PUJOL MINTIÓ: un escrito al Andbank desmonta su coartada de la herencia

La Guardia Civil ha detenido al administrador de CDC y de su fundación afín CatDem, acusado de mediar en el cobro de comisiones irregulares del 3% a cambio de adjudicaciones de obra pública, durante el registro de la sede central de Convergència. También ha sido detenido Josep Antoni Rosell, director general de Infraestructuras de la Generalitat y están registrando los ayuntamientos de Olot y Sant Fruitós de Bages, así como las empresas Urbaser, Rogasa, Copisa y el Grupo Soler.

Arrestado el comisionista de Pujol Ferrusola
G. GONZÁLEZ | J. RIBALAYGUE 0
La Audiencia sospecha que Xavier Tauler pagó 3 millones en comisiones a Pujol.

El juez Pedraz imputa a cuatro hijos de Jordi Pujol por corrupción
Atribuye a Oleguer, Jordi, Josep y Pere Pujol delitos de tráfico de influencias y falsedad documental.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que investiga los negocios irregulares de Oleguer Pujol, atribuye a éste y a tres de sus hermanos -Jordi, Josep y Pere- delitos de tráfico de influencias y falsedad documental por unos pagos sospechosos que les hizo el empresario José Manuel Sola.

El juez investiga estos pagos supuestamente ilícitos dentro de una pieza secreta que ha formado dentro de la causa en la que indaga siete operaciones inmobiliarias millonarias realizadas por sociedades vinculadas a Oleguer Pujol, hijo menor del expresidente catalán, han informado a Efe fuentes jurídicas.

Abrió esta pieza secreta a petición de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, que encontró irregularidades en el pago de 100.000 euros por parte de Sola a los cuatro hermanos Pujol sin que haya ningún negocio que justifique ese dinero, por lo que se sospecha que el dinero podría responder a comisiones.

El juez Pedraz está intentando averiguar de dónde proceden los fondos usados por Oleguer Pujol en varias operaciones inmobiliarias, así como el origen del dinero de su socio Luis Iglesias -yerno de Eduardo Zaplana-, aunque en el caso de este último los investigadores se decantan únicamente por la posible comisión de delitos fiscales.

En vista de los pagos por parte de Sola a los hermanos Pujol, la UDEF requirió al juez que practicara una serie de diligencias, aunque le reclamó que lo hiciera bajo secreto, una propuesta que apoyó la Fiscalía Anticorrupción y que ahora el juez ha acogido en un auto.

En la Audiencia Nacional, el juez José de la Mata ya instruye un caso relacionado con el origen de la fortuna de Jordi Pujol hijo y está pendiente de que una jueza de Barcelona decida si enviarle la causa que investiga sobre el matrimonio Pujol Ferrusola y tres de sus hijos -Marta, Mireia y Pere-, tal y como le ha solicitado la Fiscalía.

Según han indicado las mismas fuentes, ahora que el juez Pedraz ha encontrado conexiones entre los negocios de Oleguer y los de su hermano Jordi, lo más probable es que su causa acabe siendo investigada por el juzgado de De la Mata, de manera que este magistrado instruya en una causa todas las actuaciones presuntamente ilícitas de la familia Pujol.

Pedraz suspendió este verano la citación de Oleguer Pujol en espera de varios informes pendientes, después de que en octubre del año pasado se practicaran registros en su domicilio y en las sedes de las empresas investigadas en este procedimiento, abierto a raíz de una querella de Guanyem Barcelona y Podemos.

