lo que fue advertido por la inspección en febrero, el mes anterior al homicidio o asesinato de la niña; pero que ese Juez estaba poniendo un 40% y hasta un 50% más de sentencias de los módulos recomendados por el Consejo General del Poder Judicial, que no es poco. Señala también que los responsables de impulsar el procedimiento y tenerlo al día son el secretario judicial y los funcionarios, cosa que es cierta: quien dirige la oficina judicial es el Secretario.Me parece razonable concluir que si un Juez que pone un 40% o un 50% más de las sentencias que debería dictar según los módulos aprobados por el CGPJ tiene retraso en su Juzgado, no es culpa suya, sino del sistema y de quien lo gobierna, de quien no pone los medios suficientes para que el Juez tenga una carga de trabajo llevadera: del Gobierno.
Y quiero señalar que en el orden jurisdiccional penal tiene una cuota de culpa especialmente elevada el Gobierno del PP, con Acebes de Ministro, que introdujo una modificación en el procedimiento que ha conducido a los Juzgados de instrucción y penales al caos: la invención de los juicios rápidos constituyó una medida populista para dar una imagen de que se actuaba con eficacia y dureza frente a la delincuencia, frente a la inseguridad ciudadana, cuando su efecto y es posible hasta su intención fuera otra muy distinta. El procedimiento de los juicios rápidos ha conducido a que los Juzgados tengan que dedicarse casi todo el tiempo a este tipo de procedimientos, que abarca normalmente los delitos de menor gravedad, con lo que la instrucción y enjuiciamiento del resto de delitos se retrasa aún más de lo que ya lo estaba. Es decir, como medida populista de aparente eficacia frente a la inseguridad ciudadana, se va a dedicar a los juzgados a perseguir a quien te roba un puñado de euros que lleves en la cartera, pero nos olvidamos de los delitos de cuello blanco que te roban el patrimonio, de los asaltos a viviendas, de las grandes estafas...
Voy a sacar la bola de cristal y adivinar lo que ocurrirá con la sanción impuesta al Juez Tirado: tras los recursos interpuestos por él mismo y por el Fiscal, el Pleno del CGPJ ratificará la sanción, o incluso la elevará; el Juez la recurrirá a los Tribunales, que enjuiciarán el caso según las reglas del Derecho, la Justicia y el sentido común, y no de la política y el populismo, y anularán la sanción.
