Diario de Córdoba
LA ESTAFA DE LAS PREFERENTES
Antonio Hurtado Zurera. Diputado socialista, portavoz adjunto de Economía en el Congreso 03/05/2013
Toca a la Justicia poner las cosas en su sitio, ya que el Gobierno no está dispuesto a resarcir a los titulares de las preferentes y deuda subordinada. En estos momentos son más de 300.000 personas las que siguen atrapadas en estos híbridos, por importe de 8.000 millones de euros. La mayoría son clientes de Bankia, aproximadamente por 6.500 millones de euros.
La decisión del Gobierno ha sido obligarles a un canje por acciones, con una primera quita entre el 38% y el 61%, y una segunda quita, que se producirá cuando los titulares quieran vender sus acciones, en Bolsa en el caso de Bankia y al Fondo de Garantía de Depósitos en el caso de Novagalicia Banco y Catalunya Banc. La quita definitiva será del 80% para muchos de ellos, es decir que sólo van a recuperar un 20% del total de sus ahorros.
El Gobierno, a través de un Real Decreto Ley, ha establecido un arbitraje exprés, que ya ha comenzado, y que estará dirigido principalmente a los titulares de Bankia. Este arbitraje lo llevará a cabo el Instituto Nacional de Consumo y estará supervisado por una Comisión de Seguimiento que presidirá la Comisión Nacional del Mercado de Valores. A través de este arbitraje se prevé que un 15% de todos los engañados puedan recuperar sus ahorros, los casos más flagrantes. El 85% restante se verán abocados a acudir a la vía judicial si quieren recuperarlos. Es importante saber que en caso de que se acuda al arbitraje, se renuncia obligatoriamente a la vía judicial. Aproximadamente, unas 225.000 personas no van a recuperar sus ahorros y van a contribuir obligatoriamente al saneamiento de los mismos bancos que les engañaron al colocarle las preferentes.
Las sentencias judiciales individuales, que van cayendo gota a gota, están siendo favorables a los demandantes. Del análisis de estas sentencias podemos concluir que se ha producido una estafa estructural en la comercialización de estos productos financieros complejos.
En primer lugar, porque las preferentes obtienen unos rendimientos en función a los beneficios que obtenga el banco. En el caso de Bankia se ha demostrado que estos datos estaban falseados, hasta el punto que lo que en principio eran beneficios de 300 millones de euros, al final fueron pérdidas por 3.000 millones de euros. Es decir, que Bankia tenía falseados sus balances y sobrevalorados sus activos, al igual que el resto de entidades que han sido nacionalizadas. Por tanto, los inversores no han dispuesto de la información veraz, necesaria para poder asumir el riesgo que tienen estos productos.
En segundo lugar, también se ha producido una estafa en la comercialización, al colocarles estos productos a personas con perfil de ahorrador y no de inversor. La normativa vigente exige que la venta de preferentes se haga a personas que se consideren idóneas para adquirirlas, porque cuenten con conocimientos financieros suficientes para valorar lo que compran. Se colocaron, en la mayoría de los casos, entre personas de mayor edad, que confiaron en las recomendaciones de los empleados que siempre les atendieron en sus sucursales bancarias. Estas personas nunca supieron, hasta que fueron a recuperar sus ahorros, que las preferentes eran deuda perpetua, que no podrían recuperar a no ser que las pudieran vender a otros clientes.
Esta estafa estructural ha creado desconfianza en nuestro sistema financiero, tanto en nuestro país como en el exterior. Si queremos recuperar la confianza de nuestros ahorradores en los bancos, es necesario resarcir a los engañados en esta estafa y que los responsables rindan cuentas ante la justicia. En caso de no ser así, habremos dado un paso en falso, y no será una solución real y justa. Con las decisiones del Gobierno, sólo queda la vía judicial para reparar el enorme daño causado a personas sencillas y ahorradoras, que han sufrido un enorme desengaño.