El magistrado investiga siete operaciones inmobiliarias sospechosas realizadas por sociedades vinculadas al hijo de Jordi Pujol, algunas mediante la empresa Drago Capital. A través de Drago y de sociedades creadas ex profeso para algunas operaciones, Oleguer Pujol y sus socios gestionaron activos como edificios comerciales, terrenos en Melilla, viviendas, centros turísticos y hoteles, 1.152 oficinas del Banco Santander y tres sedes del grupo Prisa.

http://www.libertaddigital.com/temas/familia-pujol-ferrusola/

http://www.libertaddigital.com/personajes/jordi-pujol/

Jordi Pujol Ferrusola tiene 20 millones en las firmas que recibían comisiones

La Audiencia Nacional apunta a cinco empresas administradas por el hijo del expresidente catalán

Son cinco compañías, y la mayoría de ellas estaban administradas por el matrimonio que conforman Jordi Pujol Ferrusola y María Merçé Gironés Riera. Las sociedades, todas ellas domiciliadas en una céntrica calle de Barcelona, suman un patrimonio neto de 20 millones de euros. El juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, señala que la pareja recibió a través de estas cinco sociedades comisiones procedentes de varios empresarios a cambio de adjudicaciones públicas entre los años 2004 y 2012.

Las mercantiles investigadas son Project Marketing Cat, Inter Rosario Port Services, Active Translation, Iniciatives Marketing i Inversions Iberoamericana de Business and Marketing. La empresa que más patrimonio acumula, según las últimas cuentas presentadas en el Registro Mercantil, es Iniciatives Marketing i Inversions, fundada en 1993 y cuyo objeto social, según consta en el Registro Mercantil, es la intermediación del comercio de productos varios.

La sociedad tiene 12,12 millones de euros de patrimonio y unos activos de 2,31 millones. Aunque los ingresos de la compañía no han superado los 450.000 euros en los últimos años y, de hecho, en 2012 sólo facturó 54.900 euros, la empresa llegó a tener un beneficio de 8,92 millones de euros en 2008, un año objeto de investigación por parte de la Audiencia Nacional.

Época de crecimiento
La firma Project Marketing Cat también vivió sus días de rosas a mitad de la década de los 2000. Fundada en 2001 y dedicada al "comercio de productos diversos", la mercantil llegó a ingresar más de dos millones de euros en 2011, periodo en el que obtuvo unos beneficios de 1,4 millones de euros. Según las últimas cuentas presentadas, que pertenecen a 2012, la compañía mantenía un patrimonio de 2,85 millones de euros. Pero aún hay una tercera sociedad con un patrimonio mayor. Se trata de Inter Rosario Port Services.

Creada también en el año 2001 y centrada en el transporte marítimo, la firma pasó de tener un patrimonio neto en números rojos en el ejercicio de 2011 a tener 4,07 millones de euros al año siguiente. Las empresas con menos patrimonio son Active Translation e Iberoamericana de Business and Marketing. Entre las dos no llegan a los 100.000 euros.

La familia Sumarroca, propietaria de la constructora Teyco y de un 30 % de Comsa, admitió este verano el pago de comisiones a la familia Pujol Ferrusola. De acuerdo con un escrito presentado por la defensa de Carles Sumarroca Claverol, hijo del patriarca del clan y uno de los hombres fuertes del mismo, la constructora Emte, de la que son propietarios, pagó una comisión de 585.000 euros a Jordi Pujol Ferrusola a través de una empresa investigada por blanqueo de capitales por asesorarle en un contrato con Radio France. El magistrado De la Mata acusa ahora a Pujol Ferrusola y su mujer de cobro de comisiones ilegales y blanqueo de capitales.

Por su parte, otro juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha abierto una pieza separada secreta en la que investiga por delitos de corrupción y falsedad documental a Oleguer Pujol Ferrusola y sus hermanos Jordi, Josep y Pere, todos ellos hijos del expresidente de la Generalitat de Cataluña Jordi Pujol, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

Las nuevas pesquisas, impulsadas por la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) del Cuerpo Nacional de Policía, tienen como origen el sumario en el que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 investiga el patrimonio y las actividades económicas de Oleguer Pujol.

En esta nueva investigación, el juez rastrea varios pagos de más de 100.000 euros que habrían recibido los cuatro hermanos de parte del empresario José Manuel Solà y que se habrían camuflado con facturas falsas por trabajos de asesoría no prestados. Oleguer Pujol está imputado en el procedimiento principal por fraude fiscal y blanqueo de capitales junto a su exsocio en la firma Drago Capital Luis Iglesias. El juez les citó a declarar los pasados días 14 y 15 de julio, aunque pospuso sin fecha las comparecencias a la espera de recibir varios informes de la Udef y de Hacienda.

