Más de 200 cargos públicos en activo o retirados conservan su sillón de consejero en las antiguas entidades de cr
Médicos, químicos, agricultores, pedagogos, filósofos, filólogos y, sobre todo, políticos. Los sillones de las 34 cajas de ahorro que aún persisten en el amenazado sistema financiero español están faltos de gestores profesionales y rebosantes de cargos públicos. Políticos banqueros que, en ocasiones, compaginan el trabajo de consejero en estas entidades con el de alcalde de municipios que no superan los 5.000 habitantes. En otros casos, este puesto de mando es sólo el recuerdo del cargo electo que en su día desempeñaron a nivel local, autonómico, nacional e incluso europeo.
Los últimos informes de gobierno corporativo publicados por las cajas de ahorro, referidos a los ejercicios 2010 y 2011, desvelan que más de 200 políticos ejercen aún de consejeros en estas entidades. La cifra se dispara si, además, se tiene en cuenta el número de ellos que es miembro de la asamblea general que estas sociedades celebran de forma ordinaria una vez al año.
El reciente rescate de Bankia -inmersa en un proceso de nacionalización tras descubrirse un agujero de 3.500 millones de euros en su matriz BFA- vuelve a poner en el punto de mira a la mastodóntica estructura de estas entidades y su escasa profesionalización. Algunas, como Caja Madrid, conservan asambleas compuestas por casi 350 integrantes -de los cuales un tercio son elegidos por ayuntamientos y el parlamento regional- y consejos de administración de más de 20 miembros. La madrileña no es una excepción. Otras como Novacaixagalicia -resultado de las fusiones de Caixanova y Caixa Galicia-, Cajastur o Caja España-Duero presumen de órganos consultivos de un tamaño similar.
Así es el enorme y oxidado esqueleto de las antiguas cajas de ahorro, cuya función se limita ahora a la gestión de la obra social de la entidad o de su patrimonio tras haber traspasado todo su negocio financiero a los bancos en los que se han ido integrando durante los últimos años. «Se trata de estructuras obsoletas y totalmente desproporcionadas en la actualidad. Está claro que sobran gerentes», apuntan fuentes financieras. El Gobierno, consciente de la situación, ha decidido meter la tijera en la estructura corporativa de las cajas, ordenando, a través de su última reforma financiera, la reducción del número de consejeros y de los gastos operativos, que «dificultan la capacidad de competir de estas entidades».
Esta partida, no obstante, varía según el tamaño de la entidad de ahorro. En la mencionada Caja Madrid la retribución total del consejo en 2011 ascendió a 1,6 millones de euros, a repartir entre 22 directivos, entre los que se encuentran, por ejemplo, la ex concejal popular en el Ayuntamiento capitalino, Mercedes de la Merced (336.000 euros por su pertenencia también al consejo del Banco Financiero y de Ahorros, matriz de Bankia); el diputado de IU en la Asamblea regional José Antonio Moral Santín (278.000 euros por ser a su vez directivo de Bankia), o la diputada socialista Enedina Álvarez Gayol (106.000 euros). Estos sueldos responden a «casos excepcionales», según las propias cajas, que sitúan la retribución media de sus consejeros «en torno a 15.000 euros».
Sin embargo, no es raro ver retribuciones que multiplican esta cifra. Éste es el caso del ex presidente del Gobierno Foral de Navarra Juan Cruz Alli Aranguren, que ganó en 2011 un total de 61.272 euros como dirigente de Caja Navarra, integrada ahora en Banca Cívica, a su vez absorbida por Caixabank. También en el consejo de CajaSol, otra de las cuatro entidades que participan en Cívica, hay políticos bien remunerados como el diputado socialista José Luis Ros Maored, que ingresó 111.930 euros en 2011.
La mayoría de estos políticos banqueros pertenece a uno de los dos partidos mayoritarios, PP y PSOE, aunque también hay representantes de IU u otras fuerzas regionalistas. Esto se debe al gran peso de estos partidos en los ayuntamientos y Cortes regionales, entes encargados de designar a casi la mitad de los consejeros en algunas entidades.
Estos nombramientos se realizan en ocasiones mediante pactos entre populares y socialistas. De esta forma ambos partidos eligieron a Antonio Jara Andréu para presidir Caja Granada, actualmente integrada en Banco Mare Nostrum. Jara, ex alcalde la ciudad granadina por el PSOE entre los años 1979 y 1991, obtuvo en 2011 una remuneración total de 245.000 euros por su cargo en la caja y su puesto de vicepresidente segundo en el banco.
Otro ejemplo de asamblea general convertida en parlamento es el de Caja España-Duero. Esta entidad cuenta con un órgano asambleario de 319 miembros -elegidos 102 por ayuntamientos y otros 48 por las Cortes de Castilla y León- y un consejo de administración de 34 integrantes. En este ente directivo confluyen ediles de las principales ciudades de la región (León, Salamanca, Soria, Zamora, Palencia, Valladolid...), antiguos consejeros autonómicos, presidentes de diputación y hasta eurodiputados como Encarnación Redondo Jiménez, representante del PP en el Parlamento de Bruselas.
La retribución media de un consejero en esta caja asciende a unos 24.000 euros. Esta cifra no es del todo exacta ya que muchos de éstos, vinculados al PSOE o al partido regional Unión del Pueblo Leonés, se han negado a cumplir la orden del Banco de España que obliga a publicar los honorarios de directivos de aquellas entidades que hayan recibido ayudas públicas. Esta sociedad, concretamente, recibió 525 millones del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) para impulsar la fusión de las cajas leonesa y salmantina.
La representación política también se extiende a Unicaja, entidad con la que España-Duero ha aprobado recientemente fusionar su negocio financiero. La sociedad andaluza está presidida por Braulio Medel, que en su día fue viceconsejero de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía. Le acompañan Manuel Atencia Robledo, ex senador y diputado popular en el Congreso, o Marisa Bustinduy Barrero, diputada socialista en la Junta de Andalucía, de profesión pedagoga.
Asimismo, en las cajas también hay hueco para políticos locales que ejercen de alcaldes en pequeños municipios. Un ejemplo es Javier Caínzos, consejero de Novacaixagalicia (26.900 euros) y alcalde del concello gallego de Curtis, de menos de 5.000 habitantes.
La ineficiencia en la gestión ha llevado a la quiebra a entidades como la Caja de Ahorros del Mediterráneo, ahora intervenida y controlada por el Estado. En estos casos el Ejecutivo ha limpiado los órganos de gobierno y ha instaurado sus propios gestores.
Pero los políticos no son los únicos que ejercen de directivos en las cajas de ahorro. De hecho, las cúpulas de estas entidades también están llenas de delegados sindicales, en representación de los empleados, u otros miembros elegidos por entidades culturales que, en la mayoría de casos, no dispone de formación económica o financiera. Cargos que, no obstante, salen caros para las propias cajas, que sólo durante 2011 destinaron más de 3 millones de euros a pagar la nómina de sus consejeros sindicales.