El "gran pacto" de C,s con el PP explicado punto por punto
El acuerdo pergeñado por los negociadores del Partido Popular y Ciudadanos plantea no pocas reformas, algunas de calado, de carácter institucional, social y económico. Son más de cien medidas sobre el papel que, dada la situación de bloqueo que ya todos los partidos asumen, corren un claro riesgo de quedarse ahí, en el papel, para luego ser indefinidamente archivadas. Pero de momento, y mientras haya esperanza de investidura en torno al pacto, su contenido mantiene el mayor interés político. Estos son los puntos más importantes.
Los jueces nombran su gobierno
El pacto entre populares y Ciudadanos prevé una importante reforma en el sistema de elección de los 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Doce de los integrantes serían nombrados por los jueces y los otros ocho por el Congreso y el Senado, que en la actualidad los eligen a todos. Así, ahora cada Cámara designa a seis vocales entre jueces y magistrados y a otros cuatro entre juristas de “reconocida competencia”, en ambos casos por una mayoría cualificada de tres quintos. Y el presidente, que también lo es del Tribunal Supremo, es elegido por el pleno del CGPJ. El cambio en el modo de formar el órgano que gobierna la judicatura y nombra a los integrantes del Tribunal Supremo y los tribunales superiores autonómicos constituye la más relevante de las reformas institucionales incluidas en el acuerdo PP-C’s. En el pacto que suscribieron con los socialistas en febrero, Ciudadanos había apostado por elegir a los integrantes del CGPJ mediante convocatoria pública de las vacantes que cubrir y por instaurar evaluaciones de la competencia de los vocales a cargo de un comité profesional. El sistema por el que los representantes del PP y C’s optaron finalmente coincide con el que los populares propusieron en su programa del 2011 y el partido de Rivera, en el del 26-J.
Renta social y permisos por hijo
El acuerdo entre el primer y el cuarto partido del arco parlamentario resultante de los comicios de junio establece la creación de un complemento salarial para las personas con ingresos más bajos. La dotación se articularía a través de un “impuesto negativo” o cheque canjeable al hacer la declaración de la renta. Además y dentro también del capítulo social, el documento recoge un plan para igualar los permisos de maternidad y paternidad.
Elección directa de alcaldes
Los delegados de Mariano Rajoy y Albert Rivera acordaron impulsar una reforma de la ley electoral que permita la elección directa de los alcaldes. El pacto deja abierta la fórmula concreta de ese nombramiento directo. De entrada, el PP defiende un sistema de “primas” que otorgue la mayoría absoluta del pleno municipal –y por tanto la alcaldía– al partido que obtenga el mayor porcentaje de votos, con un mínimo del 40% y una diferencia respecto al segundo en las votaciones de al menos el 5%. Ciudadanos se inclina por dos urnas en las municipales: una para elegir al alcalde y otra para el resto de la corporación: lo más parecido a la segunda vuelta para los regidores que en distintos momentos (1998, el 2003 y el 2004) defendió el PSOE.
Coto a la amnistía fiscal
Uno de los logros más palpables pero también simbólicos de C’s es el compromiso arrancado al PP para recuperar el dinero que se perdonó en la última amnistía fiscal y que Ciudadanos cifra en 2.800 millones de euros. La previsión es “exigir el importe íntegro de la amnistía fiscal a los defraudadores” para destinar el dinero a educación, empleo y ayudas sociales.
Ahorros en la Administración
La negociación entre populares y C’s encalló durante tensas horas a cuenta de la reforma de las administraciones. Rivera y los suyos habían hecho bandera del objetivo de suprimir las diputaciones provinciales, y también reclamaron la eliminación del Senado. Pero el PP se plantó con una negativa rotunda. Y, a cambio, ofreció adelgazamientos y ahorros de gestión que “profundicen” las medidas de racionalización ya llevadas a cabo por el Ejecutivo de Rajoy. El vicesecretario de organización del PP, Fernando Martínez Maillo, justificó el rechazo de su partido a suprimir las diputaciones con el argumento de que estas son “esenciales para prestar servicios a 15 millones de españoles que viven en zonas rurales”.
Tres tipos de contrato
Otro ejemplo de transacción a partir de las demandas de Ciudadanos es el relativo a las relaciones laborales. El partido de Rivera quería sacar adelante su emblemático y polémico contrato único, que supondría el fin de los de carácter temporal pero supeditaría las indemnizaciones al tiempo de permanencia del trabajador en la empresa. Tampoco aquí cedieron los populares, que sin embargo aceptaron reducir los modelos de contratación a tres –temporal, indefinido y de formación–, en línea con lo que C’s pactó con el PSOE en febrero. El equipo de Ciudadanos pretende, con todo, vender este asunto como uno de sus grandes éxitos en la negociación, gracias a la previsión de penalizar la temporalidad y premiar la estabilidad laboral.
Rebajas en anticorrupción
Las conquistas de Ciudadanos en el pacto de investidura con el PP vienen a compensar en parte la suavización de las condiciones anticorrupción selladas como paso previo a la negociación de dicho acuerdo. La cesión más llamativa consistió en acotar la “corrupción política” –con efectos de cese obligado de cualquier cargo público estatal en caso de imputación– a los casos de prevaricación y malversación ligados a enriquecimiento personal o trama de financiación ilegal de partido. Rivera accedió además a retirar el nombre de Luis Bárcenas de la comisión que exigió formar en el Congreso para investigar las presuntas ilegalidades en las cuentas del PP. El líder de C’s propuso extender las medidas anticorrupción a “las instituciones municipales, autonómicas y provinciales”.