Prisión para el tesorero de CDC, Andreu Viloca
El magistrado del Juzgado de Instrucción número 1 de El Vendrell (Tarragona), Josep Bosch, decretó ayer prisión sin fianza para el tesorero de CDC, Andreu Viloca, por los supuestos pagos ilegales a la formación que lidera Artur Mas a cambio de adjudicaciones de obra pública. La medida fue solicitada por la Fiscalía Anticorrupción y persigue evitar la destrucción de pruebas. El ingreso en la cárcel se ha solicitado por plazo limitado, lo que significa que podría salir en un tiempo breve tras desaparecer el peligro de destrucción de pruebas.

El juez atribuye a Viloca un total de seis delitos relacionados con la corrupción que son cohecho, prevaricación, financiación ilegal de partidos políticos, falsedad en documento, alteración de precios en concursos o subastas públicas y blanqueo de capitales. La Fiscalía dejó en libertad al secretario del patronato de la fundación Catdem y exgerente de CDC, Carles del Pozo, y a una administrativa del partido. Ambos también fueron detenidos en el marco de la 'operación Petrum'.

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Reunión de Mas con Pujol el miércoles

Otro de los asuntos vidriosos que salió a colación fue la reunión entre Pujol y Mas el pasado miércoles, antes de los registros y las detenciones, una noticia publicada por Economía Digital. Ese extremo fue puesto sobre la mesa por el Partido Popular y el todavía presidente catalán lo confirmó visiblemente alterado.

"He visto a Jordi Pujol varias veces. Le volveré a ver. ¿Y qué?". Y se ha preguntado: "¿Es que hay alguien que me siga para saber con quién me veo?", respondió Mas.

Las pruebas se acumulan en contra de Artur Mas, aspirante a la reelección como presidente de la Generalidad. El 3% se confirma con documentos y pruebas indestructibles. Caen detenidos los tesoreros y funcionarios del partido, el más alto preboste de "Infraestructures de Catalunya", la empresa pública que adjudica la obra pública, o el marido de la comisaria de Transparencia de la Generalidad, Núria Bassols, magistrada en excedencia del TSJC y juez que archivó entre otros los casos Adigsa o Casinos. El marido, exalcalde convergente, presidía una empresa que aparecía constantemente en los contratos y adjudicaciones de la Generalidad.

A semejante panorama de putrefacción se une la circunstancia de que Artur Mas se jacta de mantener contactos frecuentes con el expresidente Pujol, autor confeso de la ocultación de una fortuna al fisco. Cuatro de los hijos biológicos de Pujol están imputados en la Audiencia Nacional y los otros tres en un juzgado de Barcelona por todos los delitos que caracterizan la corrupción política. Y su hijo político, Artur Mas, afronta un proceso por desobediencia en un TSJC que su partido tiene infiltrado y es más que probable que acabe teniendo que dar cuentas de las irregulares y disparatadas finanzas de su partido y las fundaciones que cuelgan, todas ellas beneficiarias del "impuesto" del 3% para trabajar en Cataluña.

Mas no sólo ha confirmado que el mismo día, miércoles, que la Guardia Civil, por mandato judicial y en presencia de los fiscales anticorrupción, detenían a su tesorero en CDC, Andreu Viloca, se reunió con Pujol sino que le ha tratado de "president" y ha mostrado un deje de soberbia al decir que no era la primera vez y que no tiene que dar explicaciones de con quién se reúne y con quién no y de lo que habla. El encuentro, uno de tantos, según Mas el cuarto o el quinto desde la confesión de Pujol, hace poco más de un año, se produjo antes de que la Guardia Civil irrumpiera en la sede convergente con el actual tesorero, Andreu Viloca, detenido. A las nueve de la mañana, Jordi Pujol entraba en un domicilio de la calle Avenir, en la zona alta de Barcelona, propiedad de un exconsejero de Banca Catalana. Minutos después lo hacía Artur Mas con un gran despliegue de escoltas que alertó a los vecinos, acostumbrados a las visitas de Pujol al inmueble pero no a las de Mas y sus escoltas.

