Anticorrupción se ha negado a facilitar estas diligencias a la Fiscalía Europea y el conflicto de competencias debe ser resuelto ahora por la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, tras escuchar a la Junta de Fiscales de Sala.
La Fiscalía Europea, cuya representante en España es Concepción Sabadell, fiscal de la Gürtel colocada por Pedro Sánchez ha solicitado avocar las diligencias a un procedimiento que «se ha abierto en su seno por malversación y fraude a los intereses de la Unión Europea, habida cuenta de que ese contrato se pagó con fondos Feder europeos y por tanto tienen competencia en esa materia”, subraya el escrito emitido por Europa.
Sin embargo,
Anticorrupción advierte de que no ve indicios de un delito de malversación en la investigación abierta porque
las mascarillas se pagaron y se entregaron. La misma postura adoptará la Junta de Fiscales de Sala. Fuentes consultadas por este periódico aseguran que
«la Fiscalía europea se está extralimitando de sus funciones porque no es competente para los hechos investigados en Anticorrupción». Añaden: «Es un criterio jurídico que defendemos la mayoría, si no conseguimos el lunes unanimidad estaremos muy cerca de hacerlo».
Europa no es competente para investigar estos delitos», sentencian fuentes de la investigación.
Las fuentes consultadas aseguran que los fiscales de Sala están convencidos de que recibirán el apoyo de Dolores Delgado y, por ende, la fiscal general del Estado se opondrá a enviar a Europa los documentos solicitados sobre la investigación contra el hermano de la presidenta madrileña.
Abocada al archivo
La diligencias de investigación sobre el contrato de mascarillas vinculado a Tomás Díaz Ayuso
terminará archivándose antes de agosto, plazo en el que se cumplirán los seis meses desde su apertura. Fuentes judiciales aseguran que «esta causa
no tiene recorrido judicial», sin embargo, el fiscal ha incoó las diligencias con el objetivo de esclarecer cualquier duda sobre la legalidad de las adjudicaciones a la empresa Priviet Sportive durante la pandemia del Covid-19 y, añaden,
«para que en le futuro no exista sospecha alguna sobre la gestión de Ayuso».
Con este propósito, el fiscal Luzón revisa toda la documentación aportada por los denunciantes –PSOE, Podemos y Más Madrid– hasta culminar la investigación. Una vez practicadas las diligencias oportunas decretará el archivo de las actuaciones porque «no existen indicios suficientes para judicializar la causa», según han manifestado a este periódico.
