La espiral de endeudamiento privado se inicia en 1998, y alcanza el cénit en 2008, once años más tarde. Un análisis por gestión política divide el periodo en dos periplos similares de seis años, y se detecta un crecimiento cada vez más acelerado de la deuda a media que avanzan las fechas. Así, mientras en la etapa de Aznar la deuda de las empresas no financieras y de las familias se duplica, en la primera legislatura de Zapatero ambas variables vuelven a duplicarse sobre lo duplicado.
En el caso de las empresas pasa de los 260.000 millones de euros en 1998 a 569.894 millones de euros en 2003, según los datos del Banco de España; y solo en los cuatro años siguientes alcanza los 1,213 billones de euros. Cada uno de los años de gestión de Aznar avanza a tasas del 14,8%, y en la de Zapatero llega al 20,06%. La partida de crédito a las familias pasa de 205.909 millones en 1998 a los 448.723 millones al finalizar 2003; pero hasta el año 2008 vuelve a duplicarse y supera los 911.000 millones de euros.
Aunque en ambas administraciones debieron ponerse medios para frenar el avance del crédito, ninguna lo hizo. La primera, la de Aznar, porque creía que los datos no eran alarmantes en comparación con el PIB, y porque vivía embriagada en las ínfulas regeneradoras del país, que a expensas de sus políticas había “abandonado la esquina de la historia” y había superado el pesimista fantasma que un siglo antes, en 1898, “había ensombrecido el horizonte de los españoles”.
Y la segunda, la de Zapatero, porque, aunque renegaba de la política de Aznar-Rato y simulaba buscar un modelo de crecimiento alternativo, la practicaba con entusiasmo y “no quería aguar la fiesta a los españoles parando la música”. De hecho, ya en un delirio quijotesco y desmedido, hasta Zapatero, y solo Zapatero, se creyó su propia mentira de que “si hemos superado la renta per cápita de Italia, superaremos la de Alemania”.
Herramientas, que no convicción, tenían para parar la música. Si el BCE permitía un crecimiento del crédito del 25%, como era el caso en 2005, el Gobierno podía subir los impuestos para neutralizar el apetito inversor desenfrenado. Nadie lo hizo cuando era su trabajo para contrarrestar los daños de la política monetaria procíclica de Francfurt con España, y todos prefirieron mirar para el Banco de España y sus ilustres gobernadores, con los ineficaces blindajes de la ley de autonomía.
Estos, que apuntaron los problemas cuando surgían, y que sabían como nadie que se trataba de una burbuja crediticia que había convertido a la vivienda en activo financiero con el que especular, ahorraron la acción escudados en que había un sistema poderoso de provisiones que convertía al sistema financiero en algo casi indestructible primero, y en que la política les impedía corregir las sangrías en las instituciones más vulnerables y más arrojadas, que eran las cajas de ahorros, después.
Pero desde luego por lo que todos los políticos, del PP y del PSOE, fueron cómplices del mal uso de las facilidades de crédito fue por sus negligencias en el nombramiento de gestores en las cajas de ahorros y en su protección ante los controles del supervisor. Dos ejemplos: Caja Castilla La Mancha quebró porque los políticos socialistas de la región protegieron a los gestores y a su revelada incapacidad para gestionar un banco; y Aznar hizo más daño a la economía española colocando presidente de Caja Madrid a su íntimo Miguel Blesa, de reconocida incompetencia como banquero, que liberalizando el suelo para que la expansión de la construcción residencial rompiese los límites que tenía desde los tiempos de los romanos.