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Según Mas, eso ocurrió a las nueve de la mañana y las diez y cuarto le avisaban de lo que estaba sucediendo en el partido por lo que, afirmó, decidió abandonar la reunión. Se negó a aportar más datos. Sólo dijo que no tenía que dar cuenta de sus reuniones privadas aunque hablara de política. Ese detalle del encuentro con Pujol marcó parte de la comparecencia en el parlamento regional de Mas para explicar las implicaciones de su partido y de la Generalidad en el método 3%. Mientras negaba que hubiera corrupción, prometía luchar contra la corrupción en la nueva "república catalana"; mientras abrazaba la tolerancia cero con la corrupción se reunía con el símbolo de la corrupción en Cataluña. Y no una, sino cuatro o cinco veces, según confesó.

En el plano de fondo, la idea de que si Cataluña consigue convertirse en un "estado catalán independiente en forma de república", tal como han pactado con la CUP para comenzar a hablar, la idea de que será la "justicia catalana" la que tenga la competencia para condenar a Mas por el referéndum ilegal y por la corrupción generalidad, el método tres por ciento.

Mas volvió a protagonizar un espectáculo parlamentario a cuenta de su nueva comparecencia a cuenta de la corrupción. Dijo que se sentía aludido por la extensión del sumario a la Generalidad como consecuencia de la detención del responsable de "Infraestructures de Catalunya" en el marco de la tercera fase de la operación judicial Petrum.

Volvió a escudarse en que La Razón había publicado hace unas semanas que después del 27-S habría detenciones relacionadas con los registros en CDC y varios ayuntamientos convergentes del 28 de agosto. Esa información es a la que se aferra Mas para denunciar que las operaciones contra su partido se filtran a los medios para convertirlas en espectáculos y que además coinciden con fechas claves del proceso. El 28 de agosto se presentaba "Junts pel Sí", recordó. Y el pasado miércoles, cuando comenzaron las detenciones y hubo nuevos registros, era el día en que firmó el decreto de constitución de la cámara catalana para el próximo lunes. Todas las jornadas son claves e históricas para Mas, cuya investidura está ahora mismo en el aire. La CUP insiste en que no aceptará un candidato con la mochila de la corrupción a sus espaldas. En ERC cunden las dudas sobre la reedición del pacto con CDC para las generales mientras Mas se defiende cada vez con menos convicción y más groserías.

Un informante de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción ha entregado esta semana a los investigadores del caso Petrum una caja fuerte con documentos que comprometen al Govern en las supuestas comisiones del 3%.La caja estaba en manos de un colaborador de Josep Antoni Rosell, director general de infraestructuras de la Generalitat y uno de los 10 detenidos el pasado miércoles. Fue el propio alto cargo del Govern quien entregó la caja fuerte a una persona de confianza para que la ocultara. El registro del miércoles en las oficinas del ente gestor de obras públicas -Infraestructures.cat- empujó al informante a entregar «voluntariamente» la documentación, según fuentes conocedoras del caso.El contenido al completo de la caja fuerte todavía está siendo analizado por la Fiscalía Anticorrupción. Lo conocido hasta ayer por los fiscales José Grinda y Fernando Bermejo, no obstante, les llevó ya a pedir al juez que decretara prisión sin fianza para Rosell. Josep_Bosch Mitjavila, titular del juzgado de Instrucción número 1 de El_Vendrell (Tarragona), determinó finalmente que fuera puesto en libertad con cargos y se le retirara el pasaporte para evitar que salga de España.
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Fuentes del caso aseguraron a este diario que, hasta que se conozca el contenido total de los archivos y su relación con la supuesta trama de las comisiones del 3%, el mero hecho de que el alto cargo del Govern tratara de esconder la caja de seguridad abre la puerta a acusarle de ocultación de pruebas. La entrega de los archivos de Rosell a la Guardia Civil no fue el único fruto inesperado que obtuvieron los investigadores del caso Petrum a raíz de los 20 registros y 11 detenciones que se hicieron el miércoles. Varias personas aprovecharon el despliegue para sumarse de forma voluntaria e incorporar nuevas denuncias.Es el caso concreto de un cargo técnico intermedio de Infraestructures.cat, quien aprovechó la entrada de los policías en el edificio situado en la calle Vergós, en el distrito de Sarrià, para denunciar el amaño en la adjudicación de concursos de la Generalitat a empresas señaladas por sus superiores. El trabajador, con años de experiencia en la gestión de obras públicas, se dirigió directamente a dos de los agentes de la Guardia Civil que realizaban el registro del ente. Ante ellos desgranó cómo se realizaban modificaciones técnicas dictadas, entre otros altos cargos, por el propio Josep Antoni Rosell. En su declaración ante los agentes, el técnico admitió haber recibido «instrucciones» para modificar criterios de valoración en concursos públicos vinculados con canalizaciones. De esta forma, según explicitó, se «facilita» que ofertas presentadas por empresas concretas obtengan adjudicaciones en juego. Una forma de actuar que atribuyó a dos de sus supervisores. Entre ellos el director general de Infraestructures.El papel del tesorero de CDC, Andreu Viloca, en la supuesta trama entre empresarios y la formación nacionalista es el otro gran eje sobre el que se sustenta el 'caso Petrum'. Anticorrupción considera demostrado que el administrador del partido era quien establecía reuniones con los empresarios de la construcción. En ellas era cuando, supuestamente, reclamaba las mordidas por el 3% de las adjudicaciones de obra pública de las que se beneficiaban las constructoras. Los pagos se realizaban a través de donaciones legales que se inyectaban en la Fundació CatDem, de la cual también es administrador Andreu Viloca. Las fechas y los motivos de las citas entre el tesorero y los directivos de Tec 4, Rogasa, Oproler, Urbaser, Grup Soler y Copisa están plasmadas entre los más de 9.000 correos electrónicos que la Guardia Civil encontró en el ordenador del tesorero durante el primer registro que se hizo en la sede central de CDC, el 28 de agosto. El cruce de datos entre las fechas en las que se cerraron las reuniones -algunas de ellas celebradas en la sede de CatDem- y las adjudicaciones que lograron algunas de las empresas son las que motivaron, parcialmente, que se llevaran a cabo las detenciones del pasado miércoles. El supuesto papel de Viloca como mediador en el pago de las comisiones entre las empresas, la Fundació CatDem y CDC es, precisamente, el que le convierte en el único de los 12 detenidos que permanece en prisión sin fianza, acusado de blanqueo de capitales, entre otros delitos. Su antecesor en el cargo, Daniel Osàcar, fue ayer puesto en libertad con cargos después de ser llevado por la Guardia Civil ante el juez Bosch. Con problemas de salud debido a su avanzada edad, 84 años, Osàcar no fue arrestado hasta ayer por la mañana en su domicilio. Desde ahí acudió directamente hasta el juzgado de El Vendrell donde, como el resto de detenidos, se negó a declarar a la espera de que se levante el secreto de sumario del caso. Osàcar se encuentra ya imputado en el Caso Palau acusado de haber mediado para que la constructora Ferrovial inyectara fondos irregulares en CDC a través de falsas donaciones al Palau de la Música. Su imputación en la causa fue, precisamente, la que llevó al partido a apartarle del cargo en 2010. Ese año asumió la administración del partido el ahora encarcelado Viloca.El juez decretó también para Osàcar la retirada del pasaporte. Una medida que se aplicó al resto de implicados en el caso, a excepción del empresario Sergio Lerma, para quien se dictó una fianza de 50.000 euros. Todos deben presentarse en el juzgado una vez al mes.

CATALUÑAFinanciación irregular
Empleados de la Generalitat reconocen cadenas de amaños

Un exsocio del exministro de Economía Rodrigo Rato ha metido a cuatro de los siete hijos del expresidente catalán Jordi Pujol, sin buscarlo, en un nuevo embrollo judicial. La Audiencia Nacional abrió la semana pasada una investigación por delitos graves (corrupción, falsedad documental) contra Josep, Jordi, Pere y Oleguer Pujol Ferrusola a propósito de un negocio menor; una “chapuza” a la que se prestaron para que Josep pudiera cobrar una deuda al exsocio de Rato, el empresario hotelero José Manuel Solà.

El último lío de los Pujol arranca en un paraje idílico: Nin de Beret, la zona más lujosa de la estación de esquí de Baqueira-Beret, en el Pirineo catalán. Josep Pujol poseía una participación de 12.000 euros (declarada a Hacienda) en la empresa Hotel Xalet Bassibé, que gestionaba un hotel de cuatro estrellas del mismo nombre y de la que es propietario Solà. En 2007, un inversor de Zaragoza compró el hotel por siete millones y Josep decidió liquidar sus relaciones con el exsocio de Rato. Este último acabó pagando al hijo de los Pujol 98.000 euros: 73.000 euros de beneficios por la venta del hotel y, el resto (25.000), como devolución de un préstamo hecho por una empresa de Josep Pujol (MT Tahat).

Solà “impuso sus condiciones” sobre la forma de pago, según fuentes cercanas a la defensa de los Pujol: pidió a Josep que le emitiera no una, sino varias facturas desde otras tantas empresas, y que las remitiera además no a Xalet Bassibé, sino a otra empresa de su propiedad, Bagernorte. El exsocio de Rato “llegó a imponer los conceptos de cada factura”, dicen las mismas fuentes. Con ese “ardid”, agregan, logró pagar menos impuestos, aunque se trata de beneficios fiscales “insignificantes”. La defensa, en cualquier caso, cree que los hechos “son inocuos desde un punto de vista jurídico-penal”.

Josep se plegó a la propuesta para cobrar y emitió una factura por “asesorar” en la búsqueda de comprador para el hotel. Aunque hizo algunas gestiones, lo cierto es que en ningún caso justificaban los casi 68.000 euros que recibió. Para recuperar el resto del dinero, Josep pensó en sus hermanos. Recordó que su empresa, MT Tahat, gestionaba desde 2005 acciones en General Lab para él y para Jordi, Pere y Oleguer. Dedicada a los análisis clínicos, General Lab estaba controlada entonces por la familia Sumarroca, próxima a los Pujol y a Convergència (CDC) y en el epicentro de varios escándalos de corrupción.

El 3 de mayo de 2007, en cualquier caso, la empresa repartió dividendos por las 500 participaciones de MT Tahat. Josep tenía que pagar a sus hermanos. Y les planteó que cobraran a través de Bagernorte, la empresa de Solà. Para hacerlo, les pidió que emitieran una factura de 15.468 euros cada uno de ellos. En esos documentos se detallaban, de nuevo, supuestas asesorías inmobiliarias y medioambientales que, por supuesto, ninguno de los Pujol realizó.

La trampa habría quedado sin más de no ser porque la Policía halló el rastro de esas facturas en el ordenador de Drago Capital durante los registros por la causa abierta contra Oleguer Pujol, el benjamín de la familia. Los agentes concluyeron que esos trabajos están injustificados y el juez Santiago Pedraz investiga ahora a los cuatro Pujol para conocer el origen del dinero.

La idea de invertir en General Lab, por cierto, había partido del primogénito, Jordi Pujol Ferrusola (alias Júnior), que tenía contactos con Carles Sumarroca. Este último está imputado por la Audiencia Nacional por el supuesto pago de comisiones ilegales a Júnior. Otro Sumarroca, Jordi, lo está también por el caso 3%: la empresa Teyco pagó, supuestamente, comisiones a CDC bajo la forma de donaciones a cambio de obra pública. El negocio en General Lab no les ha ido mal a los Pujol: el mes pasado, Jordi, Josep y Oleguer recibieron 1,7 millones de dividendos.